COMBATE AL "DINERO SUCIO"

Experto argentino Juan Marteau destacó las políticas de control en Uruguay.

Hasta mayo de 2017 el abogado argentino Juan Félix Marteau (hoy senior partner del estudio que lleva su apellido) se desempeñó por seis años como titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del vecino país, trabajando tanto durante el gobierno de Cristina Fernández como el de Mauricio Macri.

Aparte es el actual director del Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ese conocimiento y experiencia en el combate al lavado de dinero lo lleva a afirmar que "el gran desafío" ahora que se avanzó a nivel normativo, es aplicar "con todo rigor" la ley y lograr "un buen número de condenados" y de bienes incautados.

En diálogo con El País días atrás luego de exponer en un evento en Foz de Iguazú (Brasil) sobre comercio ilegal, destacó la institucionalidad y continuidad de políticas en Uruguay respecto a la prevención del lavado, aunque marcó que el alineamiento a los estándares internacionales fue "sobre todo por obligación externa".

También dijo que "hay un punto de quiebre" en el combate al dinero sucio al no aceptar efectivo para comprar inmuebles —Uruguay lo implementó desde abril— y que se "tienen que terminar" las plazas financieras "con beneficios fiscales". A continuación un resumen de la entrevista con Marteau:

—¿Cómo ven desde Argentina la legislación uruguaya para la prevención del lavado de activos y la evolución que tuvo en los últimos años?

—En primer lugar, Uruguay tiene la característica de haberle dado a las políticas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo una continuidad y permanencia más allá de los cambios de gobierno, lo que es muy importante. Conozco a los actores clave en el sistema (uruguayo) y son gente preparada y honesta, dos condiciones relevantes para llevar adelante estas misiones. Después en relación a la legislación, como todas tiene pros y contras, y la de Uruguay también. Yo creo que han avanzado respecto a la legislación que tenían y lo más importante es que la legislación se aplique con todo rigor. Ese es el gran desafío no solo de Uruguay sino de nuestra región, que la legislación se aplique con vehemencia y consigamos un buen número de condenados, además de un buen número de incautación de los bienes, que es el núcleo duro de nuestro problema.

—¿Se sigue viendo como un foco de riesgo potencial la plaza financiera uruguaya?

—La Argentina hoy está atravesada por otras motivaciones. Yo creo que la administración anterior de Cristina Fernández estaba muy preocupada por la supuesta salida de divisas, que más allá que no la justifico era en buena parte consecuencia de las prácticas del gobierno. Tuvo un condimento político apuntar a Uruguay en esa línea, a mi mismo me tocó ejercer una presión en ese sentido. Yo creo que de todas maneras, lo que cabe decir es que las plazas financieras con beneficios fiscales tienen que terminar y que los países que ofrecen servicios financieros tienen que ajustarse a todas las reglas y estándares antilavado, porque sabemos que si hay canales para que ingrese la evasión esos mismos canales se habilitan después para el narcotráfico, el contrabando y otros delitos graves. Yo no hago distinción entre los paraísos fiscales o plazas financieras buenas y las malas, creo que en el tiempo que vivimos esto debe terminar.

—¿Cómo observas la participación en los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero en Uruguay?

—Hay un punto de quiebre en nuestros países en la posibilidad o no de aceptar efectivo para comprar inmuebles. Los países que todavía aceptan efectivo para comprar bienes suntuarios o de montos significativos favorecen a las prácticas de lavado porque propician el ocultamiento del rastrillaje del itinerario que ha seguido el dinero con el que se paga el bien.

—¿Cómo evalúas el rol en este proceso del Grupo de Acción Financiera (Gafilat)? En Uruguay la oposición crítica al gobierno por ser "el mejor alumno de la clase".

—Yo miro con respeto la continuidad de actores clave para el sistema (que tuvo Uruguay), eso es positivo para el sistema antilavado porque creo le ha dado una determinada legitimidad frente a todas las mutaciones y los cambios que han existido en otros países, incluyendo el mío propio. Ahora bien, hay que reconocer que el trabajo de plaza financiera que tenía Uruguay lo colocaba en una situación complicada y creo que por convicción, pero sobretodo por obligación externa, Uruguay ha entrado en un camino interesante (de combate al lavado de activos). Yo creo que la única posibilidad que tenemos frente al crimen organizado es tener políticas más activas de cooperación regional, sobre todo en el Cono Sur. Debemos dejar de lado las fisuras que crea el nacionalismo para trabajar conjuntamente con una criminalidad que está trabajando en los bordes de las fronteras, escapándole a los controles de ambos países.

—¿El acuerdo de intercambio de información tributaria que se firmó con Uruguay y rige desde 2013 fue beneficioso para Argentina?

—Creo que fue positivo sí. Aunque falta mucho trabajo para una implementación rápida y expedita a los efectos de conocer los patrimonios de las personas investigadas, entiendo que ha creado un clima de legitimidad en el buen sentido.

—En enero se descubrió en Uruguay la lujosa vida que llevaba el sindicalista argentino Marcelo Balcedo, investigado por lavado de activos. ¿Qué reflexión le merece lo que ocurrió y qué omisiones hubo por parte de los organismos de control?

—Lo que muestra es una situación estructural de corrupción de determinados sectores de la Argentina que va más allá de Balcedo. El caso de él es escandaloso por las connotaciones que tuvo, la excentricidad y el carácter suntuario de sus bienes, pero ahora no tenemos que detenernos en eso y hay que ser muy activos y los Estados muy fuertes y contundentes en las acciones buscando no solo las superficie del personaje sino los esquemas de corrupción que facilitaron ese tipo de situaciones, donde eventualmente puede haber cómplices del Estado también. Los actores antilavado tienen que ser lo suficientemente independiente como para investigar las propias connivencias dentro del Estado, eso es clave.

—¿Hay más casos como el de Balcedo?

—No te quepa ninguna duda. Hay más Balcedo, hay más políticos y más empresarios así, porque la corrupción es un fenómeno de varias vías. No puede pensarse que está localizado en algunos sectores cercanos al sector público, en verdad está atravesando a toda la sociedad en nuestros países.