ALBERTO FERNÁNDEZ

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El gobierno de Alberto Fernández apuesta a una recuperación del consumo en los próximos meses para llegar más fortalecido a las elecciones parlamentarias de medio término. Con ese objetivo en la mira, la etapa de austeridad fiscal impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde fines del año pasado parece haber llegado a su fin y se abre un período en que la prioridad pasará por volcar más dinero a la calle.

“Con la mayor recaudación por retenciones y con el impuesto extraordinario a la riqueza, Guzmán buscaba reducir con fuerza el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) de este año, pero salió derrotado de la puja con la parte política del gobierno y finalmente el déficit será superior al 4% del Producto Interno Bruto (PIB)”, dijo a El País el economista Gabriel Rubinstein, director de GRA Consultora, en Buenos Aires.

“El aumento del gasto público y de la emisión monetaria para financiar el déficit es compatible con una inflación del 44%, que es nuestra estimación para este año. El objetivo es que el salario crezca en torno a ese nivel, lo que no permitiría una gran dinamización del consumo pero, al menos, lograría mantener la situación a flote”, añadió.

Para descomprimir las tensiones cambiarias que habían llegado a un punto máximo en octubre del año pasado, Guzmán ha venido implementando desde entonces un ajuste silencioso.

A la drástica reducción de los programas de asistencia dirigidos a los sectores más afectados por la cuarentena le siguió la entrada en vigor al inicio de este año de una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones.

Con un ajuste que dejó de regirse por la evolución de la inflación y pasó a ser determinado por la variación trimestral de los salarios formales y de la recaudación tributaria destinada a la seguridad social, el gasto en jubilaciones y pensiones viene cayendo más del 10% en términos reales en lo que va del año.

Esa licuación del poder de compra de los jubilados, al que se agrega también la sufrida por los beneficiarios de planes sociales y empleados públicos, derivó en una fuerte reducción del gasto público.

A la caída de los egresos se sumó un alza de la recaudación tributaria gracias a los mayores ingresos por derechos de exportación y al establecimiento de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.
Con eso, el déficit fiscal cayó del equivalente al 6,5% del PIB registrado en 2020 al 0,3% en los primeros cinco meses de este año.

Sin embargo, esa drástica corrección empieza a quedar atrás ante las necesidades políticas de la coalición de gobierno. “Si bien no hay margen para expandir el gasto porque Argentina continúa sin tener acceso al financiamiento, el gobierno le pondrá estimulantes a una economía que está muy débil. La estrategia no deja de ser riesgosa, pero son las clásicas políticas que se implementan en los años electorales en Argentina”, dijo a El País Gabriel Zelpo, economista y socio de la consultora Seido, en Buenos Aires.

Con la pauta del 29% de inflación establecida en el Presupuesto ya prácticamente descartada –en los primeros cinco meses ya acumula un alza del 21,5%-, el gobierno prevé dar vía libre a la reapertura de las negociaciones paritarias para llevar los incrementos salariales de este año a niveles superiores al 40%.

A eso se le sumarán en los próximos meses bonos extra para los beneficiarios de planes sociales y de las jubilaciones mínimas con el objetivo de, al menos, emparejar la carrera de esos ingresos frente a la inflación.

En tanto, también habrá beneficios para la clase media asalariada: tras modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, los empleados con salarios brutos mensuales de hasta 150.000 pesos argentinos (unos US$ 1.500 al tipo de cambio oficial) dejarán de pagar el tributo con los salarios de junio y percibirán un retroactivo por los montos que fueron retenidos de enero a mayo de este año.

El incremento nominal que registrarán los ingresos de buena parte de la población en los próximos meses se complementará con un semi-congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Luego de una dura puja con Guzmán, el kirchnerismo duro impuso su criterio al interior del gobierno y finalmente los aumentos de las tarifas de electricidad y gas no superarán este año el 10%, muy por debajo de la inflación.

Además, el oficialismo se alista a aprobar en el Senado una ley que reducirá entre 30% y 50% las facturas de gas a más de tres millones de usuarios que residen en zonas de baja temperatura.

Con margen para incrementar el nivel de gasto público luego de la fuerte contracción aplicada entre enero y mayo, el gobierno de Alberto Fernández apuesta a dinamizar el consumo en los meses previos a las elecciones primarias fijadas para el 12 de septiembre y las generales del 14 de noviembre, en la que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Sin embargo, economistas advierten que esa estrategia puede tener el riesgo colateral de alterar la frágil tregua cambiaria sostenida desde fines del año pasado.

El riesgo de la estrategia argentina

Más inflación y problemas cambiarios

Gracias a los altos precios de los granos y al cepo cambiario que restringe la salida de dólares del país, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha venido recomponiendo su stock de reservas desde diciembre pasado.

En los últimos seis meses, las reservas netas –descontados el swap de monedas con China, encajes bancarios, depósitos del gobierno y préstamos con organismos internacionales- pasaron de US$ 2.200 millones a US$ 7.500 millones.

A ese stock se sumará en los próximos meses el ingreso al Tesoro de unos US$ 4.354 millones por la ampliación de los derechos especiales de giro (DEG, una canasta de divisas) dispuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para proveer de liquidez a sus países miembro.

No obstante, ese escenario podría dar un giro en los próximos meses.

Por un lado, la estacionalidad favorable para la acumulación de reservas concluirá en agosto, mes en que comienza a mermar la liquidación de divisas del agro.

Por el otro, todo indica que esa previsible menor oferta de dólares coincidirá con la volatilidad cambiaria que tradicionalmente precede a los procesos electorales en Argentina.

“Aún si el gobierno lograra dinamizar el consumo, será algo muy acotado. Estamos ante una inflación desatada en torno al 50% anual, con peligro de aceleración, y eso atenta contra un aumento del consumo más potente”, dijo a El País el economista Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad-ARKLEMS, en Buenos Aires.

“En cambio, sí es más probable que los efectos de la mayor emisión monetaria de los próximos meses destinada a financiar el aumento del gasto público, terminen repercutiendo en el mercado cambiario después de las elecciones”, estimó el economista.