La competitividad refiere a la capacidad que tiene una empresa o país para obtener rentabilidad frente a sus competidores. Una empresa o sector productivo será más competitivo si logra producir más a un menor costo.

En tal sentido, todos los factores que inciden en los costos afectan a la competitividad, desde el precio de las materias primas, los insumos, el costo laboral y la cotización del dólar. No menos importante es la forma en la que el empresario combina los factores de producción (capital y trabajo) y las innovaciones tecnológicas que incorpora, o sea el nivel de productividad, en la búsqueda de la mayor rentabilidad posible.

Detrás de los factores que inciden en la competitividad de las empresas está el accionar del Estado. Por su propio peso específico —el gasto consolidado del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) alcanzó al 31,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el último año— tiene naturalmente una incidencia muy grande en el funcionamiento de la sociedad.

La forma como interviene en la economía, los estímulos o desestímulos que otorga, los servicios que ofrece, la infraestructura existente y su financiamiento son variables tan importantes, que terminan delineando la estructura productiva del país.

En estos momentos el gobierno está en las etapas previas de elaboración de la próxima Rendición de Cuentas. La preocupación principal es el abatimiento del abultado déficit que en el último año se situó en el 4% del PIB. Desde el gobierno se habla de prudencia en el gasto hacia el futuro y algunos sectores reclaman mayores impuestos. No hay nada oficial aún, salvo manifestaciones del presidente Tabaré Vázquez sobre mayores gastos en educación, cuidados y seguridad.

Sea cual sea el resultado, lo cierto es que el gasto público será mayor al actual. A la corta o a la larga ello requerirá mayores ingresos para financiarlo. En el corto plazo pueden provenir de endeudamiento, pero ello no es sostenible a lo largo del tiempo. Si la economía no repunta a su tendencia de largo plazo, el camino no es otro que un nuevo ajuste fiscal.

Al representar aproximadamente un tercio de la economía, el sector público tiene una incidencia muy grande en la estructura de precios relativos de la misma, el denominado tipo de cambio real.

El tipo de cambio real es una variable que compara la evolución de los precios transables y no transables en una economía.

Como todo precio relativo está estrechamente relacionado con la asignación de los recursos entre los sectores. Aquellos que tengan una evolución favorable a lo largo del tiempo serán quienes reciban las mayores inversiones y sobre quienes recaerá el dinamismo de la economía.

Si el tipo de cambio real es alto significa que los sectores transables son más rentables; si es bajo los no transables son los que lideran.

Para una economía pequeña y abierta como la uruguaya intuitivamente parece claro que la mejor situación es aquella en la que los sectores transables sean los más dinámicos.

En caso contrario serían las actividades volcadas al mercado interno las que liderarían, situación que en poco tiempo se vería frenada por el reducido tamaño del mercado interno.

El gasto público en Uruguay tiene un gran sesgo no transable. Exactamente la mitad corresponde al pago de salarios y pasividades. Más de siete puntos del PIB corresponden a transferencias al BPS, donde sobresale el gasto en el seguro de salud (Fonasa), donde el componente de remuneraciones es muy importante.

Añadiendo otros gastos concluimos que el 70% del gasto público está relacionado con retribuciones y pasividades.

Ese gasto, que desde el punto de vista del perceptor es un ingreso, se vuelca al mercado, afectando los precios de los distintos bienes y servicios de acuerdo a los comportamientos de oferta y demanda y las posibilidades de importar en caso de aumentos desmedidos. Es así que los precios de los bienes y servicios transables evolucionan con el precio internacional y el tipo de cambio, mientras que los no transables lo hacen con el salario.

Si bien no existe en nuestro país indicadores de precios transables y no transables, se puede llegar a una aproximación de ellos descomponiendo la canasta del Índice de Precios del Consumo (IPC).

En dicha canasta ambos tipos de bienes y servicios tiene una ponderación similar, en el entorno al 40%. El restante 20% corresponde a precios administrados que en los hechos son no transables. Es de destacar el caso de las tarifas de las empresas públicas que no se fijan en función de costos, sino por criterios de recaudación, afectando así la competitividad.

En base a este criterio constatamos que los precios no transables aumentaron 25% por encima de los transables, por lo que el valor del dólar debería aumentar en ese porcentaje para llevar la competitividad a valores de equilibrio.

El sector empresarial enfrenta problemas de competitividad para colocar su producción en los mercados internacionales. La estructura del gasto público no lo ayuda.

La falta de infraestructura adecuada está pasando factura. Los costos asociados son altos y su solución se pone como condición indispensable el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Ante la falta de recursos genuinos para hacerlo las autoridades han priorizado la búsqueda de inversores que permitan llevar a cabo las obras necesarias.

En momentos en que se empieza a elaborar la Rendición de Cuentas parecería que lo más adecuado es acotar el incremento del gasto no transable y evaluar la pertinencia de muchos de los programas vigentes de manera de ir dejando espacio a la inversión y fundamentalmente al mantenimiento, lo que ayudaría a revertir el deterioro del tipo de cambio real, mejorando la competitividad de la producción nacional.

HORACIO BAFICO - GUSTAVO MICHELIN

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