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El viernes, en el marco del 30º aniversario del Mercosur, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou dijo que el bloque “no debe y no puede ser que sea un lastre” y la respuesta de su par argentino Alberto Fernández no se hizo esperar: “no queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco”. Antes de que ocurriera eso el gobierno argentino tomó medidas que pueden afectar a Uruguay.

Claro, la motivación del gobierno de Alberto Fernández nada tiene que ver con Uruguay, si no con la necesidad de preservar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El grifo de los dólares para las importaciones continúa cerrándose en Argentina. Con reservas netas que apenas rondan los US$ 4.000 millones en el BCRA, el gobierno viene restringiendo la entrega de divisas a los importadores para darle prioridad a los pagos de deuda con organismos internacionales y a las intervenciones en los mercados paralelos al dólar oficial para controlar esas cotizaciones.

Al restringir las divisas para importadores, la contracara es que complica a los exportadores hacia Argentina de otros países, como Uruguay. Es cierto, el peso de Argentina como destino de exportaciones de bienes uruguayos ha mermado en los últimos años, pero es relevante para algunos productos industriales.

“Las reservas en el BCRA son escasas y, en el afán para que no decaigan aún más, el gobierno va tomando restricciones formales e informales a las importaciones. Entre las formales, los importadores deben, por ejemplo, usar sus propios dólares para adquirir los llamados bienes suntuarios y el Banco Central tiene luego un plazo para reponer esas divisas. A esa manera fuerte de desalentar las importaciones se suman las demoras en la aprobación de operaciones. El gobierno va graduando qué importaciones acepta y cuáles no”, dijo a El País el economista Gabriel Rubinstein, director ejecutivo de GRA Consultora, en Buenos Aires.

Las trabas a las importaciones responden a la crónica escasez de dólares que sufre la economía argentina. Sin ingreso de divisas por inversiones o deuda, el gobierno de Fernández busca quedarse con la mayor parte de los dólares que entran por el canal comercial.

Para eso, viene restringiendo el acceso al dólar oficial tanto a importadores como a ahorristas. Además de los mayores obstáculos a las importaciones, el endurecimiento de las condiciones para adquirir el llamado “dólar ahorro” —el cupo mensual de US$ 200 que los individuos pueden comprar al valor del tipo de cambio oficial más una serie de impuestos— redujo en forma drástica el número de personas habilitadas para concretar esa operación a partir de octubre del año pasado.

Con esos ajustes al cepo, el Banco Central logró salir de su posición vendedora en el mercado cambiario para pasar a comprar dólares. En lo que va del año pasado ya lleva adquiridos casi US$ 2.200 millones.

Sin embargo, solo US$ 400 millones de esas divisas pasaron a engrosar el stock de reservas netas. ¿La razón? Por un lado, parte de los dólares que el BCRA adquirió se destinaron al pago de vencimientos de deuda con organismos internacionales. Por el otro, el Central usa reservas para intervenir ya no en el mercado oficial de cambios —donde rige el cepo—, sino en los alternativos.

La autoridad monetaria viene vendiendo bonos en dólares que recibió tras el canje de deuda del año pasado. Con esas ventas, fuerza a la baja el valor de los títulos y, con eso, mantiene controladas las cotizaciones implícitas de los dólares paralelos. Pero, en una segunda etapa, para mantener relativamente estable el stock de bonos en su cartera, el BCRA usa reservas y recompra buena parte de los títulos que vendió.

“Con ese esquema el gobierno logró mantener estabilizada la cotización de los dólares financieros, pero implica pérdida de reservas todo el tiempo. Son unos US$ 200 millones por mes desde noviembre del año pasado”, dijo Rubinstein.

Ante esa dinámica que impide acumular reservas, el gobierno y el BCRA vienen manteniendo las restricciones a las importaciones. “Solo entre los socios de la Cámara de Importadores hay más de 500 licencias (de importación) sin autorización, con plazos que violan las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Algunas licencias de productos básicos para la economía, como baterías para autos y neumáticos, están frenadas desde octubre del año pasado. Ya más de 400 empresas están pidiendo cautelares a la Justicia para que le habilite la entrega de divisas”, dijo a El País Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA).

Las trabas empiezan a generar efectos sobre la economía argentina. El jueves pasado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió una carta al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la que advirtió que “de no mediar prontas correcciones en materia de restricciones a las importaciones, corre serio riesgo la continuidad de numerosas empresas o, cuanto menos, existe una importante probabilidad de que parte de ellas se vean forzadas a reducir su nivel de operaciones”.

Además, ante la incertidumbre de poder —o no— reponer el producto al valor del tipo de cambio oficial (91 pesos argentinos), empresas y comercios comienzan a tomar como referencia valores intermedios entre ese dólar y los alternativos, que cotizan en torno a los 140 pesos argentinos. Esa es la principal razón por la que en febrero la inflación mayorista trepó al 6,1%, impulsada por un alza del 7,4% de los precios de los productos importados.

¿Hasta cuándo se van a mantener las trabas a las importaciones?

La situación de Argentina

La apuesta del gobierno de Alberto Fernández con estas medidas es que la escasez de dólares ceda, al menos temporariamente, con el inicio de la temporada alta de liquidación de soja a partir de abril.

A eso podría sumarse un ingreso extraordinario de divisas: el Fondo Monetario Internacional (FMI) está a punto de definir una línea de financiamiento especial para los países de bajos ingresos y de concretarse la asignación de recursos mediante Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda del FMI, que tiene una cotización según una canasta de divisas relevantes), Argentina recibiría US$ 4.354 millones.

No obstante, aún con esos ingresos adicionales y los altos precios de los granos, las trabas a las importaciones se mantendrán.

Si no hay un acuerdo previo, Argentina deberá enfrentar con reservas vencimientos por unos US$ 7.300 millones con el FMI y el Club de París en lo que resta del año.

A eso se suma que, al menos hasta las elecciones parlamentarias de octubre próximo, el gobierno continuará priorizando el uso de reservas para evitar un salto cambiario.

“Si el gobierno alcanza un acuerdo con el FMI que logre mejorar las expectativas y recompone el stock de reservas, puede ir aflojando algunos controles. Pero, en esencia, las restricciones a las importaciones se van a mantener al menos hasta el fin del gobierno”, dijo Rubinstein.

¿Por qué el gobierno prioriza evitar un salto cambiario previo a las elecciones? Porque ello daría más impulso a la inflación y la apuesta de Fernández es que todos los esfuerzos se dirijan a intentar desacelerar el ritmo de la inflación para que la población pueda percibir en sus bolsillos una mejora del poder adquisitivo luego de tres años de caída. La receta entonces es la misma que en otros años electorales: deslizamiento del tipo de cambio oficial a un ritmo menor al de la inflación.