Dineros públicos

La Auditoría Interna pone la mira en las SA de las empresas públicas

La auditora interna de la Nación, hizo hincapié en que de 56 sociedades de empresas públicas que operan bajo derecho privado, solamente 21 presentan información. Por eso, quiere que una norma obligue a todas.

El CEF se relaciona con el Poder Ejecutivo a través de él. Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

La Auditoría Interna de la Nación es un órgano con autonomía técnica dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se encarga de controlar los estados financieros de las sociedades anónimas, organismos públicos y cooperativas, entre otras entidades. Su titular es María del Carmen Rúa y al comparecer ante el Parlamento planteó que hay dependencias que "hace mucho tiempo que no presentan informes", y que solo controlan a 21 de las 56 empresas de derecho privado de propiedad estatal.

Entre las propuestas que dejó a los legisladores, destacan "obligar al resto de las empresas que tienen participación estatal" a remitir información a la Auditoría, así como que se amplíen las competencias del organismo para que se focalice "no solo en el control financiero" sino también en la "gestión".

Rúa asistió a la Comisión Especial de Diputados creada para legislar, informar y asesorar sobre la gestión del patrimonio público y que se ha enfocado en los controles existentes sobre las sociedades anónimas propiedad de entes estatales —solo Ancap tiene 11, como ALUR o Ducsa.

Allí explicó que la Auditoría recibe una copia de los estados financieros de los sujetos obligados a reportar y "en función de criterios y factores de riesgo analizamos si es oportuno y necesario decretar una auditoría".

"Los recursos que tenemos no son muchos, debemos ser muy cuidados y tener claro qué es lo que vamos a auditar o en función de qué", detalló Rúa.

Asimismo, sostuvo que no deberían limitarse los controles sobre los sujetos obligados a la presentación o no de los estados financieros, sino que la Auditoría tendría que tener "la posibilidad de auditar también a aquellos que están omisos, a pesar de que en forma preventiva los llamamos para ver el motivo de la no presentación". Al respecto, agregó que "hay organismos (del Estado) que hace mucho que no presentan informes" financieros a la Auditoría.

Acerca del control sobre las sociedades anónimas propiedad de entes, Rúa comentó que a las que cotizan en Bolsa —como Ducsa, ALUR o Areaflin (firma que administra un parque eólico de UTE)— "se concurre a las asambleas, se controla su capital accionario, se le da un enfoque de gobierno corporativo, de buenas prácticas de cómo se tiene que gestionar".

Pero propuso como "una medida sana" que el resto de las firmas satélites "registraran el volumen de ingresos y que esa información fuera pública", lo que cree "no implicaría un gran costo y sería fácil de resolver".

Por otra parte, la funcionaria afirmó que "si se quiere aprovechar la experticia de la Auditoría Interna como órgano de control de gestión, debería focalizarse no solo en el control financiero, sino ampliarlo más a las competencias de gestión".

Acerca de la eficiencia, Rúa señaló que los sujetos obligados "presentan estados financieros en varios lugares: Tribunal (de Cuentas), Auditoría, Banco Central y organismos específicos del Poder Ejecutivo". Atendiendo eso, propuso que sea "el canal único de información" la central de balances electrónicos y "que el resto (de las dependencias) tomen de ahí" los datos.

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