REFORMA FISCAL GLOBAL

Impuesto mundial a empresas: detalles del acuerdo del G7 y su impacto en Uruguay

Especialistas tributarios analizaron la iniciativa de las principales economías del mundo para ajustar la forma en que tributan las empresas multinacionales y su efecto en Uruguay. 

El ministro de Hacienda británico, Rishi Sunak (centro) y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen (derecha). Foto: AFP
El ministro de Hacienda británico, Rishi Sunak (centro) y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen (derecha). Foto: AFP

Las economías más desarrolladas del mundo acordaron implementar un impuesto mínimo global para ajustar la manera en la que tributan las compañías multinacionales los impuestos a la renta empresarial.

En el marco de una reunión en la que participaron los ministros de Finanzas del G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón), los países tomaron dos decisiones importantes: por un lado, imponer un impuesto que obligue a las grandes empresas y a los gigantes digitales a tributar donde obtienen sus beneficios económicos y no donde las compañías deciden declarar sus ganancias; y por otro lado, se comprometieron a promover un acuerdo global para una tasa mínima de impuestos a las compañías de al menos un 15%.

Según explicó a El País Juan Troccoli, socio de Andersen en Uruguay y quien dirige el departamento fiscal y contable de la firma, el interés sobre un impuesto global no es nuevo pero “la diferencia sustancial” es la nueva postura que adoptó Estados Unidos con la administración de Joe Biden.

“La administración (del ex presidente Donald) Trump tuvo una posición contraria, bloqueando cualquier medida común para gravar la economía digital e incluso retirándose de las negociaciones con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, explicó.

En línea con esto, el fundador de la firma FBM Advisory, Fabián Birnbaum, señaló que el acuerdo se logró porque además de la nueva postura de Estados Unidos, también influyó “la crisis económica que surgió a partir del COVID-19 que implicó un esfuerzo gubernamental muy grande” dado que eso hizo “que la cuestión de la recaudación de impuestos sea esencial y por eso se pone el foco sobre sectores de gran importancia económica como la economía digital y las multinacionales”.

Loaiza explicó que “la OCDE vuelve a empoderarse como no lo estaba” desde el año 2009. “Los astros de nuevo se han alineado”, señaló.

Para el director del postgrado de Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza-Keel, lo que hace que este proceso sea diferente “es el impulso que le está dando Biden, que influyó en la designación de Cormann y que apuntó a su secretaria del Tesoro (de Biden, de EEUU), para liderar el proceso ante la OCDE”.

reglas del comercio internacional

Un proceso "más político y geopolítico que fiscal"

Según Loaiza “este proceso es más político y geopolítico que fiscal. Estados Unidos está poniendo en juego las reglas del comercio internacional expresamente en este proceso, y los países latinoamericanos dependen mucho del comercio exterior, ni que decir Uruguay”, indicó.

No obstante, Loaiza dijo que “dado que los países de Latinoamérica son países en desarrollo y no son sede de las principales 100 empresas del mundo (que en principio estarán alcanzadas por este esfuerzo de redistribución de potestad tributaria,) es probable que puedan perder recaudación como consecuencia de estas medidas, aunque asegurarlo con el estado de avance actual es imposible. Es mucho más probable que experimenten impactos más inmediatos países como Irlanda o territorios como Hong Kong, por su interconexión con esquemas globales de la economía".

Además, Loaiza explicó que “ahora la OCDE vuelve a empoderarse como no lo estaba” desde el año 2009. “Los astros de nuevo se han alineado”, señaló.

Pese a que se llegó a un acuerdo, este debe ser confirmado en la reunión del G20 del mes de julio y además luego debe ser negociado de forma más extensa en la órbita de la OCDE.

Sede de la OCDE. Foto: El País
Sede de la OCDE. Foto: El País

Entre los aspectos que estarán en juego en esa negociación, el profesor de Fiscalidad Internacional del postgrado de Especialización Tributaria de la Universidad Católica y socio del estudio Brum/Costa, Leonardo Costa, manifestó a El País que “claramente el problema estará en fijar el límite mínimo del impuesto, será 15% o lo elevarán para tomar en cuenta el tipo promedio en la OCDE (entre 20 y 25%)”, explicó.

Asimismo, Costa señaló que también se deberá “analizar la estructura del impuesto: deducciones, exoneraciones, regímenes de promoción de inversiones, entre otros, ya que “ello determina la tasa efectiva que es más relevante que la tasa nominal”.

Por su parte, el abogado y socio de Guyer & Regules, Juan Manuel Albacete manifestó que “lo que se conoce (del acuerdo) aún es muy imperfecto” y señaló que se “deberá profundizar exhaustivamente en cómo será su aplicación en las distintas jurisdicciones, respetando la soberanía tributaria de cada uno de los países porque no todos tienen los mismos intereses”.

Troccoli indicó que se deberá definir qué empresas van a estar comprendidas en la regulación

De acuerdo con Loaiza “estamos a meses, sino años, de poder contar con un marco normativo nuevo que refleje estas intenciones, y por eso la discusión de momento tendrá necesariamente un cariz político, de alta política, pero político al fin”.

Los países del G7 consideran que es fundamental reformar el sistema comercial mundial y “al mismo tiempo establecer una nueva arquitectura fiscal global que contravenga la llamada ‘carrera hacia el fondo’, que supone que algunos países rebajen sus impuestos de forma unilateral para atraer inversiones”, indicó Loaiza.

A su entender, la faceta comercial y fiscal son las dos que “van a marcar el compás de las negociaciones futuras”.

incentivo

El acuerdo puede estimular suba de tipos impositivos 

De acuerdo con Costa, para algunos países de la región, el acuerdo del G7 “puede ser un incentivo para subir sus tipos impositivos” porque “no hay que olvidar que venimos de un momento previo (la administración de Donald Trump) en el que la política fue la baja de los impuestos a la renta de las corporaciones y eso llevó a que se compitiera por impuestos más bajos”, reflexionó. En el caso de Uruguay, Costa dijo que el acuerdo “es muy preocupante pues puede ser la forma de que toda la renta esté gravada por el país de la residencia”.

Según el abogado Guzmán Ramírez, integrante del Departamento Tributario de Bergstein Abogados, otro de los desafíos de las próximas negociaciones “será el de intentar conseguir otro aliado: China. El ‘gigante del este’ ofrece regímenes fiscales preferenciales (de baja o nula tributación), especialmente a través de Hong Kong. No mucho tiempo atrás Hong Kong integraba la lista de ‘paraísos fiscales’ de la Dirección General Impositiva (DGI)”, explicó.

Para Birnbaum son tres los principales temas en los que se van a centrar las negociaciones: en primer lugar determinar si el acuerdo se refiere a tasa nominal o efectiva, en segundo lugar establecer cómo se miden las ganancias y por último, definir cómo van a controlar “la real cooperación entre los países” dado que “no existe un órgano global que pueda dictaminar, asesorar y sancionar, tal como lo hacen las administraciones tributarias locales”, comentó.

Troccoli dijo que se deberá determinar cómo será el reparto de los tributos globales que se aplicarán. “Ahí se juega el partido más importante para cada país", sentenció. 

En tanto, Troccoli indicó que se deberá definir qué empresas van a estar comprendidas en la regulación.

“El plan original de la OCDE abarcaba empresas relacionadas con servicios digitales automatizados y empresas orientadas al consumidor. La propuesta de la administración Biden es más amplia y refiere a empresas que operen en la economía global. También se han fijado definiciones respecto al total de ingresos de la multinacional para entrar en esta regulación. Habrá que ver si eso será definitivo o se disminuirá gradualmente hasta comprender a un universo mayor de empresas”, explicó.

Además, señaló que se deberá determinar cómo será el reparto de los tributos globales que se aplicarán. “Ahí se juega el partido más importante para cada país. La OCDE estima una recaudación entre US$ 50 millones a US$ 80 millones por esta tributación adicional”, indicó.

“Creo que todavía hay un largo camino por recorrer”, reflexionó Birnbaum y afirmó que "es de suma importancia estar pendientes de las nuevas reglas de juego” para que Uruguay pueda ajustarse “de la mejor manera a la nueva realidad salvaguardando los intereses nacionales”.

Según Loaiza, “ser omiso ante este nuevo fenómeno por considerarlo lejano en el tiempo o solo vinculado a lo tributario no sería una buena decisión" para el país.

RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

"Debemos ser sumamente críticos con esta forma de funcionamiento internacional"

De acuerdo con Albacete, “debemos ser sumamente críticos con esta forma de funcionamiento internacional mediante la cual se llegan a acuerdos entre los países que conforman el G7, el G20 y la OCDE y que obviamente defienden sus propios intereses, eventualmente en detrimento de otras jurisdicciones. Estos mecanismos son desarrollados a nivel de esos países centrales y luego impuestos a los países en vías de desarrollo quienes se ven en la necesidad, bajo pena de sufrir consecuencias económicas, de aprobarlos casi a tapas cerradas sin que funcione el verdadero régimen democrático de discusión parlamentaria”, explicó.

Acuerdo impactaría en los regímenes promocionales y fiscales que ofrece Uruguay
Los especialistas en tributación analizaron el impacto local del acuerdo del G7
Zonamerica: la firma multada está instalada en la zona franca.

Según Loaiza, no es probable que el acuerdo “vaya a exigir aumentar impuestos, pues la tasa corporativa de Uruguay ya está alineada con la de los países OCDE”.

Sin embargo, advirtió que en lo fiscal “no debería perderse de vista el impacto que puede tener en los regímenes promocionales como zonas francas, propiedad intelectual o promoción de inversiones, porque el esfuerzo pretende limitar este tipo de regímenes para generar una competencia fiscal leal entre países”.

Además, indicó que “otra consecuencia a futuro podría ser limitar la posibilidad de recaudación por países pequeños de las rentas derivadas de plataformas digitales”.

En la misma línea, Ramírez dijo que “la principal preocupación, para el gobierno y para las multinacionales instaladas en Uruguay, debería estar relacionada con el riesgo de que los regímenes fiscales preferenciales que ofrece la legislación uruguaya pierdan su atractivo”.

Según Troccoli, “probablemente haya un perjuicio recaudatorio” si Uruguay se somete “a un reparto internacional en función de la cantidad de consumidores en el país”.

Para Albacete, es clave que Uruguay proteja la existencia y mantenimiento de las zonas francas en el país dado que visualiza un eventual efecto negativo en este régimen.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados