INVERSIÓN

La Unidad Punta de Rieles S.A. (que construyó y mantiene la cárcel homónima), la primera obra en Uruguay por Participación Público-Privada (PPP), comunicó que su accionista minoritario llegó a un acuerdo con el fondo Andean Social Infraestructure Fund I (Aberdeen) para venderle su participación.

El País informó la semana pasada que el 85% del capital del centro penitenciario, en manos de la compañía multinacional española Abengoa a través de su subsidiaria uruguaya Teyma, fue vendido al fondo Aberdeen.

Ahora, la Unidad Punta de Rieles S.A. informó ayer al Banco Central (la empresa emitió obligaciones negociables para financiar la construcción de la cárcel) que el sábado Goddard Catering Group Uruguay S.A. también acordó la venta de sus acciones (tiene el 15% restante) al fondo Aberdeen.

De esta forma, el fondo se quedaría con el 100% de la Unidad Punta de Rieles.

La operación está sujeta a la aprobación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los inversores institucionales que poseen Obligaciones Negociables (ON) emitidas por esa unidad (básicamente AFAP).

El gerente comercial de Teyma-Abengoa, Fabián Acher había dicho a El País que “si bien está todo encaminado y razonablemente se va a cerrar en el corto plazo, hay algunos pasos previos que hay que dar”, en referencia a esas autorizaciones.

El fondo que está a punto de adquirir la Unidad de Punta de Rieles, se lanzó hace tres años y está integrado por la compañía de inversiones Standard Life Aberdeen (SLA) y la administradora de fondos Colombia LQA Funds.

Asimismo, Colombia LQA Funds es una empresa conjunta entre el banco de inversión colombiano Q&A y Lakestone Capital Partners, una empresa suiza de inversión financiera.

Ambos crearon el fondo con el objetivo de invertir en infraestructuras en México, Uruguay, Perú, Colombia y Chile.

El formato PPP implica que Abengoa-Teyma se encargó de la construcción y del mantenimiento del recinto carcelario, al tiempo que Goddard Catering Group se encarga de la alimentación. La administración de la cárcel está en manos del Estado, que paga por disponibilidad al consorcio privado.