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La advertencia de los contadores al fiscal de Corte, Jorge Díaz, sobre el lavado

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Jorge Díaz. Foto: Fernando Ponzetto

DINERO SUCIO

El Colegio de Contadores inició una ronda de contactos, en este caso fue con el fiscal de Corte Jorge Díaz, ya que entienden que hay una zona “gris” en materia de los controles antilavado que deben realizar.

La ley integral antilavado fue aprobada en 2017 y desde ese momento los contadores fueron incluidos como sujetos obligados a realizar reportes de operaciones sospechosas e indagar en el origen de los fondos de los clientes. La reglamentación posterior aclaró que solo deberán hacerlo los que actúan “a nombre y por cuenta de sus clientes” en operaciones financieras, es decir no los que solamente brindan asesoramiento.

Sin embargo, el Colegio de Contadores (Cceau) entiende que aún hay una zona “gris” respecto a la actuación de los profesionales y comenzó una serie de reuniones para “explicar el rol” que cumplen.

“Cuando ocurre un tema de lavado no tenemos todas las cartas sobre la mesa ni somos investigadores”, explicó a El País la presidenta del Cceau, Cristina Freire, y sostuvo que en las operaciones financieras hay “otros actores” más relevantes como los bancos.

“Nos parece que muchas veces se cree que el contador debe saber y conocer todo. Pedimos una serie de entrevistas para dejar claro que no somos los que toman decisiones, solo asesoramos y muchas veces hasta desconocemos lo que el empresario hace”, manifestó.

Esta semana mantuvieron un encuentro con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y hoy lo harán con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Además, la próxima semana se reunirán con el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne.

En la reunión con Díaz se analizó la disposición que incorporó la defraudación tributaria como delito precedente del lavado. “Le aclaramos que no podíamos ser garantes. Nuestra investigación llega hasta cierto punto por el conocimiento que tenemos del cliente o de la actividad que realiza. Le dijimos vamos a aplicar la ley pero no ser garantes de todo, porque puede pasar de quedar involucrados (en una maniobra ilícita) sin darnos cuenta”, detalló Freire.

El objetivo del Cceau es tener participación “en cualquier instancia de incumbencia”, como reconoció Freire que ocurrió con la Senaclaft previo a la ley y el decreto reglamentario. También cuidar el secreto profesional de los contadores, que “se levanta entre comillas” cuando actúan a nombre de terceros pero se mantiene para las tareas de asesoramiento.

La presidenta del Colegio de Contadores coincidió con lo dicho a El País por abogados especializados en prevención del lavado, que señalaron que hubo un crecimiento de los “reportes defensivos”. Esto es que notifican operaciones ante la mínima sospecha para cubrirse, y Freire dijo que demuestra “que no está claro el rol (de control de los contadores) ni hasta dónde llega la necesidad (de reportar)”.

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