RECORTE DEL GASTO

¿Cuál es el ajuste fiscal que sugirió el Fondo Monetario para Uruguay?

En su informe sobre Uruguay, el organismo incluyó recomendaciones que han sido planteadas por sectores del Frente Amplio y por el gobierno electo.

Conferencia del Fondo Monetario Internacional. Foto: Gerardo Pérez
Conferencia del Fondo Monetario Internacional. Foto: Gerardo Pérez

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó y aprobó el miércoles el informe sobre Uruguay que produjo la misión de técnicos del organismo que visitó el país entre el 5 y el 17 de diciembre pasado.

El organismo visita el país una vez al año y produce ese informe en el marco del artículo 4° del FMI, que así lo establece para todos los países miembros (Uruguay lo es), tengan o no deuda con el organismo.

El Fondo divulgó públicamente el informe de 80 páginas que contiene las apreciaciones del directorio, el reporte del staff técnico y lo que dijeron las autoridades uruguayas (se reunieron con los ministros Danilo Astori y Ernesto Murro -Economía y Trabajo respectivamente- y el presidente del Banco Central Alberto Graña, entre otros funcionarios y analistas).

En ese informe, los técnicos del FMI -encabezados por la jefa de misión Pellin Berkmen- afirmaron que “es necesario introducir un plan de ajuste” fiscal “creíble a partir de 2020 para colocar la deuda en un firme camino a la baja”.

“Las tendencias fiscales actuales, si continúan, podrían socavar la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los inversores”, agregaron. El déficit cerró 2019 en 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB), un máximo para un año calendario en 30 años.

Ese “ajuste creíble” requerirá de “una combinación de medidas” según el organismo. “Un ajuste sostenible requeriría limitar el aumento de los gastos corrientes”, aunque “dadas las rigideces de gasto, como en el caso de las jubilaciones, mantener los gastos corrientes planos en términos reales (es decir que suban en línea con la inflación, pero no más) puede ser demasiado ambicioso”, afirmó.

“Se debe considerar cuidadosamente mantener una provisión adecuada de servicios públicos clave y redes de seguridad”, agregó.

El FMI consideró que “se deben preservar los gastos de capital (es decir la inversión pública), que ya están en niveles bajos” y que “hay espacio para reducir los gastos tributarios (exoneraciones, tasas reducidas y créditos fiscales) estimados en alrededor del 7% del PIB”.

Explicó que “un análisis de costo-beneficio podría ayudar a racionalizar las exenciones, particularmente aquellas que benefician a los grupos de mayores ingresos, aquellas que ya han logrado los resultados deseados o aquellas que no han sido tan efectivas”.

El planteo de reducir las exoneraciones y créditos fiscales, es similar al que le hicieron algunos sectores del Frente Amplio (MPP, Partido Comunista) al ministro Astori en este período de gobierno.

La revisión de las exoneraciones de impuestos “respaldaría el ajuste fiscal, dada la estructura rígida de los gastos actuales, y permitiría el uso futuro de exoneraciones como herramienta de estabilización en caso de shocks negativos”.

Pero, por otro lado el FMI hace recomendaciones que se acercan a algunos propuestas de la coalición multicolor que llegará al gobierno el próximo 1° de marzo.

Pelin Berkmen, jefa de la misión del FMI en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé
Pelin Berkmen, jefa de la misión del FMI en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

En ese sentido planteó “una combinación de medidas como mantener los salarios públicos en línea con el sector privado (para atraer y retener talentos evitando costos excesivos), reducir el empleo público en sectores no críticos a través de la deserción natural (es decir la no renovación de vacantes) y mejorar la eficiencia del gasto podrían apoyar el ajuste”.

Adicionalmente, “el ajuste fiscal debe ir acompañado de la introducción de un marco fiscal renovado a mediano plazo”, aconsejó el FMI.

“La introducción de un marco fiscal de mediano plazo, que abarca una regla fiscal vinculante, consagraría la credibilidad al introducir un ancla fiscal que garantice la sostenibilidad a mediano plazo. También ayudaría a reconstruir el espacio fiscal necesario para contrarrestar los shocks negativos sin poner en peligro la sostenibilidad. Un marco fiscal de mediano plazo mejorado podría incluir un período de proyección de tres a cinco años”, explicó.

Según el FMI, “en ausencia de shocks negativos y en la medida en que el crecimiento (de la economía) repunte, las autoridades tendrán más margen para ofrecer un ajuste más alto durante los próximos dos años. Esto ayudaría a bajar la deuda más rápido y reducir las necesidades de ajuste en el futuro”.

Elogio a Uruguay.

Tanto en el informe del staff como en el comunicado del directorio, el FMI resaltó: “Uruguay se encuentra en una posición envidiable en muchos aspectos. El país goza de estabilidad política, gobierno e instituciones fuertes y un alto grado de cohesión social. Después de una década y media de crecimiento robusto, también cuenta con altos ingresos per cápita y bajos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad. Debido a una supervisión y regulación prudentes, el sector financiero sigue siendo resistente a pesar de la volatilidad del mercado financiero regional”.

La visión del Fondo sobre la reforma de la seguridad social

La misión del FMI se refirió también a la reforma de la seguridad social que deberá encarar el gobierno entrante.

“Con el envejecimiento de la población y dado el alto nivel de gasto en pensiones (alrededor del 11% del PIB, alrededor de un tercio del gasto total), se necesitan medidas tempranas para garantizar la sostenibilidad y los ingresos de jubilación adecuados para las generaciones futuras”, expresó el staff del organismo.

“La reforma debe basarse en una revisión exhaustiva de todo el sistema” planteó el FMI, reconociendo la necesidad de incluir en la misma no solo al Banco de Previsión Social, sino también a las cajas paraestatales (Militar, Policial, Notarial, Bancaria, de Profesionales). Además, el Fondo dijo que debe estar “respaldada por un diálogo social informado”, algo que reclaman los sindicatos.

Es que el anteproyecto de ley de urgente consideración establece la creación “en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” de “una Comisión de Expertos en Seguridad Social” para analizar el sistema y elaborar propuestas de reforma. Los sindicatos entienden que eso no es un diálogo social.

Según el FMI “la acción temprana” en esta materia “también ayudará a facilitar la transición a un sistema revisado” y permitirá “liberar recursos para otras áreas prioritarias”.

De acuerdo al informe, las actuales autoridades “confirmaron que existe consenso sobre la necesidad de reformar el sistema de seguridad social y destacaron su urgencia”.

También las autoridades “enfatizaron que tanto la voluntad política como un amplio acuerdo social son necesarios para llevar a cabo tal transformación”, según el informe.

“Las autoridades hicieron hincapié en que, en última instancia, la reforma debería esforzarse por preservar los derechos y al mismo tiempo hacerlos compatibles con las restricciones fiscales”, agregó.

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