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La pandemia del COVID-19 tuvo entre otras consecuencias, un aumento en el desempleo en la sociedad uruguaya. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en enero se ubicó en 10,7% en enero de 2021, un aumento de dos décimas respecto a diciembre y de dos puntos respecto a enero de 2020, antes que comenzara la emergencia sanitaria. Pero sobre todo, la crisis laboral afectó en mayor medida al colectivo de personas en situación de discapacidad, alertaron desde La Fundación Bensadoun Laurent, que trabaja con inclusiones laborales en Montevideo y área metropolitana con una población de más de 1.000 personas en situación de discapacidad.

Según su informe anual de 2020, ese año se registró un descenso de más del 68% en las contrataciones (a través de la Fundación) con respecto al mismo periodo del año anterior.

A esto se suma que, a consecuencia de la pandemia, varias personas en situación de discapacidad que habían sido contratadas fueron despedidas o enviadas al seguro de desempleo.

Esto supone una caída importante en el ritmo de contrataciones registrada luego de la aprobación de la Ley de promoción del empleo para personas con discapacidad (N° 19.691) en 2018. Según datos del informe del año 2019 de la Fundación Bensadoun Laurent, ese año se registró un aumento de 155% de contrataciones por la Fundación con respecto al año anterior.

De acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadísticas (2011), cerca del 16% de la población uruguaya se encuentra en situación de discapacidad y enfrentan más barreras para acceder al mercado laboral.

De hecho, el informe del Banco Mundial de 2020 “Inclusión social en Uruguay”, reveló que la tasa de participación en el mercado laboral de personas con alguna discapacidad era de 59,5%, muy inferior a la de personas que no reportaron ninguna discapacidad (76%). Y al afinar el dato a personas que manifestaron tener dificultades severas, ese dato trepó a más de 80% que directamente indicaron que no participaba en el mercado laboral.

La investigación del BID destacó además una «ausencia de datos estadísticos» en Uruguay referente a las personas en situación de discapacidad, y esto puede impactar luego en el desarrollo de las políticas públicas al respecto.

Y esto impacta directamente en el empleo. Porque si bien Ley de promoción del empleo para personas con discapacidad exige un 4% de personas en esta situación contratadas en empresas de 25 o más trabajadores permanentes, si no hay personas formadas para asumir los diferentes cargos demandados por el sector, la brecha en el mercado laboral no se achicará.

Es que, de acuerdo con informe del Banco Mundial, las personas en situaciones de discapacidad severas “suelen vivir en hogares pobres o de ingreso medio-bajo, alcanzan menos años de educación y habitan viviendas de calidad inferior y/o en hacinamiento, comparados con la población en general. La exclusión de personas con discapacidad afecta no solamente a ellos, sino también a los otros miembros del hogar al que pertenecen, quienes suelen tener menor nivel de empleo y educación”.

Para la Fundación, la alta demanda del sector tecnológico puede dar respuesta a este problema y ante ello es necesario garantizar el acceso a la formación y promoción de competencias digitales de las personas en situación de discapacidad, en ambientes accesibles y con el correspondiente acompañamiento profesional.