DECISIÓN

Luego de la resistencia inicial, a fines de marzo y cuando ya el coronavirus era una realidad mundial, el Comité Olímpico y el gobierno japonés decidieron aplazar para 2021 la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio. La empresa estatal Antel había decidido adquirir los derechos de transmisión del evento a la firma estadounidense Baral, que se especializa en comercializar estos productos.

La decisión había sido tomada en febrero por el directorio anterior, que encabezaba Andrés Tolosa. Con el cambio de gobierno asumió en el cargo Guillermo Iglesias —continúan en el directorio el antiguo vicepresidente Daniel Fuentes y el director Gustavo Delgado, a la espera de la renovación de autoridades— y ayer se votó por unanimidad dar marcha atrás en la compra de los derechos de televisación de los Juegos Olímpicos.

Según informó a El País una fuente del ente, el contrato con el proveedor estadounidense implicaba un desembolso de US$ 2,25 millones y se debía invertir cerca de medio millón más para adaptar la infraestructura y transmitir el evento a través de Vera TV, la señal de televisión por Internet de la empresa de telecomunicaciones.

El informante explicó que en el marco de una emergencia sanitaria por el coronavirus y la búsqueda del gobierno de fondos para financiar las medidas paliativas, no era “sensato” ejecutar el contrato.

Pese a la postergación de la competición deportiva, Antel ya debía comenzar a pagar al proveedor, según lo establecido en el contrato. Además, evaluaron como poco atractivo el negocio porque la empresa no tenía la exclusividad para transmitir el evento en Uruguay ni podría comercializar con terceros los contenidos.