Informe de la Ursea

El organismo dijo que se basó en “lineamientos recibidos” desde el gobierno.

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El aumento de tarifas de UTE de 5,7% —que comenzó a regir en enero— no estuvo fundamentado por la compañía y se basó en "lineamientos recibidos por la empresa desde el Poder Ejecutivo", según el informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), al que accedió El País.

Asimismo, el documento mencionó que una rebaja de 20% en la tarifa general simple (que tienen 115.000 pequeñas y medianas empresas) fue cuestionada por la propia UTE. Finalmente, el decreto del Poder Ejecutivo estableció que aquellos que tienen esa tarifa se les otorgue un "descuento comercial del 20% sobre la facturación total sin IVA".

El informe de la Gerencia de Regulación de la Ursea tiene fecha 31 de diciembre de 2018 (tres días después de que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García anunciara los ajustes de tarifas) y la información la recibió de UTE ese mismo 31.

"En términos generales, esta asesoría no tiene objeciones conceptuales sobre los elementos vertidos en la presentación realizada por la empresa" ni tiene "comentarios desde el punto de vista técnico (...) respecto a la cifra finalmente planteada de ajuste" pero porque "no se presentan fundamentos del cálculo específico de esos guarismos", explicó el informe.

"A partir de la documentación presentada por la empresa se desprende que dichas cifras propuestas (de ajuste de tarifas) resultarían de lineamientos recibidos por la empresa desde el Poder Ejecutivo", agregó el documento de la Gerencia de Regulación de la Ursea.

La resolución del directorio de UTE —transcripta en parte por la Ursea— indicó que "el informe de la Gerencia de Análisis Financiero plantea que este criterio implica una distorsión importante en la convergencia entre tarifas y costos relativos medios por categoría", respecto a la rebaja (finalmente descuento) de 20% de la tarifa general simple.

Es decir, la UTE no compartió el criterio adoptado por el Poder Ejecutivo (que fue a pedido de la entonces ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse).

De hecho, el informe de la Ursea cuestionó que "cabe destacar que la rebaja del 20% mencionada (finalmente descuento sobre la tarifa sin IVA), si bien se considera a nivel regulatorio que una baja puede ser beneficiosa para cualquier categoría tarifaria, no se encuentra lo suficientemente fundamentada en la documentación presentada por la empresa; al ser de una importante magnitud y la única que disminuye, en comparación con todas las otras categorías que sí aumentan".

El documento de la Ursea señala que la resolución del directorio de UTE mencionó que "de la estructura paramétrica surge un incremento medio de 7,19%".

Según el regulador "dicho guarismo surgiría del informe de la Gerencia Económico Financiera (de UTE), el que no fue agregado en la información recibida por la Ursea. En este sentido no es posible la comprobación de estos resultados por parte de esta asesoría técnica de Ursea".

Además, el reporte de la Gerencia de Regulación del organismo volvió a advertir sobre la forma en que se determinan los ajustes de tarifas en la energía eléctrica.

"Tal como se ha expresado en informes anteriores, se considera primordial para la tarea regulatoria, el disponer de una metodología y procedimiento consensuados y con lógica plurianual para la determinación de un nivel medio de tarifa técnica de referencia calculada, exógena y validable, sin perjuicio de la fijación de una tarifa de aplicación que pueda tomar en cuenta otros objetivos extrarregulatorios, por ejemplo, de tipo macroeconómico (inflación, nivel de endeudamiento público, etc.)".

La información con la que contó la Ursea para el análisis del ajuste tarifario "es la mencionada presentación realizada por UTE, acerca del programa financiero de la empresa para el año 2019 y sus hipótesis de base utilizadas" y allí "incluyó proyecciones de gastos e inversiones, no así del incremento del nivel de ingresos tarifarios que a la fecha no había sido fijado".

Además, mencionó las "variables macroeconómicas" consideradas para esa proyección. En ese sentido, el gobierno asume un dólar promedio a $ 34,125 y que en el año aumente 8,41% (lo que daría que a fin de 2019 cotice a $ 35,114). A su vez, estimó una inflación promedio de 7,2% y en el acumulado del año de 7,5%, es decir otra vez el Banco Central incumpliría la meta (de entre 3% y 7%).

La programación financiera 2019 de UTE presentada ante la Ursea —que no incluyó el ajuste de tarifas desde enero porque aún no estaba resuelto— previó que el Costo de Abastecimiento de la Demanda alcanzará a US$ 657,34 millones (IVA incluido).

"Se destaca que, respecto al compromiso con el gobierno, la contribución al resultado asciende a US$ 458,6 millones", señaló el informe de la Gerencia de Regulación de la Ursea.

Para 2019, UTE prevé transferir al gobierno central US$ 81,3 millones. Además, estima pagar US$ 204,6 millones de IVA, US$ 84,1 millones de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), US$ 50 millones de Impuesto al Patrimonio y US$ 17,9 millones de "otros impuestos". Además prevé transferir por concepto de Impuesto a la Renta de las Personas Física (UTE oficia como agente de retención) US$ 45,7 millones y por contribuciones a la seguridad social US$ 96,9 millones". Esos supuestos de UTE son "sin realizar ajustes de ingresos dado que no se había definido el ajuste de nivel tarifario medio", aclaró la Ursea. Con mayores ingresos pagará más IVA por ejemplo.

Antes de saber cuánto sería el ajuste tarifario, UTE estimó facturar por ventas de energía en el mercado local US$ 1.851,6 millones en el año. A su vez, prevé exportaciones de energía eléctrica por US$ 20 millones e ingresos por peajes por US$ 5,9 millones. A eso, hay que restarle US$ 58,2 millones de bonificaciones, lo que se traduce en ingresos netos en el año por US$ 1.819,3 millones.

Del lado de los gastos, UTE estimó US$ 181,3 millones en salarios, US$ 490,4 millones por contratos de energía (con generadores privados), US$ 63,5 millones por combustibles, pago de intereses por US$ 54,3 millones y otros gastos (canon por transmisión y transporte de gas, compras y otros conceptos) por US$ 273,3 millones para totalizar US$ 1.117,1 millones.