Una de las cargas más pesadas que heredará el gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo en Argentina es el fuerte déficit de las cuentas públicas.

Con un rojo fiscal que equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) —si no se contabilizan las transferencias extraordinarias al Tesoro del Banco Central y de la administradora de los fondos de jubilados—, los candidatos presidenciales con posibilidades de suceder a Cristina Kirchner saben que será difícil esquivar un ajuste del gasto público en los años siguientes.

No obstante, a contramano del discurso oficial que suele ligar el incremento del gasto registrado en los últimos años solo con la expansión de los planes sociales, economistas señalan que hay un amplio margen para usar la tijera en los cuantiosos subsidios que vienen recibiendo los sectores de mayores ingresos.

"El Estado en Argentina le saca a los pobres vía inflación para favorecer a los segmentos medios y altos. Un ejemplo: los subsidios que recibe una familia de clase media alta para mantener congeladas sus tarifas de electricidad y gas equivalen al cobro mensual de entre cinco y seis planes de Asignación Universal por Hijo (AUH)", dijo a El País el economista Alieto Guadagni, exsecretario de Energía de Argentina. El monto de la AUH es de unos US$ 75 al mes y la cobertura alcanza a 3,5 millones de niños y adolescentes.

La estrategia de congelamiento de las tarifas, implementada en 2002 como medida extraordinaria para mitigar los efectos sociales tras el estallido de la crisis económica, se volvió crónica y los servicios de electricidad y gas, sobre todo en Buenos Aires y sus alrededores, prácticamente no registraron aumentos desde entonces.

Según Guadagni, los residentes de la capital pagan por la electricidad 20 veces menos que en Uruguay.

El problema de sostener esa distorsión es que las compensaciones que debe hacer el estado a los concesionarios privados por la pérdida de rentabilidad se llevan una porción cada vez mayor del presupuesto. De hecho, los subsidios a la energía y al transporte como porcentaje del PIB se multiplicaron por cinco entre 2006 y 2014. Solo el año pasado sumaron más de US$ 20.000 millones, un gasto equivalente al 5,5% del PIB.

Para los especialistas, el esfuerzo fiscal está lejos de redundar en una mejor distribución del ingreso. "Los subsidios a las tarifas de electricidad y gas, y, en menor medida, al transporte son profundamente inequitativos: mientras un 30% es captado por el 20% de la población de mayores ingresos, el 20% de menores ingresos solo se apropia del 13%", señaló a El País Lucio Castro, director del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Si bien el congelamiento de las tarifas para quienes están en condiciones de pagar más por la electricidad y el gas aparece como la inequidad más evidente, el Estado argentino también subsidia por otras vías a sectores de alto poder adquisitivo. "Los subsidios al transporte aerocomercial son particularmente injustos ya que cerca del 70% se destinan a los sectores más ricos de la población", dijo Castro. El año pasado, el déficit de la estatal Aerolíneas Argentinas rondó los US$ 400 millones.

"El problema es que ese déficit no es el resultado de interconectar al país por volar a la Patagonia o a Tucumán, sino básicamente por las pérdidas que se registran en tres rutas internacionales: Miami, Madrid y Roma", señaló Guadagni.

En todo caso, las tarifas aéreas no representan la única ayuda para los argentinos que viajan afuera de su país. El llamado dólar turista, que surge del valor del dólar oficial más el 35% de recargo por las compras con tarjeta de crédito en el exterior, también representa un subsidio implícito. El dólar blue se ha mantenido en torno a los 13 pesos argentinos en los últimos meses y aún está por arriba de los 11,80 pesos argentinos del dólar turista. Si se multiplica la diferencia entre los dos tipos de cambio por el consumo promedio superior a los US$ 300 millones mensuales con tarjeta de crédito, el subsidio implícito al año es de US$ 540 millones.

Más allá de planes exitosos como la AUH y la significativa ampliación de la cobertura previsional, tanto el déficit de las cuentas públicas como la caída de las reservas del Banco Central durante los últimos años en Argentina fueron impulsados en buena parte por subsidios fiscales y cambiarios destinados a sectores medios y altos. "El actual esquema es doblemente regresivo: además de que una porción relevante de los subsidios van a sectores de ingresos medios y altos, el desequilibrio fiscal generado por el incremento de esas partidas termina impulsando a la inflación, lo que afecta en mayor medida a los más humildes", dijo Castro.

Los “porteños” pagan 20 veces menos la electricidad que los uruguayosGustavo Stok