ANÁLISIS

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Veinte años atrás el país atravesaba otras circunstancias, pero había hay una similitud: el gobierno entrante elaboró una ley de urgencia con modificaciones legales que consideraba necesarias. Se votó en junio del 2000 y contenía tres artículos que significaron las primeras medidas en Uruguay relativas a la defensa de la competencia.

Juan Manuel Mercant, abogado especializado en la materia y socio de Guyer & Regules, recordó en diálogo con El País que estas disposiciones “declaraban prohibidas las prácticas anticompetitivas y el abuso de posición dominante, siempre que generaran un perjuicio relevante al interés general”. Las evaluó como medidas “básicas y primarias” que pusieron el punto de partida para continuar avanzando en lo legislativo.

Luego llegaría en 2007 la primera ley específica, junto con la formación de un organismo desconcentrado en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) —la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC)— que comenzó a trabajar en marzo de 2009 controlando que se cumpla la normativa.

Una década más tarde Uruguay se sometió a un proceso internacional de evaluación y el gobierno envió una nueva ley al Parlamento, que se aprobó en septiembre de 2019 aunque el lunes pasado entró a regir una de las disposiciones más importantes —que obliga a que se deban autorizar ciertas fusiones entre empresas—. A modo de resumen, la normativa aumentó las potestades de la CPDC.

Tanto Mercant como Sebastián Fleitas, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Lovaina especializados en estos temas, repasaron lo logrado por Uruguay en estos 20 años de disposiciones legales vinculadas a la competencia, y los aspectos aún en el debe.

“Los dos logros más notorios, han sido que se avanzó mucho desde el 2000 en materia legislativa por ejemplo sumando el control de las concentraciones, y lo otro es haber logrado que se incorpore el tema de defensa de la competencia en la agenda pública, ya no se cuestiona el valor que tiene para el país tener normas de estas características”, señaló Mercant.

En una línea similar, Fleitas destacó que desde el 2000 el país “ha venido avanzando en la conformación de una política de competencia”. Agregó que “gracias a la ley (de 2007) y su implementación por parte de la Comisión, ha sido posible detectar y penalizar casos de abusos de posición dominante que encarecían la economía dañando a los consumidores”.

Pero Fleitas aseguró que “es posible y necesario continuar avanzando en temas de defensa de la competencia para contribuir al proceso de convergencia de productividad en la economía uruguaya”.

En ese sentido, mencionó distintos puntos a atender. Uno es “mejorar la institucionalidad y las capacidades de la Comisión”, que debería tener “autonomía financiera”. Mercant dijo que Uruguay “está rezagado en recursos frente a otros reguladores de la región” y que debe entenderse esto “no como un gasto sino como una inversión, porque si esto funciona bien se paga solo”.

Fleitas también mencionó “unificar las tareas de promoción y defensa de la competencia y las de defensa del consumidor en una misma agencia”, junto a la posibilidad de que la CPDC asuma los roles de control en mercados específicos que hoy tienen la Ursea (electricidad, gas y agua), la Ursec (en telecomunicaciones) y el Banco Central (en el mercado financiero).

Como una “medida intermedia”, Mercant expresó la posibilidad de que “se escuche preceptivamente a la Comisión” cuando los otros reguladores actúen.

El abogado de Guyer & Regules sostuvo que “otro desafío grande” es “producir lineamientos que le den más criterios y previsibilidad a las operaciones”, brindado a los actores económicos “un marco dentro del cual manejarse”.

Mientras que Fleitas planteó que se deben “mejorar las capacidades técnicas de la Comisión, en particular en lo que respecta a introducir un enfoque económico más empírico”, incorporando “modernas técnicas estadísticas y econométricas” para “dar sustento a conclusiones”.

Además, Mercant manifestó que se debería investigar de oficio “al propio Estado cuando a través de las empresas públicas actúan en libre competencia”.

Fleitas agregó que resta “mejorar la cultura de competencia y la información que tienen los consumidores”, por ejemplo como se hace en varias partes del mundo exigiendo a los supermercados que exhiban los precios de los productos por unidad “para facilitar su comparación”.

A su entender, sería aconsejable también que la Comisión pueda “investigar por iniciativa propia el funcionamiento de algunos mercados y algunas prácticas”, como “los contratos de exclusividad de los importadores” o el funcionamiento de “algunos mercados de bienes y servicios no transables (que no se venden al exterior)”.

El profesor de la Universidad de Lovaina también puso el foco en que en Uruguay “los temas de competencia y regulación evidentemente interactúan con el lobby de los grupos de interés y el financiamiento de las campañas políticas”, imponiendo esto la necesidad de intensificar los controles. “Si los grupos de presión encuentran que el lobby es una mejor estrategia que la innovación, las mejoras de productividad quedarán rezagadas y los recursos serán dedicados a esta actividad”, sentenció.