Simplificado, con menores costos y con límites para pequeños ahorristas.

Los operadores y el regulador —Banco Central (BCU)— están interesados en fomentar al mercado de valores como método de financiamiento para pequeñas y medianas empresas (Pymes). Para ello, ayer el BCU presentó un proyecto para simplificar la emisión de oferta pública que reduce las exigencias, costos y documentación que deben presentar los interesados en recibir fondos.

Al exponer en la Jornada "Desafíos para los mercados de valores", el intendente de Regulación Financiera del BCU, José Antonio Licandro, dijo que las Pymes no figuran como emisores en el mercado de valores aunque reconoció que algunas empresas de mediano porte reciben financiamiento "de un mercado en las sombras".

Se trata de la oferta privada, en donde los corredores de bolsa y agentes ofrecen el negocio directamente a sus clientes sin que dicha transacción cotice en ninguna bolsa, lo que impide la regulación y el control del BCU. Este método es utilizado por algunas compañías para recibir fondos debido a que estructurar una emisión pública es costoso y lleva tiempo.

Cuando en junio pasado el BCU a través de una circular comunicó que toda emisión mayor a 25 inversores sería considerada como oferta pública, agentes del mercado habían dicho a El País que era imprescindible simplificar los requisitos para las emisiones.

Licandro señaló que esa regulación "más estricta" será complementada con una iniciativa que busca "crear condiciones para que las Pymes tengan un acceso real al mercado de valores haciendo foco en la reducción de costos". El proyecto ya fue delineado por el BCU, pero aclaró que se tomarán en cuenta las recomendaciones de los operadores del mercado.

"El público objetivo" de la nueva normativa serán las empresas con ventas anuales entre 2 millones de Unidades Indexadas (UI) y 75 millones de UI —entre US$ 245.743 y US$ 9.215.380 a la cotización de hoy—, explicó el intendente de Regulación Financiera del BCU.

El proyecto establece que estas firmas podrán realizar emisiones sin exigencias como contar con un Comité de Auditoría y Vigilancia —para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá modificar un decreto— ni tener que presentar el informe de revisión limitada de estados contables semestral, aunque sí se les exigirá el reporte anual.

Licandro también anunció que el BCU elevará el tope de capital que obliga a las empresas a que más del 50% de su directorio u órganos de administración sean no ejecutivos para poder emitir. Actualmente el monto límite es 15 millones de UI (US$ 1.843.076) y se subirá a 25 millones de UI (US$ 3.071.793). "Las Pymes quedarán dentro de ese rango y no van a requerir ese porcentaje de directores que significaba un costo a pagar para acceder al mercado de capitales", dijo.

Además, el BCU les facilitará a las firmas interesadas en financiarse a través del mercado de valores "modelos estándar para presentar ante la Superintendencia para el proceso de autorización" de la emisión.

Mientras que al tratarse de un régimen especial de emisión, el intendente de Regulación Financiera explicó que "pensamos que tenemos que limitar el acceso desde el punto de vista de los inversores, sobre todo los minoristas que tienen más dificultad para entender qué están comprando y hacer un seguimiento de la empresa que están financiando".

Informó que se podrán reparos a las personas físicas y jurídicas que quieran intervenir en estos negocios. Se les exigirá que ya manejen activos financieros, sumado a que las personas físicas deberán presentar una declaración jurada con una antigüedad no mayor a tres meses y las personas jurídicas deberán presentar su resultado contable.

Además, en ambos casos les requerirán una manifestación expresa de que conocen que el valor está emitido bajo un régimen especial. "Con eso tratamos de asegurarnos que los inversores están bien alertados", señaló el funcionario del BCU.

Tras la presentación del proyecto, el gerente general de la Bolsa de Valores de Montevideo, Marcelo Oten, y su par de la Bolsa Electrónica de Valores, Eduardo Barbieri, apoyaron los cambios y se comprometieron a ayudar para su concreción.

El Banco Central (BCU) autorizó la emisión de certificados de participación del "Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I", por el valor nominal de 2.800 millones de Unidades Indexadas (UI), es decir unos US$ 344 millones a hoy.

Es la primera vez en Uruguay que un organismo multilateral como la CAF- Banco de Desarrollo, realiza una emisión en el mercado de capitales para financiar infraestructura. De hecho, el organismo pone un monto de US$ 50 millones y luego se emiten títulos de participación que podrán ser adquiridos por inversores institucionales y pequeños ahorristas.

De hecho, el año pasado durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el ministro de Economía, Danilo Astori planteó a la Corporación Financiera Internacional (CFI, organismo para el sector privado del Banco Mundial) que en obras que se realicen bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP) "colabore conformando fondos de inversión donde el multilateral coloca una semilla" como la CAF, según había señalado a El País.

Ayer, Astori tras participar en una jornada sobre mercado de capitales, dijo que "en un ambicioso programa de infraestructura como tiene Uruguay, las PPP deben jugar un papel muy importante y un buen funcionamiento del mercado de valores es un respaldo financiero importantísimo para estimular al sector privado a participar de esta experiencia". Agregó que "Uruguay ha comprendido las características de esta modalidad, lo ha hecho ya desde el gobierno anterior, hoy lo está poniendo en práctica, tiene un resultado concreto y va por otros". Señaló además, que percibe "un interés creciente" de los privados en esta materia.

MATHÍAS DA SILVA

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