INFRAESTRUCTURA

El régimen de Participación Público-Privada (PPP) fue una de las modalidades contractuales en las que las administraciones anteriores pusieron un fuerte énfasis para impulsar diferentes proyectos de infraestructura.

Sin embargo, el régimen ha recibido múltiples críticas y ahora el actual gobierno no cree que este esquema deba seguir adelante. Así lo había afirmado en entrevista con El País el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dado que a su entender “las PPP han resultado muy onerosas” para el Estado uruguayo. El plan del gobierno, según indicó Alfie, es “que los contratos que están (firmados), están, algunos que no están firmados se están viendo” y “para adelante no está planificado usarlo más”.

En este contexto, un estudio solicitado por la Cámara de la Construcción al Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic), abordó el análisis del régimen en Uruguay y afirmó que pese a las críticas que ha recibido el instrumento, “resultaría un error desechar el uso de PPP para obras de infraestructura, ya sea viales o de otro tipo”.

Para las consultoras CPA Ferrere, Exante y CSI Ingenieros, que fueron contratadas por el Ceeic para elaborar el estudio, afirmaron que “el camino recorrido hasta ahora es una buena oportunidad para evaluar el funcionamiento del instrumento” y poder “comprender mejor cuándo es aconsejable recurrir a una PPP y cuándo resulta mejor recurrir a otras formas de ejecución”.

Si bien los especialistas reflejaron en el informe que “hay consenso” en que los procesos de instrumentación de las PPP “han resultado muchas veces largos”, señalaron que “hay oportunidades de mejora para acortar esos plazos y reducir los costos para la administración”.

Según indicó el estudio, se estima que en este período de gobierno, las inversiones bajo modalidad PPP “superarían levemente los US$ 500 millones en los próximos años”. Por lo que, si se tienen en cuenta “las restricciones de recursos públicos” debido a la situación fiscal del país, “recurrir a mecanismos de financiamiento que minimicen los efectos sobre el Presupuesto nacional es el principal desafío que enfrentan las autoridades”.

El régimen de PPP plantea que la empresa privada se encarga de la construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiación del circuito vial y el Ministerio de Transporte le pagará una compensación económica por eso durante los años que dure el contrato, generalmente entre 15 y 25 años.

Entre las virtudes del régimen de PPP, el estudio destacó que el impacto sobre los egresos del sector público se distribuye más suavemente a lo largo del tiempo, permitiendo aumentar la inversión pública en el corto plazo. Además, afirmó que la asignación de los recursos es más eficiente dado que la administración pública transfiere los riesgos al sector privado. Por último, señala que los estándares de mantenimiento de la infraestructura suelen ser más elevados en comparación con los de los mecanismos de contrato directo del Estado.

El informe afirmó que el régimen de PPP recibe diversas críticas con frecuencia, vinculadas principalmente al hecho de que demanda períodos de tramitación “excesivamente largos”, lo que redunda en que “terminan resultando más costosas que las modalidades tradicionales”. Sobre los costos de los proyectos, el estudio mencionó que los cálculos de Valor por Dinero realizados por la Unidad de PPP del Ministerio de Economía, “efectivamente sugieren” que los beneficios económicos de las obras bajo esta modalidad “han sido generalmente reducidos”.

Las mejoras planteadas por el estudio del Ceeic proponen fortalecer el rol de la Unidad PPP del MEF, la estandarización de los contratos desde la fase de preparación de los pliegos de las licitaciones, simplificar procedimientos para reducir los tiempos entre la adjudicación y el comienzo de las obras, reforzar los pagos por disponibilidad para obras de mantenimiento mayor con un refuerzo financiero en la cadencia de pagos por disponibilidad cerca del momento en que deberán ejecutarse esas obras.

Además, plantearon la conformación de un Fondo de Capital de Riesgo con fondos públicos y privados para financiar al menos una parte del capital de los esponsors, revisar la tributación asociada y alentar un mayor protagonismo de la banca comercial, entre otras iniciativas.