Contrato asimétrico

Aspectos polémicos para el Estado

Hay al menos tres aspectos cuestionados del contrato entre GNLS (el consorcio formado por la belga GDF Suez y la japonesa Marubeni) y el Estado. Uno de ellos tiene que ver con las tres sociedades anónimas que utilizó la firma adjudicataria de la licitación para construir y operar por 15 años la regasificadora.

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"Si hay posibilidad de ahorar impuestos en España, no me cabe en la cabeza descartarlo". Foto: María Inés Hiriart

Cuando se presentó al llamado de Gas Sayago (la empresa de UTE y Ancap para este proyecto), la firma lo hizo bajo el nombre "GDF Suez Energy Latin America Participacoes". Al momento de firmar el contrato, cambió el nombre a GNL Montevideo S.A. calificada como "filial indirecta" de GDF Suez. El único respaldo de esta sociedad, fue una carta de GDF Suez que dice únicamente que "confirma que GNL Montevideo S.A. es una sociedad miembro del grupo GDF Suez" y al final señala que la misiva "será regida por las leyes de Francia".

Cuando se incorporó la japonesa Marubeni al proyecto apareció la tercera y definitiva S.A.: GNLS.

En ningún caso hay garantía de GDF Suez ni de Marubeni, como sí hay de UTE y Ancap y del Estado uruguayo para con Gas Sayago.

La gerente general de Gas Sayago, Marta Jara dijo a El País en una entrevista el año pasado que según el pliego del llamado "a opción del oferente adjudicatario, se podía firmar el contrato con una subsidiaria uruguaya".

Otro aspecto polémico es hasta qué punto responde el Estado y hasta cuál GNLS. Según el contrato, el límite es de US$ 100 millones (la garantía que depositó GNLS) para un lado y otro. Pero, en el caso del Estado uruguayo se podía aplicar el "valor residual" en caso de un daño después de la fecha de pre-inicio de la obra (prevista para julio de este año). Ese "valor residual" podía ser mayor a US$ 100 millones, sin embargo GNLS sólo estaba obligado hasta US$ 100 millones.

El último aspecto polémico fue que el gobierno encargó un informe sobre los proyectos que se presentaron al llamado, a la consultora italiana Rina. El correspondiente a GDF Suez (luego GNLS) estaba fechado el 13 de mayo y decía que esa firma "parece no adaptarse a las especificaciones del llamado" y sugería "solicitar un paso en las propuestas a fin de demostrar que las plantas son aptas para la finalidad específica". El gobierno adjudicó un día después a GDF sin tomar en cuenta el informe.

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