LAS MUJERES, LAS MÁS BENEFICIADAS

Un estudio lo cuantifica en casi US$ 2.000 millones entre 2009 y 2016.

En 2008 se aprobó una ley que flexibilizó varios requisitos para jubilarse. Eso permitió incrementar entre 31% y 40% el acceso a las pasividades —dependiendo el modelo utilizado, significa entre 58.306 y 73.637 altas más— y representó un gasto extra respecto al escenario anterior de entre 45% y 52% del gasto en seguridad social, reveló un trabajo del Centro de Estudios Fiscales (CEF).

El conjunto de cambios normativos implementados hace casi una década surgieron del Diálogo Social sobre Seguridad Social (2007) y tuvieron el apoyo de todos los partidos políticos, en el entendido que las condiciones de acceso a la jubilación vigentes desde la reforma de 1996 (que creó el régimen mixto con las AFAP) eran difíciles de alcanzar para un buen sector de trabajadores.

Por eso, los investigadores Martín Lavalleja y Victoria Tenenbaum analizaron "los efectos de estas medidas sobre el acceso a la seguridad social, en la temporalidad de ese acceso, y sobre las cuentas fiscales", tomando como base registros administrativos del Banco de Previsión Social (BPS).

En primer lugar, analizan quiénes se hubieran jubilado igual bajo los requisitos de la ley anterior y entre los que no, se simulan dos escenarios: que el trabajador se mantiene inactivo hasta alcanzar alguna de las causales jubilatorias con el paso del tiempo —se evalúa cada año si cumple el requisito de edad y años de trabajo (incluyendo los años de testigos documentados)— y el otro es que la persona continúa activa (siempre que registrara actividad en los seis meses anteriores a su alta jubilatoria) incrementando sus años de servicio.

Así detectaron que el 53% de aquellos que lograron jubilarse por causal común tras la flexibilización "lo hubieran logrado con la ley anterior en el mismo año". Sin embargo, del total de trabajadores que accedió a una pasividad por el causal edad avanzada solamente hubieran podido hacerlo 38% sin los cambios normativos, ya que en este universo "predominan las mujeres (oscilan cada año entre 60% y 70% del total que no podrían jubilarse), que son las que se benefician por el cómputo de años de servicio por hijos".

Acerca de esto último, el trabajo agrega que "cerca del 70% de los hombres que se jubilaron por la nueva ley lograría retirarse igual por jubilación común sin (los cambios), en el caso de las mujeres esa cifra es de 40% en el promedio del período". Un dato destacado del análisis por sector de actividad, es que solo el 18% de las jubiladas por trabajo doméstico podrían haberlo hecho sin la flexibilización.

Para llegar al gasto que significó para el Estado los cambios normativos, se tomaron los dos escenarios mencionados antes, con supuesto tales como que "se calcula el monto jubilatorio a partir del sueldo básico jubilatorio (el promedio salarial de los últimos 10 años de servicio o los mejores 20 años)" y que "en caso de no alcanzar una jubilación bajo ninguna causal y cumplir los requisitos de edad (70 años) se asigna una pensión a la vejez y se calcula ese costo". A su vez, los montos de las pasividades son actualizados cada año por el Índice Medio de Salarios (IMS).

De esta forma, se concluyó que entre 2009 y 2016 para el escenario en que los implicados solo aumentan su edad "se alcanzarían un 40% menos de altas (de jubilados) respecto a la actualidad, lo que representa 73.637" personas que no podrían cobrar su pasividad. Mientras que en el supuesto que los individuos incrementan sus años de servicio, son 31% menos las altas, es decir 58.306 personas jubiladas menos.

En el detalle por causal, se observa que las altas de edad avanzada al 2016 suponiendo que la persona se mantiene inactiva representan un 20% menos que lo ocurrido, y 26% menos en el caso que continúan trabajando. Al tiempo que "las altas de jubilación común en el escenario en que se incrementa la edad (sin trabajar) son 48% menos".

Como es de esperar de acuerdo a los objetivos de la flexibilización, se reducirían las altas de mujeres sin los cambios legales: son el 50% del total y bajarían "al 44% en el caso de incremento de la edad y 45% en el que se supone que siguen en actividad —43.419 y 35.574 mujeres menos respectivamente—.

Así se logra calcular el costo adicional de los cambios, entendido como la diferencia entre el gasto realizado y el deducido para cada escenario en ausencia de la ley de 2008 (para los casos en que la persona no logra jubilarse y sigue trabajando, se restan los aportes).

El gasto del Estado en seguridad social en el período ascendió a US$ 3.658,5 millones. Bajo el supuesto de incremento de la edad las erogaciones se habrían ubicado en US$ 2.918 millones —que son US$ 1.639 millones menos, un ahorro del 45% respecto al realizado—, mientras que en el escenario de continuar trabajando llegarían a US$ 2.205 millones a los que debe restarse US$ 463,9 millones de aportes —lo que da un ahorro de US$ 1.917 millones, un 52% del gasto efectuado—.

"Las diferencias de costos entre el escenario observado y los contrafactuales están vinculadas por un lado, a que existe 39% y 31% de altas menos, y por otro con la diferente composición de las altas por causales", detallaron los investigadores. Además, detectaron "una diferencia temporal en el logro de la causal", ya que muchos de los involucrados igual se terminan jubilando pero de forma más tardía.

Para acceder a una jubilación común, se redujo el requisito de años de servicio de 35 a 30 manteniéndo la edad de jubilación mínima en 60 años, aunque con una tasa de reemplazo del 45% (era 50% antes para 30 años de servicio) y una adición de 1% por cada año extra de trabajo hasta llegar a los 35 (es 0,5% por cada año tras superar los 35, con un tope de 2,5%). Mientras que para las jubilaciones por edad avanzada, se estableció el mínimo en 65 años exigiendo por cada año de edad menor a 70 dos años más de servicio que los 15 requeridos para configurar la causal (se puede acceder con 69 años y 17 de trabajo, por ejemplo). A su vez, en el caso de las mujeres se pasó a computar un año extra de trabajo por cada hijo con un máximo de cinco años adicionales.