EFECTO CORONAVIRUS

¿Se puede mejorar el desempeño fiscal y al mismo tiempo la calidad de vida de los contribuyentes? Esta fue la pregunta que abrió el debate en una conferencia virtual organizada por la Academia Nacional de Economía, en la que los especialistas coincidieron en que sí es posible que el ajuste fiscal mejore a la sociedad, siempre y cuando se ponga el foco en el bienestar del contribuyente.

De acuerdo con Juan Manuel Patiño, licenciado en Dirección de Empresas y client associate de Atlantis -una firma de asesoría de inversiones y administración de patrimonios-, para que Uruguay pueda llevar adelante un ajuste fiscal que sea aceptado por la sociedad, el gobierno debería primero argumentar por qué es necesario.

En este sentido, indicó que “el discurso que debe dar el hacedor de políticas” es el de plantear al ajuste “como una herramienta de expansión” de la economía.

A su entender, al día de hoy “las narrativas económicas y la nueva ortodoxia dificultan la economía política del ajuste” y a eso se le suman algunos efectos ocasionados por la pandemia “que ha golpeado a todos los países del mundo” y que ha llevado a que “el déficit fiscal sea la norma y no la excepción”. Por lo que si bien Uruguay mejora en términos relativos, “ahora todos los demás países están igual o peor que nosotros y eso disfraza nuestra performance” y lleva a que sea más complejo “encarar el sendero de corrección fiscal”, señaló Patiño.

Algunos de los aspectos a tener en cuenta de cara a la implementación del ajuste fiscal son, según Patiño, el tiempo en el que se hace y señaló que “el mejor momento” es al inicio del mandato presidencial, “idealmente en una fase expansiva del ciclo”. Asimismo, explicó que los socios secundarios de la coalición de gobierno “enfrentan costos políticos mucho menores” en dicho ajuste.

De acuerdo con Patiño, si el ajuste “está bien hecho” puede llegar a tener “componentes expansivos muy importantes”. En este sentido, señaló que este tipo de reformas son exitosas y expansivas “cuando un 77% del ajuste va por el lado de reducción de gastos públicos y un 33% por el lado de aumento de impuestos”. Sin embargo, indicó que de acuerdo a la experiencia histórica en un ajuste hay “obligatoriamente un componente de aumento de impuestos” pero dijo que “lo importante es que sea menor comparado con la reducción del gasto”.

Para lograr que el ajuste fiscal sea positivo para la sociedad, Patiño planteó una serie de propuestas monetarias, impositivas y fiscales.

A nivel monetario habló sobre la necesidad de recomponer el balance patrimonial del Banco Central (BCU) “que es parte del déficit fiscal” de Uruguay. En términos impositivos planteó como “inevitable” considerar “un eventual aumento del IVA” dado que es el “de más fácil recaudación y el que menos distorsiona los incentivos a la inversión”.

En términos de política fiscal, propuso controlar el número de funcionarios públicos mediante una ley que prohíba el llenado de vacantes en el Poder Ejecutivo, Legislativo e Intendencias por años, con la única excepción de cargos que requieran título habilitante, y en tales casos, con dictamen favorable del Tribunal de Cuentas.

Además, sugirió que no se repongan las vacantes que surjan en el resto de los rubros y reparticiones del Estado, sino compensar y reasignar funcionarios de diferentes Ministerios.

En relación a las remuneraciones, Patiño planteó el congelamiento por dos años de los salarios públicos de todas las dependencias del Estado, previo 5-7% de reducción salarial sobre algunos rubros y la modificación de la Ley 18.508 de negociación colectiva o la “suspensión temporal por un año o dos”.

Por su parte, el abogado Julián Barquín, afirmó que sí se puede mejorar el desempeño fiscal y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los contribuyentes, pero dijo que la pregunta es cómo lograrlo.

En su exposición, el abogado analizó la regla fiscal que propone la Ley de Urgente Consideración y enfatizó en la necesidad de “poner el foco en la defensa del contribuyente dado que es “un pendiente” en la política fiscal uruguaya.

En este sentido, Barquín explicó que cuidar al contribuyente “se trata de cuidar la fuente de los recursos, que es también parte del cuidado de los dineros públicos” y dijo que ese “es un compromiso que tiene que ser transversal a todos los sectores del sistema político”.