ACUERDO DE PRECIO

Con nueva ley de Competencia, acuerdos para cobrar bolsas a $ 4 estarían prohibidos

Según catedráticos que acudieron al Parlamento, hasta que entre en vigencia la ley medioambiental que obliga a cobrar por las bolsas plásticas, el acuerdo de precio entre las gremiales estaría prohibido y debería sancionarse. La nueva ley de Competencia está aún bajo análisis del Senado.

El cobro de $ 4 por unidad que acordaron los comerciantes hizo bajar 80% el consumo, según la Dinama. Foto: Fernando Ponzetto
El cobro de $ 4 por unidad que acordaron los comerciantes hizo bajar 80% el consumo, según la Dinama. Foto: Fernando Ponzetto

Pasaron los días, se hizo costumbre el no uso de bolsas plásticas para hacer las compras, y se acallaron las voces que criticaron la medida que aplicaron algunos comercios de empezar a cobrarlas antes que rija la ley que obliga a ello. En paralelo a estos acontecimientos, el Parlamento tiene a estudio un texto enviado por el Poder Ejecutivo que actualiza la ley de Competencia.

Estos dos hechos parecen no tener conexión. Sin embargo, de haberse aprobado la nueva ley de Competencia y estar aplicándose, la Asociación de Supermercados (ASU), Cambadu -gremial que nuclea a almacenes, bares y autoservices- y la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) habrían sido sancionados por acordar un precio para el cobro de las bolsas plásticas.

Así lo explicaron en la Comisión de Hacienda del Senado los abogados Camilo Martínez Blanco y Martín Thomasset, ambos profesores del curso de Derecho de la Competencia en la Universidad de Montevideo.

Al hablar sobre “lo que en la doctrina se conoce como los cárteles duros, es decir, cuando fijan precio”, Martínez Blanco explicó a los legisladores que si la nueva ley de Competencia “se estuviera aplicando al día de hoy, lo de las bolsas a $ 4 ya estaría incurriendo en una violación de la prohibición marcada” por la normativa y “tendrían que ser sancionados” los actores involucrados.

Thomasset detalló que esto surge del “artículo 4 bis”, es decir la nueva redacción que el proyecto de ley propone para ese artículo. “Las prácticas, conductas o recomendaciones concertadas entre competidores que se enumeran a continuación, se declaran expresamente prohibidas”, dice la nueva redacción y el primer numeral refiere a “establecer, de forma directa o indirecta, precios u otras condiciones comerciales o de servicio”.

El abogado señaló que “hasta que entre en vigencia la ley (que establece el cobro de $ 4 por bolsa biodegradable), continuará vigente lo que tenemos hoy que es un acuerdo de precios” para vender las bolsas plásticas a $ 4 entre ASU, Cambadu y Unvenu.

La ley medioambiental fue aprobada en 2018 y en la reglamentación, dictada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) en enero, se estableció que luego del 30 de julio solo se podrán distribuir, vender y entregar las nuevas bolsas biodegradables. También se fijó el costo que pagarán los consumidores desde esa fecha por las bolsas, que será $ 3,3 más IVA.

Cuando rija esta disposición “sí va a haber una limitación (en el mercado de las bolsas plásticas) por razones de interés general fijado por ley”, indicó Thomasset.

Su colega Martínez Blanco dijo que “no hay atenuantes” y lo que hicieron las gremiales fue lo que prohibe el numeral uno del artículo 4 bis.

Agregó que las justificaciones expuestas por los comerciantes para adelantar el cobro no están contempladas dentro de los atenuantes establecidos en el proyecto de ley que analiza el Senado.

Al informar a fines de marzo que se anticipaba el cobro por las bolsas, el presidente de Unvenu, Daniel Añón, manifestó a la prensa que “preocupa no poder llegar a junio con stock, por eso es importante que la medida sea progresiva y que veamos cómo el cliente y los empleados se adaptan a la nueva realidad”. La referencia al stock se asocia a que desde marzo ya está prohibido producir e importar bolsas que no sean biodegradables y todavía no llegaron las exigidas por la ley.

Sin embargo, el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Heber Falero, aclaró que estos comercios no comenzarían a cobrar antes las bolsas porque las que “hay que dar (según la ley) son biodegradables y salen bastante más, no nos parece correcto cobrar ahora una bolsa común $ 4”.

Luego que el 1° de abril comenzaron los comercios a cobrar por las bolsas plásticas, el director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, criticó la medida: “se quedan con la recaudación de esas ventas y no la destinan al fin acordado” en la ley que son acciones a favor del medio ambiente, y además entregan bolsas que no son biodegradables.

Tras eso, los comerciantes acordaron con la Dirección de Medio Ambiente (Dinama) destinar el dinero embolsado previo a la vigencia de la ley para campañas de concientización sobre el uso de plástico.

Según dio cuenta El País días atrás, la Dinama estima que se recaudó entre US$ 1 millón y US$ 1,5 millones durante abril por parte de los comerciantes por el cobro de las bolsas plásticas. Además, se calculó que el consumo de bolsas bajó aproximadamente 80%.

Ese descenso al empezar a cobrar por las bolsas también fue verificado por una investigación hecha por integrantes del Departamento de Economía de la Universidad de Montevideo que replicó El País. Teniendo en cuenta que los comercios de Salto comenzaron con la medida en abril de 2018 -fue opcional y sin acordar un costo único por las bolsas-, tomaron el caso de una cadena de supermercado con presencia en todo el país y compararon el consumo de bolsas. Observaron una caída del 68,7%.

“Si te la cobran te enfrentás a una decisión que antes no tenías que tomar, y decís, ‘¿la preciso o no?, ¿vale la pena?’ Va más allá de lo que duele en el bolsillo porque la reducción se ve en todos los barrios”, dijo hace unos días Nario de la Dinama.

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Otros cambios que se vienen

La Ley de Competencia original es de 2007 y el Poder Ejecutivo envió un proyecto para actualizarla en agosto del año pasado. El texto ya lo aprobó la Cámara de Diputados y ahora está bajo análisis del Senado. Los principales avances en materia de fiscalización son la posibilidad que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- investigue determinados acuerdos colusorios (entre empresas competidoras) sin tener que verificar las condiciones de mercado, y la efectivización de un control previo en fusiones que impliquen una concentración. Días atrás, El País informó que la Cámara de Comercio y los supermercados pidieron reducir el monto de las multas por prácticas anticompetitivas.

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