Este mes se cumplen 20 años desde que se puso operativo el sistema mixto de seguridad social en Uruguay. Puede parecer un período de tiempo muy largo, pero en estos temas apenas se trata de una primer parte de la trayectoria hacia la madurez del sistema.

Son políticas que una vez que se implementaron deben dejar que transcurra mucho tiempo para ver los resultados. Es por eso que en esta fecha aniversario vale la pena analizar en qué etapa se encuentra el régimen de ahorro individual obligatorio.

La acumulación de fondos es la primer parte del régimen. En estos 20 años la mirada estuvo centrada en las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y la acumulación de fondos durante la vida activa de los contribuyentes.

El total de personas que aportan efectivamente a los fondos administrados por las AFAP es en la actualidad de 800.000 y el fondo que estas empresas administran por cuenta de los futuros pasivos, representa en la actualidad el 20% del Producto Interno Bruto (PIB).

Tanto la cantidad de afiliados y contribuyentes efectivos, como el tamaño del fondo administrado, seguirán creciendo en importancia en la economía en los próximos 15 a 20 años.

Para comprender que todavía quedan años de acumulación, basta considerar que recién empiezan a cumplir 60 años todos los que tenían menos de 40 cuando se inició el sistema. Las primeras generaciones con una vida laboral completa dentro del nuevo régimen recién aparecerán dentro de 20 años.

Ese fondo que ahorra la gente se coloca en instrumentos financieros que ofrecen una rentabilidad que no es fija, sino que es variable con las condiciones del mercado.

Determinar la rentabilidad de la inversión realizada no es tarea sencilla, pero se pueden hacer algunas correcciones para tener una idea. En primer lugar, hay que corregir por la inflación que ocurre en cada año. En este sentido la alternativa lógica sería el Índice de Precios del Consumo (IPC) pero como se trata de aportes de una parte (15%) de los salarios, la reglamentación vincula la rentabilidad real a la evolución de la Unidad Reajustable (UR), que es una variable vinculada al salario.

En segundo lugar hay que descontar el costo que representa la comisión y otros gastos que cobran las AFAP por administrar el dinero para llegar a una rentabilidad neta del fondo.

En este caso aparece una dificultad metodológica porque las comisiones cobradas son un porcentaje de lo aportado en un mes y luego no se vuelve a cobrar por la administración de ese dinero. Por lo tanto hay un cobro por adelantado por administrar el fondo hasta el momento en que el individuo solicita o genera una pasividad.

Una vez corregida la rentabilidad por los costos, queda la tasa que verdaderamente aumenta la riqueza del ahorrista.

Esta tasa de rentabilidad neta real proyectada en base a lo observado en los últimos cinco años tiene una evolución muy volátil. Estos movimientos al alza y la baja en la rentabilidad se deben en gran medida a las oscilaciones en la unidad reajustable. Tomando los valores desde el año 1998 el rendimiento neto promedio anual se encuentra en 7% (muy superior al PIB por ejemplo), pero en los últimos siete años no llega a superar el 1% anual, que no es una tasa que permita grandes logros en las pasividades.

El régimen de seguridad social basado en el ahorro individual obligatorio tiene otra etapa luego del ahorro. Cuando la gente se jubila pasa a tener una cobertura que va a depender de las rentas vitalicias que pagarán las empresas de seguros. Hoy por hoy ese mercado no está siendo exigido porque hay solamente 17.000 jubilaciones por diferentes causas al cierre del 2015.

Esta parte del régimen previsional es fundamental. Luego que se ahorra en forma obligatoria durante la vida laboral del individuo, llega el momento de comprar una renta mensual vitalicia.

Esto implica que hay una empresa de seguros que está dispuesta a comprometerse a pagar una mensualidad siempre que la persona esté viva. Para esto se utilizan tablas de mortalidad promedio de la población y una tasa de interés de largo plazo. El principal problema que existe en este caso es la inadecuada indexación.

La Constitución de la República establece que las pasividades deberán reajustarse periódicamente siguiendo por lo menos la evolución del Índice Medio de Salarios.

En definitiva lo que hace la aseguradora es tomar todo el dinero ahorrado por el individuo y estimar cuánto le puede pagar por mes mientras la persona siga con vida, teniendo en cuenta que todos los años va a tener que ajustar dicha suma por el índice de salarios.

Este mecanismo que resultó del Plebiscito Constitucional del año 1989, parte del supuesto que los pasivos quieren que su poder adquisitivo se comporte igual que los salarios.

Pero lo importante para el pasivo es sostener el poder de compra de la pasividad. En tal caso la corrección debe hacerse por el IPC y no por el índice de salarios.

Estos últimos tienen mayores fluctuaciones que el IPC y pasan por períodos de aumentos por debajo del IPC y otros muy por encima de lo que sucede con este índice de precios. Por lo tanto, atar las pasividades al salario las torna más volátiles.

Lo peor es la mala correlación con el ingreso de los familiares. Los peores momentos para las pasividades coinciden con los peores momentos para sus hijos y familiares. Obviamente que también coinciden los mejores lo cual no hace más que exacerbar el ciclo económico.

Si hay un error en la Constitución sería bueno enmendarlo. Es una reforma que exige mucho esfuerzo pero que, para las generaciones que están ahorrando ahora en el régimen mixto será muy positivo.

TEMA DE ANÁLISIS