La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo ayer que su gobierno está comprometido a llevar adelante un ajuste fiscal pero remarcó que no sacrificará los programas sociales para equilibrar las cuentas públicas.
"El gobierno sabe que el ajuste es fundamental para Brasil, pero eso no significa que no se van a mantener las políticas sociales", dijo Rousseff tras extender por otros cuatro años una fórmula generosa para calcular los incrementos del salario mínimo.
"El mejor ejemplo es que hoy estamos enviando al Congreso legislación para incrementar el valor del salario mínimo", agregó. El gobierno de Rousseff ha adoptado impopulares medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal de Brasil y salvar el codiciado grado de inversión de las agencias calificadoras.
Las medidas, que incluyen aumentos de impuestos y reglas más estrictas para acceder a beneficios de desempleo y pensiones, han encontrado oposición de los aliados de la propia Rousseff en el Congreso y hasta en el Partido de los Trabajadores al que pertenece. Standard & Poors mantuvo el lunes la calificación crediticia de Brasil a largo plazo en moneda extranjera en "BBB-", pese al difícil escenario para el país.
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