CORONAVIRUS

Analistas debaten: ¿qué “privilegiados” deben hacer un aporte extra ante la emergencia?

Los economistas opinaron sobre la medida del gobierno de realizar un descuento a los sueldos públicos mayores a $ 80.000 líquidos y los planteos de subir los impuestos al capital.

El parate económico afecta al sector privado y el gobierno por ahora no le pidió más aportes, sí a los trabajadores públicos. Foto: Gerardo Pérez
El parate económico afecta al sector privado y el gobierno por ahora no le pidió más aportes, sí a los trabajadores públicos. Foto: Gerardo Pérez

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Como en los libros infantiles donde el lector puede ir eligiendo su propia aventura y en base a eso la historia va cambiando, en economía hay distintos caminos, aunque toda decisión tiene consecuencias. En esa encrucijada están todos los gobiernos del mundo, que deben tomar medidas para frenar los impactos del coronavirus COVID-19, pero se enfrentan a un shock desconocido y difícil de dimensionar por la incertidumbre sobre su fin.

Es por eso que cada país opta por diferentes caminos. Algunos crearon subsidios para los trabajadores afectados o cubrieron la pérdida salarial, otros recurrieron a transferencias directas a las más vulnerables; también hubo postergación de obligaciones y alivios en la carga fiscal para las empresas, así como otros tipos de ayuda.

En Uruguay, el gobierno ha desplegado un paquete de medidas, aunque el anuncio que generó más debate ocurrió cuando el presidente Luis Lacalle Pou informó que habrá un aporte por franjas (entre 5% y 20%) para los sueldos públicos superiores a $ 80.000 líquidos.

Esto provocó diversas reacciones, por ejemplo del Pit-Cnt y el Frente Amplio. También los analistas opinaron y en diálogo con El País, hubo los que cuestionaron que la medida abarque solo al sector público así como la calificación de “privilegiados” de estos trabajadores, mientras que otros consideraron el anuncio “razonable” ante el “estrecho” margen de maniobra que tiene el gobierno.

Pablo Moya de la consultora Oikos dijo que “no cierran” las razones de por qué las medidas son solo para el sector público. “¿Con un sueldo de $ 80.000 sos un privilegiado? Capaz que sí en el Uruguay de hoy, pero hay muchas familias uniparentales, es discutible. Sí le doy la derecha (al gobierno con el descuento) con el personal de confianza. Pero debería alcanzar a todos los privilegiados”, sostuvo y planteó por ejemplo implementar de forma transitoria “una franja adicional” en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Respecto al tema impositivo, el Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas publicó un documento donde estima los impactos del coronavirus en la actividad y plantea propuestas, entre ellas estudiar mayores gravámenes a la renta y la riqueza.

Gabriela Mordecki, directora del Iecon, dijo ayer a El País que “es muy limitado” acotar la medida “a los salarios públicos y algunas jubilaciones”. Consideró “más efectivo” utilizar el esquema vigente del IRPF: “ya hay un sistema de recaudación establecido, un impacto estudiado y se sabe a quién va dirigido, sería más eficiente la instrumentación y tendría justicia horizontal -todos los que están en igual situación aportan lo mismo-”.

Según la directora del Iecon, “hay otros ingresos que pueden ser gravados” como los derivados de alquileres, o rentas financieras. Para estos también “ya hay instrumentos vigentes”, por lo que “se necesitaría cambiar las franjas o tasas y ya al mes tendrías más recaudación”.

Arbeleche este viernes en conferencia de prensa. Foto: Darwin Borrelli
Arbeleche este viernes en conferencia de prensa. Foto: Darwin Borrelli

Una voz discordante a estos planteos es la de Aldo Lema, economista de Vixion. Señaló que los tributos a “los activos inmobiliarios, ya son altos en Uruguay” y otros aplicados a la riqueza son “ineficientes; mientras que elevar "los impuestos a la renta de las empresas sería otro golpe a la inversión en capital físico y al empleo".

Lema opinó que hacia 2021 “podría evaluarse” un incremento en el IRPF “en el marco de un programa más integral que incluya medidas que suban el crecimiento potencial".

El descuento a los funcionarios públicos Lema lo definió como “una reasignación transitoria de gasto público, de reversión automática”; que podría extenderse. El margen de maniobra de las autoridades es “estrecho” por el “agudo deterioro fiscal de los últimos años”, dijo.

Ante esto, “el apoyo de organismos multilaterales y la emisión de deuda parecen la principal alternativa (para la financiación), a cambio de un programa integral de reducción del déficit y sostenibilidad de la deuda desde 2021 en adelante”.

El director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Agustín Iturralde, dijo que la medida del gobierno “es totalmente razonable, trata de hacer explícita una transferencia desde los que van a ser menos afectados por el parate económico a los que más”.

Iturralde sostuvo que se procura “contar con recursos” para atender a “muchos trabajadores que corren riesgo de caer en la pobreza si no hay políticas agresivas”. Señaló que “la duda es si esto es suficiente” y con esta recaudación “bastará para enfrentar lo que se viene”. Sobre grabar más al capital privado, dijo que si “hay algún sector que despegue antes que el resto parecería razonable pedirle un esfuerzo adicional coyuntural”.

La respuesta de Arbeleche

Según explicó ayer la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el descuento abarcará a unos 15.000 funcionarios y se estima recaudar unos US$ 12 millones en dos meses. También fue consultada en la conferencia sobre los motivos por los que se decidió abarcar solo a los empleados públicos en la medida. Dijo que “el sector privado ya está teniendo su aporte a través de lo que están sufriendo sus trabajadores” con la menor actividad y el crecimiento en los envíos al seguro de paro, pero que esto “no quiere decir que en el dinamismo de la situación en que nos encontramos no estemos analizando distintas posibilidades para nutrir al fondo coronavirus”.

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