COMBUSTIBLES

Ancap enfrenta “nuevo escenario” en fijación de tarifas, estando “igual que hace 20 años”

Ayer formalmente asumió el nuevo directorio de Ancap y su presidente (que ya había entrado en funciones a fines de marzo) Alejandro Stipanicic, marcó la impronta.

Nuevo directorio de Ancap. Foto: Leonardo Mainé
Ayer se completó el nuevo directorio de Ancap, que está presidido por Alejandro Stipanicic (el primero desde la izquierda). Foto: Leonardo Mainé

La aprobación de la ley de urgente consideración “cambió las reglas de juego” para Ancap, ya que desde 2021 será la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) -agencia de control con poder sobre el mercado de combustibles- la que sugerirá periódicamente los valores de los combustibles, por lo que “no estará más la espalda de papá Estado” para cubrir los problemas en la gestión, dijo ayer el presidente de la petrolera estatal, Alejandro Stipanicic.

El jerarca repasó el punto de partida de la empresa para enfrentar este desafío -remarcó varias veces que la situación es “igual a hace 20 años”- y habló sobre las prioridades a futuro, como resolver la situación del portland y “reorganizar” las empresas vinculadas del grupo Ancap.

Estas declaraciones fueron en el marco de la asunción de los nuevos integrantes del directorio de Ancap: Diego Durand como vicepresidente (Partido Nacional, abogado que trabajó en la denuncia que realizó la entonces oposición contra la gestión de Raúl Sendic en Ancap); Walter Sosa como director en representación de la oposición (Frente Amplio, exdirector de UTE); Richard Charamelo como director (exdiputado blanco) y Enrique Pees Boz como director interino (Cabildo Abierto y nominado en este período como director de UTE).

“La nueva regulación es un cambio de paradigma, la Ursea dirá: ‘el precio de mercado debe ser este’ (en función del valor de paridad de importación, referencia teoría que calcula el precio del combustible en surtidor existiera la libre importación) y Ancap tiene el desafío de ser rentable con ese número”, explicó Stipanicic.

La ley de urgencia aprobada plantea que el Poder Ejecutivo fijará las tarifas cada 60 días tras recibir “un informe preceptivo” de la Ursea, con lo que “el precio será más justo y tremendamente exigente para Ancap”, indicó el presidente del ente.

En ese sentido, subrayó que la empresa enfrentará desde 2021 -la ley da 180 días como máximo para instrumentar la nueva fórmula para los combustibles- “un escenario completamente diferente” a los últimos períodos, donde según el jerarca hubo años en que “la sociedad le pagó bastante de más” a la petrolera estatal por el valor de los combustibles.

Planta de Ancap vista desde una altura. Foto: Gerardo Pérez
Planta de Ancap vista desde una altura. Foto: Gerardo Pérez

Esto último en referencia a que la evolución de las tarifas no fue en línea con lo que pasaba en el mercado, sino que por decisión del gobierno se variaron los precios para compensar fallas de eficiencia en la empresa. “A futuro queremos que los resultados vengan por la gestión y no por un aumento de tarifas”, afirmó Stipanicic.

Señaló que bajo las condiciones actuales “no está pensando un aumento” de los precios de los combustibles, y que la próxima variación de precios ya será resuelta en función de la recomendación de la Ursea.

Respecto al pasado, Stipanicic aseguró que “desde el punto de vista patrimonial, Ancap es una empresa parecida a la que era hace casi 20 años” y “eso no es una buena noticia”. Presentó números para justificar esto: el patrimonio neto en pesos constantes fue $ 29.464 millones a diciembre de 2019 y era $ 24.687 millones en el 2000 (creció hasta 2011, cayó a $ 7.018 millones en 2015 y con la capitalización que realizó el Poder Ejecutivo se incrementó en el último período).

Asimismo, sobre el pasivo de Ancap dijo que “el nivel de hoy no es mejor al de hace 20 años”: las deudas financieras sumaban US$ 59 millones en el 2000, llegaron a un máximo de US$ 1.240 millones en 2015 y el año pasado fueron US$ 376 millones. También cuestionó el incremento de inversiones sin retorno que hubo en energía, portland y capitalización de firmas subsidiarias durante la gestión de Sendic.

Además, apuntó que “en los últimos ocho años se generó una brecha con (el cálculo teórico de) la importación”, pasando de una diferencia de US$ 7 millones en 2012 a un pico de US$ 237 millones en 2017 (en 2019 fue US$ 60 millones).

El resumen de estas cifras es que en los últimos años “Ancap tuvo una caja favorable, pero el endeudamiento siguió alto y el patrimonio no creció” respecto a dos décadas atrás. “Ahora cambia la forma de definir los ingresos (por la fórmula establecida en la ley de urgencia), va a cambiar la historia y cambiará el relato”, concluyó el presidente del ente.

Una idea para el horno que compró Sendic

En parte de la presentación titulada “Ancap al futuro”, Stipanicic consignó que “los temas urgentes” pasan por definir el negocio del portland y la producción de biocombustibles que realiza la subsidiaria Alcoholes del Uruguay (ALUR).

Sobre el portland, el subsecretario de Industria, Walter Verri, declaró que “no hay una decisión tomada” aún y una comisión técnica analiza distintos “escenarios”. El viernes hubo una reunión del directorio con el sindicato de Ancap, donde se les trasladó esto.

Una de las posibilidades a estudio que expuso Verri es poner en funcionamiento el horno cementero que Ancap compró bajo la administración de Raúl Sendic. La adquisición causó polémica porque costó US$ 80 millones y se necesitan unos US$ 100 millones para activarlo. “Es uno de los escenarios posibles, que el horno se instale en las canteras de Queguay donde hay producción de cal y transportar el clínker a la fábrica de Ancap en Paysandú. Pero para eso necesitamos un privado que tenga mercado en Argentina, porque el mercado interno es chico y se achicará más (en 2021 comenzará a funcionar una cementera privada en Treinta y Tres)”, señaló Verri.

Por otra parte, Stipanicic planteó como “prioridades estratégicas” para la gestión la “reorganización de las empresas vinculadas” al grupo Ancap -adelantó que habrá “una cabeza única” de todas las firmas para evitar “duplicación” de funciones- y “la rentabilización de activos”. A su vez, informó de un cambió en “la gobernanza corporativa”: se formaron cinco comités (de auditoría, de finanzas e inversiones, de recursos humanos, de riesgos y de ética y cumplimiento) que serán liderados por un director buscando mejorar la gestión.

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