JAN KEES MARTIJN

"Ajuste restante deberá ser un poco mayor"

El jefe de misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo en entrevista con El País vía correo electrónico que “dado que el déficit parece ser un poco más grande de lo esperado, el ajuste restante deberá ser un poco mayor para alcanzar el objetivo de un déficit del 2,5% del PIB para 2019”.

Jan Kees Martijn. Foto: Marcelo Bonjour
Jan Kees Martijn. Foto: Marcelo Bonjour

Señaló que “si los ingresos de este año resultan ser más altos que lo proyectado (por ejemplo, debido al crecimiento del PIB superior al esperado), alentaríamos a las autoridades a ahorrar esa ganancia imprevista”. Afirmó que “la competitividad de los sectores de la economía que exportan mucho a países fuera de Argentina y Brasil ha estado bajo presión”.

—El déficit fiscal estuvo un poco por encima de la meta del gobierno y de lo que estimaba el propio FMI, ¿esto lleva a que se deba realizar un ajuste adicional?

—En primer lugar, debo mencionar que las proporciones fiscales cambiarán una vez que se conozca el Producto Interno Bruto (PIB) del año completo de 2017. Aquí, me refiero a los índices fiscales calculados utilizando el resultado fiscal nominal informado por el gobierno y nuestro PIB nominal proyectado para 2017. Teniendo esto en cuenta, la diferencia entre el resultado fiscal y lo proyectado anteriormente por el gobierno y el FMI es pequeña: alrededor del 0,1% del PIB para los ítems más grandes (como los ingresos o los gastos primarios del sector público no financiero) y para el balance general. No obstante, dado que el déficit parece ser un poco más grande de lo esperado, el ajuste restante deberá ser un poco mayor para alcanzar el objetivo de un déficit del 2,5% del PIB para 2019. En nuestra opinión, este objetivo sigue siendo apropiado y realista.

—¿Hay riesgo de que el gobierno no alcance la meta de un déficit de 2,5% del PIB teniendo en cuenta que los gastos están creciendo más rápido?

—Se está refiriendo al hecho de que el gasto corriente excedió las proyecciones en 0,3% del PIB, principalmente debido a los mayores pagos de seguridad social y salarios, que a su vez fueron compensados por los menores gastos de inversión. En el corto plazo, eso no presenta un problema para el resultado general del presupuesto. A más largo plazo, sin embargo, es un área de preocupación, ya que la inversión insuficiente puede poner en peligro las perspectivas de crecimiento de Uruguay. Para evitar tal resultado, nuestro informe aconseja al gobierno reorientar el gasto de la masa salarial pública a la inversión, acelerar la preparación de los PPP (proyectos de Participación Público-Privados) y analizar cuidadosamente los costos y beneficios de los incentivos gubernamentales para atraer a los inversores privados.

—En la próxima Rendición de Cuentas, ¿el gobierno tiene margen para aumentar el gasto?

—La última Rendición de Cuentas prevé un aumento en los ingresos de alrededor del 0,2% del PIB en 2018, acompañado por una disminución comparable en el gasto primario (es decir, gasto excluyendo los pagos de intereses), lo que resulta en una mejora en el saldo primario del sector público de 0,4% del PIB. En 2019, se necesitaría una mejora similar. Desde nuestro punto de vista, ese es un camino prudente y el que ayudará a alcanzar el objetivo de déficit global de 2,5% en 2019. Con un crecimiento económico de alrededor del 3%, estas proyecciones aún permiten un pequeño aumento anual del gasto público en términos reales. Sin embargo, dados los aumentos autónomos en los costos de pensiones y salarios, entendemos que la implementación de este camino de gastos será un desafío. Finalmente, si los ingresos de este año resultan ser más altos que lo proyectado (por ejemplo, debido al crecimiento del PIB superior al esperado), alentaríamos a las autoridades a ahorrar esa ganancia imprevista para ayudar a limitar la presión sobre los gastos el próximo año, que será un año electoral.

—¿Qué cuidados debe tener el gobierno a la hora de las pautas para la nueva ronda salarial?

—El país dio un importante paso adelante con los acuerdos salariales de 2015-17, que eliminaron el vínculo directo entre la inflación y los aumentos salariales. Esto ha ayudado a limitar la inercia de la inflación y ha contribuido a las menores tasas de inflación en 2017. Esperamos que este sistema también se aplique en la próxima ronda salarial, en 2018. En esa ronda, sería importante garantizar que continúa la moderación del crecimiento del salario nominal. Esto ayudaría a anclar expectativas de inflación más bajas, mientras que la moderación de los salarios reales podría conducir a un mayor empleo. Finalmente, y como se señala en el informe del personal, alentamos a las autoridades a que eliminen las disposiciones retroactivas de indexación salarial de los nuevos convenios salariales para completar la eliminación de las rigideces precio-salario que tanto dificultaban en el pasado reducir la inflación.

—¿Uruguay es un país caro en relación con la región y el mundo?

—La respuesta corta es tanto "no" como "sí". Uruguay tuvo superávits históricos en cuenta corriente en 2016 y 2017, lo que por supuesto es una buena noticia. Uruguay se ha vuelto menos costoso (medido por el tipo de cambio real, que es esencialmente el tipo de cambio nominal corregido por la inflación) en comparación con Argentina y Brasil, sus socios comerciales clave en la región, mientras se encarece con respecto al resto del mundo. Como resultado, la competitividad de los sectores de la economía (como la agricultura y la manufactura) que exportan mucho a países fuera de Argentina y Brasil ha estado bajo presión. Y una pérdida prolongada de competitividad podría convertirse en un problema para la inversión y el crecimiento.

—Ha habido protestas desde el sector agropecuario por la pérdida de competitividad, ¿cómo evalúa esta situación?

—No estoy tomando una posición con respecto a las protestas a las que se refiere, pero el tema más amplio de la competitividad es un tema importante a mediano plazo, incluido el sector agrícola. Durante la última década y media, Uruguay ha logrado importantes avances en la diversificación de sus productos y destinos de exportación, y será muy importante preservar esas ganancias.

—¿Qué puede hacer Uruguay para mejorar el tipo de cambio real?

—Estimamos que el tipo de cambio real de Uruguay se ha apreciado en alrededor de dos tercios durante la última década y media. En otras palabras, Uruguay ahora es aproximadamente dos tercios más caro de lo que era inmediatamente después de la crisis de 2002. Eso no es necesariamente algo negativo, porque los países tienden a volverse más caros a medida que crecen y se desarrollan. Por un lado, ser más caro significa tener salarios y sueldos más altos. La clave es asegurar que la apreciación del tipo de cambio real se corresponda con mejoras en la productividad. Con este fin, recomendamos la implementación de importantes reformas estructurales, especialmente en las áreas de educación y capacitación, infraestructura y flexibilidad del mercado laboral.

—¿Qué rol deberían jugar las tarifas públicas: ¿apoyar la competitividad, contribuir a bajar la inflación o ser acordes a que la empresa tenga ganancias sin importar las otras?

—Es un tema muy amplio, así que déjeme responder resumiendo algunos principios generales. En primer lugar, las empresas públicas deben ser financieramente sólidas para garantizar que no generen costos parafiscales, ya que dichos costos deberán ser pagados por la sociedad en general. Esto significa que, en principio, estos precios administrados deberían reflejar los costos del suministro de los bienes en cuestión. En este contexto, nos complació reconocer en nuestro informe la mejora en la situación financiera de Ancap. El segundo objetivo sería minimizar las distorsiones siempre que sea posible. Por ejemplo, mantener los precios internos del combustible constantes mientras aumentan los precios mundiales del combustible no solo podría generar riesgos para el presupuesto sino también un uso excesivo de un recurso escaso (combustible), lo que haría que la economía en general sea menos eficiente. Por lo tanto, recomendamos pasar los cambios en el precio internacional del petróleo a los costos del combustible nacional en base a una fórmula transparente. Finalmente, el gobierno puede tener objetivos específicos de política pública en mente (como subsidiar el consumo de ciertos bienes para los hogares de bajos ingresos). Esos pueden ser objetivos validos, pero cualquier impuesto o subsidio de hecho debe identificarse y presupuestarse de manera transparente.

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