ANÁLISIS FINANCIERO

Mantener la salud financiera de las empresas ha sido una de las principales preocupaciones del gobierno desde que la pandemia de coronavirus irrumpió en el país, y para ello requiere al sector financiero como puntal.

En un evento organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) llamado “Instrumentos financieros frente a la crisis”, un panel -integrado por el socio de CPA Ferrere, Bruno Gili; la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Carmen Sánchez; el ex presidente del Banco Central (BCU), Julio de Brun y el director de riesgos del banco Itaú, Fernando Barrán-, debatió sobre la situación del sistema financiero y qué tan preparado está para enfrentar la pandemia.

Según los especialistas, el sistema financiero uruguayo actual es sólido, tiene un alto grado de liquidez y niveles de patrimonio razonables que redundan en una buena capacidad para enfrentar la crisis sanitaria.

En este sentido, Julio de Brun indicó que el hecho de que hubiera una situación previa a la pandemia de baja morosidad y amplia cobertura en materia de previsiones, “le da cierta flexibilidad” al sistema bancario en este contexto. “No teníamos un sistema bancario tensionado” cuando irrumpió la pandemia en Uruguay, señaló.

No obstante, el ex presidente del BCU manifestó que es clave pensar que la evolución del sistema “depende en buena medida de cuál es la intensidad y la duración de los efectos de la pandemia”.

Sobre este punto, dijo que si los efectos por la emergencia sanitaria son transitorios, “no habría demasiados impactos” sobre el sistema financiero uruguayo. Empero si las consecuencias negativas se prolongan más allá de tres o cuatro trimestres, “posiblemente” pueda empezar a haber “alguna insuficiencia en lo que respecta a las respuestas que puede ofrecer el sistema financiero frente a esta coyuntura”, y planteó que ahí se debería introducir algún “cambio de reglas” o instrumento financiero.

En relación a las medidas que se podrían evaluar para el diseño de nuevos instrumentos financieros, Gili planteó que hay cuatro conjuntos a tener en cuenta. El primero referido a los fondos de garantía y a la posibilidad de creación de fideicomisos de garantías con fondos público y/o privados. En segundo lugar, políticas públicas que se centren en fortalecer o apalancar la salida de la situación en Uruguay. Como tercer punto, planteó la posibilidad de fondos de inversión, de deuda corporativa, de infraestructura, o de otros sectores que sean estratégicos y donde puedan participar fondos internacionales. Y por último, evaluó la posibilidad de que se realicen cambios normativos, fiscales o legales en el mercado financiero para poder “acompasar la normativa con el tratamiento contable”.

En este sentido, Gili indicó que hay un “problema de forma” en ver “cuál es el impacto efectivo que va a tener la crisis sobre la capacidad de las empresas de pagar sus créditos, cómo repercute eso en el sistema financiero y cómo se asumiría ese costo”.

La presidenta de la ANDE explicó las medidas implementadas con el fin de preservar el crédito: el seguro -préstamo sin intereses- y el subsidio -no reembolsable- por cese por actividad, el programa de crédito dirigido y la línea Emergencia del Sistema Nacional de Garantías (SiGa Emergencia).

Además, manifestó que la institución trabaja en la elaboración de “SiGa Corporate”, un fondo específico para dar garantías de crédito a empresas más grandes y otra línea que contemplará la liquidez para empresas informales.

En relación a los resultados hasta el momento, la ANDE informó ayer que durante mayo se otorgaron 11.407 seguros por cese de actividad (préstamos blando), 1.817 créditos dirigidos otorgados (en este caso se implementa a través de las instituciones de microfinanzas y ANDE subsidia parte de la tasa de interés) y 3.554 garantías dadas por SiGa Emergencia (a través de instituciones de microfinanzas y los bancos de plaza).

Para Sánchez, el subsidio por cese de actividad tiene un “éxito asegurado”, reconoció “problemas de diseño” en el seguro por cese de actividad y en relación a SiGa Emergencia dijo que “es un instrumento que se está potenciando y que va a continuar potenciándose”.

Por último, Barrán enfatizó que los bancos uruguayos “tienen al día de hoy un nivel de capital y solvencia patrimonial” que los habilitaría a crecer en otorgamiento de créditos “sin ningún tipo de problemas”.

En este sentido, explicó que el sistema financiero uruguayo presta más pesos que los depósitos que recibe y -dado que esos depósitos tienen exigencia de encajes (porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el BCU)-, los depósitos netos de los encajes “son significativamente menores” a los créditos que los bancos dan en pesos.

No obstante, al inicio de la crisis sanitaria, el regulador habilitó que los encajes pudieran disminuirse en la medida en que los fondos liberados fueran aplicados a dar créditos, por lo que eso “dejó de ser una restricción que podía ser de oferta de moneda nacional”, señaló Barrán. El ejecutivo de Itaú añadió que esto, sumado al “exceso de liquidez” que los bancos tienen en moneda extranjera, lleva a concluir que “no habría ninguna restricción para el otorgamiento de créditos desde el punto de vista de la liquidez” bancaria.