PARLAMENTO

La Comisión Especial del Senado que analiza la ley de urgencia está recibiendo a distintas delegaciones para que brinden su opinión. Una de ellas es la Confederación de Cámaras Empresariales -que nuclea 26 gremiales y asociaciones de empresarios-, que repasó “aciertos” y “temas pendientes”.

El presidente de la Confederación empresarial, Gerardo García Pintos, planteó “un punteo de los temas que consideramos que son aciertos” de la ley.

Sobre la creación de una regla fiscal, dijo: “es clave para reducir la prociclicidad de la política económica, para ponerle un límite al crecimiento ilimitado del gasto público y evitar que la prociclicidad fiscal genere atraso cambiario y afecte la competitividad de la producción”.

También destacó que se forme una comisión de expertos para procesar una reforma de la seguridad social. Manifestó que “es clave para asegurar que el sistema sea sostenible y reducir la incertidumbre fiscal a largo plazo, que genera incertidumbre para las decisiones de negocios”.

Respecto a las propuestas en la ley de urgencia sobre las empresas públicas, dijo que “es un acierto” que se aborde “el tema de una forma amplia”, pero que hay “algunas reformas que son insuficientes”. Repasó que la Confederación apoya dar “mayor autonomía a las unidades reguladoras” -como la Ursea en los combustibles- y “es partidaria de que el precio de paridad de importación del gasoil sea el precio del surtidor”, para lo que “considera que hay que eliminar los sobrecostos” como las tasas impositivas, los subsidios y la mezcla obligatorio de biodiesel nacional.

A su vez, la Confederación empresarial apoyó los cambios respecto al derecho a huelga, a la ley de inclusión financieros y las propuestas respecto “al funcionamiento del Estado”. García Pintos dijo que “el país tiene demasiados funcionarios para la cantidad de habitantes, hay nuevas maneras de gestionar y tecnologías que permitirían hacerlo con menos personas”.

Sobre los “temas pendientes”, mencionó: “limitar la distribución de utilidades” de las empresas públicas, y “definir metas de gestión para directores y destitución automática en caso de incumplimiento”; y mejorar la “inserción internacional”, donde reclamó “cambios radicales en las relaciones internacionales”.