COFRES DE SEGURIDAD

Balcedo, los cofres y su rol en el lavado de dinero

¿Método de almacenamiento puede ser una debilidad para la prevención?

El sindicalista y empresario argentino tenía cofres en dos empresas de arrendamiento. Foto: Ricardo Figueredo
El sindicalista y empresario argentino tenía cofres en dos empresas de arrendamiento. Foto: Ricardo Figueredo

Cuando el jueves 4 de enero recién tenía unas horas de vida el argentino Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, fueron detenidos en la mansión que la pareja tiene en la falda del Cerro del Burro, a unos pocos kilómetros de Piriápolis. Con el correr de los días el nombre del sindicalista y empresario se volvió familiar a medida que se iban conociendo más detalles acerca de su estilo de vida —los autos lujosos y los animales exóticos que tenía en su propiedad cerca de Playa Verde, entre ellos.

Uno de los puntos altos de la cobertura del "caso Balcedo" fue la apertura de los cofres de seguridad que el argentino tenía en Uruguay, ocurrida dos semanas después de su apresamiento en el departamento de Maldonado. En el operativo se encontraron billetes que sumaban alrededor de US$ 7,5 millones. "Es la mayor incautación de dinero en efectivo en la historia del Uruguay", dijo en ese momento el fiscal de Corte, Jorge Díaz, cuando se conoció el contenido de los cofres.

La detención de Balcedo puso en la mira a este sistema de almacenamiento que permite, entre otros, guardar efectivo, y también despertó interrogantes acerca de si era un método atractivo para el lavado de activos (este, de hecho, es uno de los cargos que enfrenta el argentino, cuya extradición fue solicitada por la Justicia argentina el jueves pasado, junto a la de su esposa).

¿Cómo funcionan estos cofres? Quienes brindan este servicio —en Uruguay están autorizados a hacerlo firmas arrendadoras de cofres, empresas de servicios financieros, casas de cambio y bancos, que son supervisados por el Banco Central (BCU)— proveen un espacio físico donde aquel que lo desee puede dejar objetos. La parte arrendadora no sabe qué se guarda allí, su contenido es confidencial. En general, se utiliza este sistema para alojar bienes valiosos, como joyas, documentos o dinero en efectivo.

Para empezar a usar uno de estos cofres, el proceso es bastante simple. Basta completar un formulario que exige algunos datos básicos —como nombre, documento de identidad, domicilio y teléfono del titular.

El precio del alquiler del cofre varía dependiendo de sus dimensiones y también, en algunas ocasiones, del vínculo que la persona tenga con la institución. En el Banco República (BROU), por ejemplo, las tarifas oscilan entre los US$ 93 y los US$ 1.050 por año, en función de estas dos variables.

El banco estatal —el más grande de plaza— tiene 13.400 cofres instalados y su ocupación hoy asciende a 74%, informaron desde la institución.

El BCU no sabe cuántos cofres de seguridad hay disponibles en el país puesto que "las empresas que prestan este servicio (empresas arrendadoras de cofres, empresas de servicios financieros, casas de cambio y bancos)) no están obligadas a informar la cantidad de cofres que operan", indicaron desde su Departamento de Comunicación.

En el caso de Punta Carretas Cofres —junto a Fort Box son las dos empresas de arrendamiento y custodia de cofres registradas en la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, y en las dos tenía cofres Balcedo— el precio por año tiene un piso de US$ 210 (los más pequeños) y llega hasta los US$ 550 (para los más grandes).

Desvío.

Los expertos consultados por El País coincidieron en que si bien los cofres de seguridad pueden llegar a contener dinero "mal habido" no son un método efectivo para lavar esos billetes. Mientras está allí, el dinero está "muerto", agregaron.

Cuando se contrata un cofre de este tipo no se está dentro del sistema financiero, subrayó el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa.

"El día que quiera lavarlo lo tengo que transformar en algo distinto", agregó. Esto es, convertir ese efectivo "sucio" en una casa o un auto, por ejemplo. En ese momento la persona deberá responder cómo consiguió ese dinero y es allí donde el control tiene que funcionar para evitar esta maniobra, detalló el jerarca.

"El régimen (de cofres) tiene limitaciones de control, pero también desde el punto de vista del lavador no es una herramienta idónea", señaló Espinosa. La persona, dijo, logra la protección de su dinero pero nada más. "Es como que hubiera hecho un pozo en la casa o que tuviera una caja fuerte en la casa, no está entrando al sistema financiero", insistió.

Para el titular de la Senaclaft "por algunas desviaciones no se puede cambiar el régimen".

Esta visión fue compartida por Ricardo Sabella, especialista en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero. El de Balcedo, sostuvo, es un "caso aislado", y dijo no creer que "se presente con mucha frecuencia".

Sabella sostuvo que como en un hecho como este el efectivo no se introduce en la economía no se está frente a una situación de lavado. "Lo que hay es un ocultamiento de ese dinero, que puede llegar a ser ilegal, que de alguna manera también es penado por la misma ley de lavado, pero no significa que sea lavado de activos", enfatizó.

Además, Sabella comentó que la tuerca a ajustar en el terreno de la prevención de este delito no tiene que ver con dónde se oculta el dinero sino en cómo ingresa en un primer momento.

"El dinero, y sobre todo el dinero mal habido, es como el agua: siempre busca una grieta por donde transitar", ilustró. En la medida que existan delitos siempre va a haber generación de dinero ilegal, que en algún lado tiene que ir a ocultarse, agregó. "Si no es este mecanismo puede ser cualquier otro", resumió.

En tanto, el abogado Leonardo Costa también se manifestó en la misma línea. "El tema no es tanto dónde lo depositó sino de dónde viene (el dinero), ese es el principal tema a controlar", dijo el experto en prevención de lavado de activos.

Operaciones sospechosas.

El Banco Central (BCU) comentó a través de su Departamento de Comunicación que "cuando se moviliza el efectivo hay un conjunto de sujetos obligados (del sector financiero y no financiero) que forman parte del sistema nacional de prevención, que deben hacer controles para verificar el origen de los fondos".

Ante la consulta de El País sobre si en los últimos años el BCU había recibido algún reporte de operación sospechosa (ROS) por esta actividad, indicó que las empresas arrendadoras de cofres presentaron dos ROS en 2015, otros dos en 2016 y seis en 2017. El Central no puede dar detalles de los reportes pues esto "tiene carácter secreto impuesto por la ley".

ALERTAS

Frecuencia de ingresos y egresos al cofre y cantidad de personas con acceso

Los agentes que brindan el servicio de alquiler de cofre de seguridad —desde empresas que se dedican solo a esto hasta bancos o casas de cambio que también lo ofrecen— están regulados por el Banco Central (BCU). Si observan alguna práctica que les llame la atención, tienen que obligación de reportarla al Central.

La normativa bancocentralista marca que "en el caso de las empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, la obligación de registro (de todas las gestiones que se realicen para prevenir el lavado de activos) implica, además de la suscripción y guarda del respectivo contrato con el cliente, la identificación de cada una de las personas que tienen acceso a los cofres, con constancia de día y hora de ingreso y egreso al respectivo recinto".

De acuerdo al titular de la Senaclaft, Espinosa, hay algunas señales que deberían alertar que el cofre de seguridad podría estar utilizándose para prácticas indebidas. Entre otras, un hecho que debería despertar la curiosidad del arrendador es una alta frecuencia de ingresos y egresos al cofre de seguridad. También que muchas personas tengan acceso al mismo cofre. "Son pequeñas cosas en cuanto al comportamiento del cliente que pueden indicar determinado tipo de cosa inusual, dijo Espinosa. De todas maneras, añadió que esto se produce "siempre sobre la base de que el arrendador no sabe qué bienes hay adentro" del cofre.

Desde el BCU indicaron que las instituciones deben informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) "las transacciones que (...) resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada".

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