PROPUESTA

Cartera hizo circular un borrador que detalla las modificaciones propuestas.

El Ministerio de Economía (MEF) ha hecho circular una propuesta ("apuntes preliminares para la discusión", precisa el documento al que accedió El País) que modifica algunos aspectos del régimen de promoción de inversiones que hasta hoy tiene vigente Uruguay.

Fuentes del sector privado dijeron que el borrador que puso arriba de la mesa la cartera dirigida por Danilo Astori "reduce significativamente los beneficios" que hoy se otorgan. Añadieron, además, que con estos cambios el Poder Ejecutivo busca lo mismo que con el ajuste de tarifas públicas que se anunció días atrás: reducir la renuncia fiscal para abatir el rojo de las cuentas públicas. En los 12 meses a octubre el déficit fiscal se ubicó en 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Se busca tener la propuesta pronta para anunciarla antes de fin de año, agregaron las fuentes, con lo cual entraría en vigencia en algún momento del año próximo.

En tanto, un informante del gobierno explicó que todavía "falta" para definir el proyecto de decreto, entre otros aspectos porque restan conversaciones entre el MEF y otros actores clave como los ministerios.

La presentación —que se hizo llegar a los ministerios de Ganadería, Industria y Turismo, según pudo saber El País— indica cuáles fueron los "principios" que la "guiaron". En este terreno se menciona "incentivar más los proyectos con más externalidades", así como "evitar incentivos redundantes" y "mantener la simplicidad".

Desde el ámbito privado, en cambio, indicaron que tal como está lo que se logrará es que haya menos acceso a los beneficios y que, por ende, se contraiga la inversión. "Los beneficios a priori parecen mejores", pero "acceder a ellos es sumamente restrictivo", plantearon.

Entre otros, se criticó la "redefinición" de la inversión elegible que propone ahora el MEF. Por ejemplo, hasta ahora pueden llegar ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) para acceder a los beneficios tributarios inversiones hechas desde seis meses antes de esta presentación. Se propone que eso cambie para que solamente gocen de este beneficio las inversiones que se hagan a partir de la presentación.

También se propone modificar el monto de la inversión: mientras que hoy la cifra no importa, ahora se plantea que puedan acceder a los beneficios solo los proyectos que superen el 10% del promedio de ingresos operativos del año previo o los US$ 10 millones.

A su vez, se limita qué tipo de "mejoras físicas" pueden estar contempladas en el régimen (se propone excluir la "remodelación de locales u oficinas"). Por el lado de los bienes muebles, en tanto, la idea es dejar fuera del beneficio al "equipamiento de locales u oficinas, salvo la primera instalación".

Si se mira la matriz de indicadores —los que definen el puntaje del proyecto presentado y, por ende, qué suerte correrá en su persecución de estos beneficios— el empleo, que hoy tiene un peso de 30, trepará hasta 40.

Además, su "calidad" ya no se medirá en base al salario nominal, sino que será en base al salario comparado con el laudo de cada categoría. Este punto también fue rechazado por las fuentes del sector privado consultadas porque, dijeron, generaría "incertidumbre" entre los inversores.

Por otra parte, la propuesta contempla que el indicador de empleo —que hoy siempre "pesa" 30 en 100— pueda tener una ponderación mayor "en momentos de alto desempleo y baje la ponderación en contextos de bajo desempleo".

Consultado acerca de su visión acerca de la propuesta que el Ministerio de Economía (MEF) ha hecho circular, el tributarista Fabián Birnbaum indicó que "el proyecto tiene semejanzas con las reformas impositivas que existen en el mundo actualmente".

"Por un lado se busca del instrumento tributario lograr el objetivo extra fiscal (más allá de lo recaudatorio) de incentivar la economía mientras que simultáneamente se realiza acciones en pos de lograr mayor transparencia y control por parte de las autoridades", añadió el contador.

Justamente, uno de los cambios propuestos es tener un mayor "control" del régimen, dándole un "rol más activo" a la Dirección General Impositiva (DGI), detalla el documento.

Además, Birnbaum agregó que con las modificaciones planteadas "se reducen los márgenes de tolerancia para caer en incumplimiento del proyecto y se pretende hacer público (además del nombre, inversión y porcentaje exonerado que actualmente existe) el propósito de la inversión y los indicadores".