EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA COOPERACIÓN

Experto británico que trabajó en OTAN dio conferencia a bancos locales.

Nick Maxwell vivió un año en Afganistán y aún recuerda los helicópteros volando sobre su cabeza y "el ruido de las bombas". Trabajó como oficial de enlace de inteligencia dentro de un grupo de asesores en combate al lavado de activos que creó la OTAN —alianza militar entre 29 naciones de Europa y América del Norte— para desempeñarse en el país islámico durante la intervención militar iniciada por Estados Unidos en 2001, tras el ataque a las Torres Gemelas.

"De verdad estaba ahí", dice aún sin creerlo este británico de aspecto juvenil que ahora lidera el programa FFIS (de intercambio futuro de inteligencia financiera por sus siglas en inglés), una asociación entre NJM Advisory —consultora fundada y dirigida por él— y el Centro de Estudios de Seguridad para el Delito Financiero del Reino Unido.

"Yo buscaba el dinero sucio que entraba y salía de Afganistán, lo que era un verdadero desafío", en parte por los "problemas de corrupción" dentro del país, explica. "Era un lugar peligroso, pero yo estaba en un ambiente seguro", rememora el especialista que visitó Uruguay a fines de marzo para presentar el estudio "El rol de los acuerdos de intercambio de información financiera en la interrupción del crimen financiero" invitado por la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU).

En diálogo con El País, el experto británico dijo que en Uruguay existen "obstáculos legales" para el trabajo conjunto del sector privado y el público para combatir el lavado, un aspecto que complicará la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Lo siguiente es un resumen de la entrevista:

—¿Qué tan rápido cambia el mundo financiero para enfrentar el avance del dinero sucio?

—Es un verdadero desafío, porque las organizaciones criminales y el crimen financiero evolucionan todo el tiempo. Entonces en las investigaciones del sector judicial para el cumplimiento de las normas, los bancos son los encargados de identificar esos crímenes o las sospechas, y de reportar eso a las autoridades públicas para que hagan lo que corresponda.

—¿Actualmente hay un combate mayor y mejor orientado que años atrás?

—Bueno, varios países han intentado mejorar el nivel de intercambio de información entre públicos y privados. Esto para que las instituciones financieras y los bancos puedan comprender mejor qué buscar y qué información pueden encontrar para ayudar a las investigaciones policiales y penales. Así se lograrán más arrestos y se recuperarán más activos, porque el intercambio de información mejora la situación.

—¿Por qué es tan relevante esa cooperación entre el sector público y el privado?

—Es que entre países muy a menudo los crímenes financieros y de lavado de dinero son en las fronteras. Por lo tanto, estas organizaciones son típicamente internacionales, pero el problema es que la respuesta judicial es nacional. Entonces es necesario compartir información para comprender realmente la imagen completa de esos crímenes.

—¿Cómo cree que funciona esa cooperación para combatir el delito en Uruguay?

—Creo que hay obstáculos legales para compartir información en Uruguay. En el pasado reciente, algunas partes del gobierno han propuesto cambios para mejorar la legislación que aún no se han visto en la práctica. En la reunión los miembros de la ABPU han aclarado que necesitan la capacidad legal de compartir información para identificar adecuadamente el delito financiero. Como hay algunos problemas, también hay oportunidades para trabajar juntos que no requieren cambios en la legislación. ABPU está considerando cómo pueden los bancos compartir sus conocimientos sobre lo que ven en términos de sospecha y ayudar a los organismos que hacen cumplir la ley.

—¿Los reportes de información bancaria entre países que promueve la OCDE ayudan?

—Los impuestos son importantes y eso ayudará con los problemas de evasión tributaria. Pero en el crimen financiero pensamos en grupos criminales organizados de narcotráfico, tráfico de personas, terrorismo o corrupción internacional, y cada uno de esos crímenes tiene su huella en el sector financiera. Por lo tanto, la cooperación entre públicos y privados debe ayudar a detectar al delincuente a través del sistema bancario.

—¿El riesgo de un banco de adquirir dinero sucio es mayor en América Latina que en Europa?

—Creo que el lavado de dinero es un desafío en todas partes y en la actualidad casi todas las jurisdicciones están luchando para tener una respuesta efectiva a los delitos financieros. Así que podríamos ver problemas con la inversión en Londres en bienes raíces de lujo producto de la corrupción en todo el mundo, y tener las mismas preocupaciones sobre lo que pase en Miami, Vancouver o Sydney. Entonces no es un juego de pensar en qué parte del mundo es mejor.

—¿Cuáles serían los controles adecuados por parte de un banco para un cliente nuevo?

—Las obligaciones regulatorias. Deben conocer al cliente y si tienen algún motivo para sospechar, deben realizar más investigaciones para saber si la fuente de riqueza es un problema o si existe alguna indicación de que un delincuente pueda estar involucrado (en alguna transacción). Pero si no tengo ninguna información del sector público acerca de los grupos delictivos, de cómo están operando o cómo están llegando a Uruguay, esto es muy difícil para el sector privado. Entonces, la información pública y privada ayuda a los bancos a encontrar la sospecha de información correcta, la que es relevante para las investigaciones.

—En Uruguay aparecieron jefes de bandas de narcotráfico internacional que usaban el sistema financiero. ¿Es por errores de los bancos o puede haber zonas grises que no se pueden controlar?

—El crimen organizado usualmente tiene ganancias y quiere usar el sistema financiero para beneficiarse, con la esperanza de no ser detectados. Pero el problema, no solo aquí en Uruguay, es que las instituciones financieras de todo el mundo encuentran realmente difícil hacer por sí mismas (esos controles), casi que buscan una sospecha en la oscuridad. Pero el diálogo entre agencias públicas y privadas, especialmente las del ámbito judicial, puede ayudar al decir tenemos este tipo de sospechas en esta área o en este tipo de empresas, y luego los bancos realmente pueden buscar datos relevantes sobre lo indicado.

—Uruguay será evaluado por el GAFI en 2018 ¿Cree que pasará con éxito esa evaluación?

—La información compartida es realmente importante para los estándares de GAFI. Pero Uruguay es una de las jurisdicciones más difíciles para compartir información, entonces eso será un desafío para la evaluación.