"FACTOR DETERMINANTE"

En el año electoral, el gobierno argentino intenta mejorar los números.

La crisis económica ha venido empujando hacia abajo los niveles de aprobación al gobierno de Mauricio Macri en Argentina desde comienzos del año pasado. En medio de una dura recesión, una inflación que acumuló 47,6% en 2018 -la más alta desde 1991- y un desplome superior al 10% del salario real privado, el promedio de las encuestas de opinión indica que cerca del 90% de los argentinos cree que la situación económica del país es peor que la de un año atrás. A fines de 2017, esa percepción negativa alcanzaba al 45% de la población.

No obstante, aún en ese contexto pesimista, los primeros sondeos con vistas a las elecciones presidenciales del 27 de octubre muestran a Macri con una intención de voto cercana al 30%, caudal que, según las consultoras de opinión, podría crecer en los próximos meses si la economía no sufre nuevos cimbronazos.

Abandonada ya la expectativa de que la economía impulse las chances electorales del oficialismo, el gobierno espera que, al menos, no se convierta en un ancla pesada en los próximos meses.

Más aún si se tiene en cuenta que el 51,3% de los argentinos considera a la situación económica como el factor determinante para definir su voto, muy por delante de asuntos como la lucha contra la corrupción y la inseguridad, según un relevamiento de Synopsis Consultores realizado en enero.

“El gobierno juega una carrera contrarreloj. Concentró todos los aumentos de las tarifas de los servicios públicos en el primer trimestre del año con el objetivo que la economía empiece a mostrar alguna mejora a partir del segundo trimestre, ya lanzada la campaña electoral. Para lograrlo, el gobierno hará lo imposible para mantener la paz cambiaria lograda en los últimos meses”, dijo a El País Juan Lezica, economista de la consultora ACM, en Buenos Aires.

En Argentina hay consenso en que una nueva corrida cambiaria minaría casi en forma definitiva las chances de reelección de Macri. Ante eso, la Casa Rosada confía en que el duro programa monetario impuesto por el Banco Central será suficiente para mantener bajo control el precio de la divisa estadounidense durante los meses de la campaña electoral.

Además, en caso de ser necesario, el gobierno tiene una carta fuerte para jugar. Como el Tesoro cuenta con un monto de dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que exceden las necesidades de pago de deuda en moneda extranjera de los próximos meses, podría volcar al mercado a partir de abril entre US$ 6.000 millones y US$ 11.000 millones para cumplir con sus obligaciones en pesos.

“Con el acuerdo con el FMI se cerró prácticamente el programa financiero para 2019 y mucho de la inestabilidad vivida el año pasado estuvo relacionado con dudas en torno a la sustentabilidad de la deuda en el corto y mediano plazo. Ese riesgo ya no está, el tipo de cambio se corrigió y a eso se suma que habrá una mayor oferta de divisas: sin sequía, la cosecha de soja aumentará un 40% y la de maíz, casi el 25%”, dijo a El País Nicolás Alonzo, coordinador de economistas del estudio Orlando Ferreres & Asociados, en Buenos Aires.

Con una mayor disponibilidad de dólares, el gobierno apuesta a que, sin nuevos saltos bruscos de la moneda estadounidense, la inflación continúe desacelerándose hasta alcanzar en el segundo trimestre niveles en torno al 2% mensual.

“Esperamos una caída de 20 puntos porcentuales de la inflación con respecto a 2018. En ese marco, proyectamos un crecimiento del consumo a partir de marzo, cuando empiecen a revisarse los acuerdos paritarios”, señaló Alonzo.

A eso se sumaría una parcial recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones. Como la fórmula de actualización de esos haberes se ajusta por inflación con seis meses de rezago, las jubilaciones aumentarán un 23,3% en el primer semestre. La misma fórmula alcanza a los 3,9 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

No obstante, más allá de la proyectada mejora en los ingresos, los salarios no lograrán recuperar este año la fuerte pérdida sufrida en 2018.

Con eso, el consumo privado, que representa el 70% de la demanda interna en Argentina, estará lejos de convertirse en un impulso para la actividad económica. Tampoco lo será la obra pública, el sector más afectado por el compromiso pactado con el FMI para alcanzar este año el equilibrio fiscal primario.

En ese marco, los principales motores de la economía argentina en 2019 provendrán de una cosecha agrícola un 25% superior a la del año pasado y un alza de las exportaciones, principalmente las destinadas a Brasil. La pregunta del millón es si la tenue recuperación esperada, que no abarcará a todos los sectores, alcanzará para mejorar el humor social.

“La economía llegará a las primarias de agosto y a las generales de octubre con una desaceleración de la inflación y tranquilidad cambiaria, pero esas mejoras no se notarán mucho en la calle. A partir del tercer trimestre habrá un rebote, pero será más que nada estadístico porque la comparación se hará contra los peores meses de la crisis de 2018. En el mejor de los casos, si los pronósticos se cumplen, la economía estará lejos de impulsar al gobierno en la carrera electoral, pero, al menos, no será una carga tan pesada como se preveía hace unos meses”, dijo Lezica.