SUBA DEL PETRÓLEO

El petróleo subió 36% entre fin del año pasado y fin de abril, mientras en Brasil el precio de las naftas y el gasoil aumentó 34% en dólares y en Argentina se incrementó 37% y 32% respectivamente en dólares, en Uruguay la nafta subió 2,1% y el gasoil bajó 3,9% medido en dólares (su precio en pesos se mantuvo y al aumentar el dólar provoca una baja al medir el valor en la divisa estadounidense). Ya van dos veces (abril y mayo) que el gobierno posterga un ajuste de los combustibles.

Pero, mientras Ancap paga más cara su materia prima para producir combustibles (petróleo), sus precios de venta no cambian y eso le genera una pérdida.

La ley de urgente consideración marca que el precio de los combustibles deberá varias de acuerdo al precio de paridad de importación (PPI). Esto es al precio que un importador teórico podría cobrar el combustible si existiera la libre importación. El PPI es calculado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) mes a mes.

Para dar tiempo a que Ancap se adecue a esta nueva situación, el Poder Ejecutivo definió que al PPI se le cargará un ajuste adicional (denominado “factor X”), que en abril era de $ 2,97 por litro. Claro, esto fue pensado con un petróleo levemente al alza o incluso a la baja, no con un incremento de 36%. Porque si ya el ajuste por PPI debería ser elevado (más de 15%) con el “factor X” habría sido de 20% o más.

Ancap comunicó ayer que solo por la brecha generada con el PPI en los tres principales combustibles (Gasoil 50, nafta Super 95 y supergas) lleva perdidos ingresos por US$ 49,98 millones entre enero y abril.

En el caso de la nafta Super 95, el desfasaje entre el PPI y el precio de venta implicó para Ancap una merma de ingresos de US$ 16,5 millones. En el caso del Gasoil 50, la pérdida es de US$ 10,7 millones y en el del supergas es de US$ 22 millones.

En este último es mayor porque ya venía (previo al aumento del petróleo) con un precio al público menor que el de paridad de importación.

En la postergación por dos veces del ajuste de combustibles, el presidente Luis Lacalle Pou jugó un rol clave. En abril transmitió a sus ministros que era políticamente “inviable” aumentar los combustibles con la situación de la pandemia y en mayo el razonamiento fue similar. En el comunicado que emitió el gobierno ante la postergación del último ajuste, se señaló que “a partir del próximo mes se comenzará con la aplicación del nuevo mecanismo de fijación de tarifas que tendrá como referencia el (PPI relevado mensualmente por la Ursea, que dará transparencia a los precios y eliminará la discrecionalidad fiscal en su fijación”.