INFORME

Un 38% de la asistencia financiera directa al BPS es por jubilaciones mínimas

En el 2018 se debieron transferir US$ 255 millones para abonar estas pasividades, según un estudio de la Asesoría General de Seguridad Social.

Fachada del BPS. Foto: Francisco FLores.
Fachada del BPS. Foto: Francisco FLores.

El 2020 parece que será el año que comenzará a discutirse la reforma del sistema de seguridad social y uno de los puntos girará en torno a la situación del Banco de Previsión Social (BPS). Al advertir sobre el nivel del déficit fiscal, la lupa del nuevo gobierno se posiciona en la asistencia financiera que otorga el Estado al instituto —el sistema está “absolutamente quebrado, hay que pasarle por año al BPS una cifra sideral”, dijo Isaac Alfie, futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)— y los sectores sociales que integran el directorio han comenzado a preparar insumos para el debate.

La representación de los trabajadores liderada por Ramón Ruíz, divulgó un análisis vinculado al costo de la política incremental de las jubilaciones mínimas, buscando que “no se demonice al BPS” y sin “esquivar la necesaria discusión sobre el financiamiento presente y futuro de la seguridad social y su sostenibilidad”, señaló Hugo Bai, economista especializado en temas previsionales. “Pretendemos aportar un insumo para dar la discusión con información y seriedad”, agregó.

En la actualidad son unos 125.000 jubilados los que cobran la pasividad mínima (27,7% del total), que tras el último ajuste en enero de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) —índice que se utiliza para calcular impuestos y prestaciones sociales— se ubica en $ 13.557.

Este conjunto de jubilados accede a un mínimo establecido en la ley de creación del régimen previsional mixto en función de la edad de retiro —en valores actuales, va desde $ 7.042 para quien se jubila con 60 años por causal común y hasta $ 15.492 si se tiene 70 años o más—, pero en agregado desde 2007 se han dictado decretos por parte del Poder Ejecutivo elevando el monto de la pasividad mínima.

“Mientras los mínimos establecidos por ley crecen según el Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN), los mínimos por decreto crecen no solo por la variación de la BPC (que generalmente aumenta por la inflación) sino también porque aumenta la cantidad de BPC”, explica el documento que difundió el equipo de los trabajadores.

Isaac Alfie. Foto: archivo El País.
Isaac Alfie, futuro director de OPP, advirtió que el sistema previsional está "absolutamente quebrado". Foto: archivo El País.

El BPS es quien asume el costo extra respecto de la jubilación que le correspondería a la persona según sus aportes, y requiere de dinero de Rentas Generales para hacer frente a esos pagos. En lo relativo a las jubilaciones mínimas, hay una parte del costo extra aportes que se explica por la exigencia legal y otra por el ajuste vía decreto.

Según un trabajo realizado por la Asesoría General de Seguridad Social del BPS, en 2018 el costo que debió asumir el instituto previsional por las jubilaciones mínima fue de US$ 225 millones —esto es 5,84% del gasto total en jubilaciones—, que se componen de US$ 101 millones por lo establecido en la ley y US$ 124 millones por la fijación de mínimos por decreto.

En el 2018, año en que el organismo requirió una asistencia directa             —también tiene asignado la recaudación del IASS que pagan parte de los jubilados y seis puntos del IVA— del Estado de US$ 599 millones, un 21% de ese monto se explicó por la política de ajuste de las jubilaciones mínimas del Poder Ejecutivo.

Si además se suman los costos derivados de los mínimos establecidos por ley, la cifra asciende al 38% de lo transferido al BPS, esto son US$ 225 millones.

El análisis de la representación de los trabajadores indica que “la fijación de mínimos por decreto ha tenido un costo acumulado creciente con el paso del tiempo y en 2018 representó un 3,22% (US$ 124 millones) del gasto en jubilaciones de ese año”. Mientras que los costos asociados a los mínimos legales significaron un 2,62% del total del gasto jubilatorio.

Hugo Bai
El economista Hugo Bai afirmó que la política de ajuste de las jubilaciones mínimas impactó en las finanzas del BPS y debe incorporarse al debate. Foto: El País

El informe aclara que este costo podría estar “subestimado” al no incluir en el análisis “el impacto de las pensiones por fallecimiento ni el costo de ninguna otra jubilación que no haya sido elevada a mínimo por decreto”.

Bai sostuvo que “se puede estar más o menos de acuerdo con la política de
mejorar las pasividades mínimas desarrollada en los últimos años, pero no se puede soslayar que tuvo y tiene un costo relevante en las finanzas del BPS”. En esa línea, manifestó que “cuando se discute sobre asistencia financiera o déficit (del instituto previsional) es necesario integrar este tipo de aspectos al debate: sin decretos, hoy tendríamos pasividades mínimas de $ 7.000 y la asistencia sería menor”.

Hay 27.737 “cincuentones” que salieron de las AFAP

Hasta el 24 de enero, el Banco de Previsión Social (BPS) brindó asesoramiento a 62.858 “cincuentones” en el marco de la ley 19.590 —que les permite bajo ciertas condiciones abandonar el sistema mixto y jubilarse con las reglas anteriores—, habiendo decidido la desafiliación de las AFAP el 41,2%, esto son 25.928 personas.

Los “cincuentones” son personas que tenían menos de 40 años cuando en 1996 comenzó a funcionar el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse, por su nivel salarial, al régimen de AFAP. Si eligen desafiliarse de la AFAP y jubilarse únicamente por BPS, el dinero que tenían ahorrado en su cuenta individual pasa a un fideicomiso que administra el instituto previsional.

El beneficio aplica tanto para trabajadores activos como para los ya jubilados. Según lo informado por el BPS, se asesoraron 53.898 trabajadores activos y 8.965 ya retirados, habiéndose cambiado de sistema jubilatorio el 46% y el 33% respectivamente.

En la ley se estableció que luego de ser asesorados, los “cincuentones” tienen 90 días para definir qué harán. Hubo 16.013 personas que cambiaron en el mismo momento que acudieron al BPS y 11.724 que lo hicieron dentro del plazo previsto. A su vez, hay un grupo de 1.627 personas que ya acudieron al BPS y aún tienen la posibilidad de desafiliarse de la AFAP. A quienes ya se les venció ese plazo límite son 33.494 personas.

La ley definió tres etapas de asesoramiento según la edad de las personas. Desde abril y hasta marzo de 2020 se atienden a los que tienen entre 53 y 55 años, y hay 1.240 personas agendadas para las próximas semanas. Algunos “cincuentones” deben realizar convenios de pago con el BPS por aportes no vertidos. Hasta el 24 de enero se había recaudado por esto $ 422 millones.

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