Crowdfunding

BCU apoya regular plataformas de financiamiento colectivo

Permitir emisiones por “montos limitados” y para inversores profesionales.

BCU: informó que AFAP vendieron deuda en UI a no residentes. Foto: Fernando Ponzetto.
Foto: Fernando Ponzetto.

Los últimos días del 2017 el Banco Central (BCU) puso en consulta una serie de lineamientos para la regulación de las aplicaciones tecnológicas de préstamos entre pares —denominadas peer to peer lending o "Uber financieros"— y ahora pretende avanzar en la fijación de reglas de funcionamiento para las plataformas de financiamiento colectivo o de crowdfunding.

Ambas modalidades son mecanismos de préstamos mediante el uso de plataformas electrónicas, un sistema en auge en el mundo desde hace años y que está comenzando a tomar impulso en Uruguay.

Mientras las aplicaciones virtuales de préstamos entre pares se limitan a conectar a un ahorrista con una persona que necesita dinero (son mediadores dentro del negocio financiero), las de crowdfunding son varios individuos que hacen aportes económicos para la realización de un proyecto o idea para la cual su creador solicitó recursos a través de la plataforma —puede ser a modo de donación, de inversión (hay una contrapartida fijada) o de recompensa (apoyo a una banda para grabar un CD y obtengo el producto de regalo).

Del primer tipo ya hay varias aplicaciones funcionando en Uruguay (como Inversionate, Prezzta y Socius) que habían prestado al año pasado más de $ 100 millones, y del segundo ha habido casos de emprendedores locales que han utilizado portales online de crowdfunding internacional.

El superintendente de Servicios Financieros del BCU, Juan Pedro Cantera, dijo en el Parlamento que los mecanismos de colaboración "en el que varias personas concurren al financiamiento de un demandante de fondos por emisión de valores en serie, acciones, obligaciones negociables u otras formas de identificar los valores" (es decir hay una contrapartida) se trata de "oferta pública de valores" y están comprendidos "en las condiciones requeridas por la ley de mercado de valores".

De esta forma, esos valores deben cotizar en bolsa y cumplir una cantidad de exigencias regulatorias, como el gobierno corporativo y una auditoría externa. "Hoy no estamos teniendo la capacidad, en función de la restricción que nos plantea la ley de mercado de valores, de regular este tipo de financiamientos", admitió Cantera.

Para corregir esto, el BCU solicitó al acudir la semana pasada a la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados que se incluya dentro de un proyecto de ley a estudio "una norma legal muy puntual", que excluya las emisiones a través de una plataforma "por montos limitados y con determinadas características" de la oferta pública y así queden por fuera de la ley de mercado de valores.

El gerente de la Asesoría Jurídica del BCU, Daniel Artecona, aclaró que cuando las aplicaciones de este tipo "obtienen recursos sin emitir valores, ahí entra la figura del mediador financiero, que se limita a contactar oferentes y demandantes de recursos financieros contra el cobro de una comisión".

Con la modificación legal que plantea, el BCU "saldría de la restricción actual" que tiene en materia regulatoria y podría incorporar a las plataformas de crowdfunding que emiten valores "al proyecto en el que estamos trabajando sobre financiación de préstamos entre personas", señaló Cantera.

Este punto aún sigue en debate en el Parlamento, ya que el proyecto de ley original que busca fomentar el emprendedurismo preveía un capítulo particular con disposiciones para regular el crowdfunding y no únicamente una excepción para que este tipo de emisiones quedaran por fuera de la ley de mercado de valores.

El diputado blanco Rodrigo Goñi —uno de los que presentó la iniciativa— dijo que estas plataformas ponen "en pocos minutos un proyecto a disposición de millones de posibles inversores", y la Comisión debe "dilucidar cuál es la mejor forma, sin distorsionar ni perjudicar otros sistemas que están funcionando, para dar cabida al financiamiento colectivo".

Límites.

Dentro del proyecto regulatorio que puso a consulta, el BCU previó que las plataformas que hacen mediación financiera tendrán ciertos requisitos: deberán registrarse, hacer públicos los datos de identificación de los participantes, y habrá un tope para el monto del préstamo y de la inversión, entre otras disposiciones. Cantera adelantó que se aplicará una misma lógica regulatoria para el crowdfunding.

En ese sentido, indicó que la excepción de ser oferta pública debiera ser "para emisiones por montos muy limitados, en la que también existan limitaciones a los inversores que participan en esa financiación", ya que se les pide dinero a cambio de un "valor que sería de mayor riesgo" respecto a una emisión tradicional y "deben existir reglas" que expliciten eso.

Agregó que al igual que en las emisiones simplificadas —mecanismo que reduce requisitos para que las Pymes puedan acceder al mercado de valores—, en esta modalidad se debiera "restringir" el financiamiento solo a inversores que tengan "determinadas aptitudes mínimas, que podríamos llamar profesionales".

Cantera también planteó como punto a discutir si estos valores tendrán un mercado secundario (donde se compran y venden títulos tras la emisión). "El proyecto no lo explicita, pero en la medida que se los considere no de oferta pública, la plataforma sería solo de colocación primaria y no un mercado secundario", concluyó.

"Inconveniente" por lavado

El proyecto también prevé la creación de una nueva figura legal: las sociedades por acciones simplificadas —una "línea del medio" entre las SA y SRL. Cantera del BCU advirtió que la "simplificación de trámites en instituciones de intermedia- ción financiera" que prevé el texto para las nuevas sociedades, podría generar "inconvenientes" en la evaluación del combate al lavado de activos que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sostuvo que la ley de inclusión financiera "ya contempló" este beneficio al promover "la apertura de cuentas básicas para las entidades de reducida dimensión económica", una medida "defendida ante los organismos internacionales" por el "riesgo reducido" de lavado, algo que con esta innovación legal podría cambiar.

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