TRABAJO

Uruguay es el único país de Iberoamérica que continuó de manera total con las inspecciones laborales, de tareas administrativas y de seguridad social durante la pandemia por el COVID-19.

Así lo explicó ayer a la agencia de noticias EFE el inspector general de Trabajo y Seguridad Social, Tomás Teijeiro, quien destacó que durante estos meses han trabajado de manera “totalmente normal”, manteniendo todos los servicios de atención al público y los inspectivos tanto para las actuaciones por denuncias como para las de oficio.

Durante la emergencia sanitaria, declarada en Uruguay el 13 de marzo cuando se detectaron los primeros cuatro casos de COVID-19, se llevaron a cabo más de 1.700 inspecciones y se elaboraron más de 3.500 informes técnicos.

Estos números se encuentran por encima del promedio de los de igual período del año pasado, algo que, según apuntó Teijeiro, “es consecuencia de la propia pandemia, que hizo necesario que se ajustara en diversas actividades todos los protocolos para un funcionamiento de acuerdo a la nueva normalidad”.

Finalmente, puntualizó que el haber sido el único país de Iberoamérica que continuó de manera total con las inspecciones revela “una gran madurez” de las instituciones en Uruguay.

Además, hizo un reconocimiento a las anteriores autoridades de la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social y al actual Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por su “capacidad de diálogo” y de “integrar a los distintos actores sociales” en el funcionamiento de las relaciones laborales en el país.

Según las cifras difundidas el viernes por el Instituto Nacional de Estadística y procesados por El País, en el primer semestre del año en promedio se perdieron 64.530 puestos de trabajo.

Sin embargo, si se observa la situación por bimestres, se identifican dos momentos claves. El economista Aldo Lema señaló que “en términos desestacionalizados se perdieron 114.000 empleos en marzo-abril, de los cuales se recuperaron casi la mitad (56.000) en mayo-junio”.

El desempleo, llegó en junio a 10,7% de la Población Económicamente Activa (PEA), la mayor cifra desde junio de 2006 y se prevé que aumentará en los próximos meses.