Préstamos entre personas

El Banco Central respondió a críticas de “Uber financieros” por regulación

Autoridades fueron al Parlamento y sostuvieron que se está “magnificando” el problema con las plataformas de préstamos entre personas y defendieron que haya “límites” para la actividad que realizan. La Cámara de Fintech ha manifestado que con estas reglas es inviable operar.

Foto: Shutterstock
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El nuevo presidente del Banco Central (BCU), Alberto Graña, se presentó el lunes ante la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados para hablar sobre la regulación de las plataformas para préstamos entre personas —denominadas Peer to Peer Lending y llamadas de forma coloquial "Uber financieros"—, una de las actividades comprendidas dentro del sector fintech (que aplica tecnología a los servicios financieros).

La delegación del BCU contó además con la presencia de su vicepresidente, Jorge Gamarra; el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera; el gerente de Asesoría Jurídica, Daniel Artecona; y el intendente de Regulación Financiera, José Antonio Licandro.

La participación de las autoridades del banco fue solicitada por el diputado nacionalista, Rodrigo Goñi, con el objetivo de reflexionar sobre la regulación digital y con la intención de que el BCU deje sin efecto la reglamentación de las plataformas que posibilitan las actividades financieras.

Entre las objeciones realizadas por los más críticos de la reglamentación —incluida la Cámara Uruguaya de Fintech y el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Fernando Brum— destacan: el impedimento para que las empresas administradoras manejen fondos; la privación del emparejamiento automático con reglas preaprobadas (monto, plazo, tasa y riesgo); la inhabilitación a la plataforma para invertir fondos propios sin que se le apliquen los límites dispuestos y la imposición de umbrales máximos para tomar préstamos e invertir.

Sumado a eso, critican la prohibición de tener fondos de garantía o de contingencia; que se plantee la inconveniencia de que el documento de adeudo deba ser "no a la orden"; y, por último, señalan como negativo que se tenga que develar la identidad de las partes que participen de la actividad.

Para el actual presidente del BCU, la regulación de las fintech representa "un desafío para la banca central en todo el mundo" e indicó que al analizar la regulación en otros países queda de manifiesto que "no hay un único patrón" sino "diferentes grados de desarrollo de la regulación" y diferentes criterios en cuanto a qué parámetros considerar y a qué enfoque utilizar".

Sobre este punto, Graña señaló que desde el BCU se "utiliza el enfoque de analizar los riesgos que implican para el usuario del sistema financiero" estas plataformas, con el objetivo de evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos.

En relación a las críticas que ha recibido la reglamentación, Graña indicó que "se está magnificando" el problema y refutó lo dicho por Goñi respecto de que algunas empresas del sector se están yendo del país.

Para el diseño de la regulación, Graña manifestó que desde el banco se buscó generar un espacio de diálogo e intercambio con los actores del rubro pero que "en última instancia, el regulador del sistema financiero es uno solo: el BCU" y aunque recalcó la "apertura" del banco a la hora de dialogar y recibir valoraciones señaló que no se puede "delegar en nadie el rol de regulador, supervisor y autoridad monetaria en este país".

Mitigar los potenciales riesgos que pueda tener la actividad de este sector de las fintech y por otro lado, desarrollar el mercado del sistema financiero y del sistema de pagos, es para Graña el equilibrio ideal al que debe llegar el BCU.

Indicó que aunque se vio "sorprendido por lo mediático" que se tornó el tema, desde el banco están "satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora en cuanto a cómo amalgamar esos dos factores desafiantes (en referencia a la mitigación de riesgos y el desarrollo de nuevas tecnologías)".

Para el superintendente de Servicios Financieros del BCU la normativa señala que la actividad de las empresas administradoras de las plataformas de préstamos "se caracteriza por aproximar o asesorar a las partes en negocios de carácter financiero, sin asumir obligación o riesgo alguno".

Por lo tanto, consideró que es clave "limitar" el rol del mediador al "mero acercamiento de las partes" que celebran el contrato entre sí, puesto que "la toma de decisiones en nombre de los clientes desvirtúa la actividad de mediación", indicó.

En reiteradas ocasiones a lo largo de la Comisión, el diputado blanco Goñi solicitó al BCU que se dejara sin efecto la regulación hasta que se logren mayores consensos entre los actores del sector, además de que se pudieran rever y modificar los puntos criticados.

Sin embargo, ante la respuesta negativa del regulador, Goñi planteó convocar al Parlamento al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por su parte, el intendente de Regulación Financiera del BCU recalcó la importancia de evitar que las plataformas se utilicen para lavar dinero. "Es un riesgo cierto, no estamos hablando de riesgos en el aire", indicó.

Asimismo, dijo que el BCU no está en contra de las empresas tecnológicas y que se les solicita "lo mismo que a todos los que realizan actividad financiera en Uruguay". A pesar de ello, aclaró que el banco debe "apegarse" al marco legal aunque la función de supervisión del BCU no sea "simpática".

Tras escuchar estas respuestas, Goñi comentó que la regulación "fue una fumigación que liquidó la actividad" y que si no se cambia "terminaremos siendo los luditas (artesanos que rompieron maquinas en la Revolución Industria) del siglo XXI".

Las sugerencias de la Cámara

Desde que el Banco Central anunció que iba a reglamentar a este sector de las fintech, las cuatro plataformas (TuTasa, Inversionate, Socius y Prezzta) que operaban dejaron de hacerlo. Desde la Cámara Uruguaya de Fintech (CAFU), plantearon diferentes alternativas a la reglamentación vigente, con el objetivo de "proteger los datos sensibles de las personas, así como su seguridad y confidencialidad". Entre las sugerencias, señalaron la posibilidad de que el develar los datos de quienes utilicen las plataformas de préstamos sea a elección de las partes, que la información se reporte al regulador pero no a los implicados y que se puedan develar "ciertos datos" pero limitarse a aquellos necesarios para la toma de decisión o la concreción del préstamo.

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