APROPIACIÓN INDEBIDA

BCU pone máxima sanción tras maniobra por US$ 1,6:

Inhabilitó a titular de sociedad de bolsa por 10 años para ocupar cargos.

BCU: dispuso la intervención en agosto de 2011 de la sociedad bursátil. Foto: Archivo
BCU: dispuso la intervención en agosto de 2011 de la sociedad bursátil. Foto: Archivo

El 2 de agosto de 2011 el Banco Central (BCU) dispuso la intervención con suspensión de actividades y sustitución de autoridades a Intervalores Sociedad de Bolsa, un año después resolvió la disolución y liquidación y ahora, acaba de aplicar la máxima sanción posible a su expresidente: 10 años de inhabilitación para desempeñar cargos de personal superior en instituciones financieras. ¿Qué estuvo detrás de este proceso que costó a clientes de la firma más de US$ 1,6 millones?

Todo se remonta a agosto de 2010 cuando la Justicia trabó embargo sobre las acciones nominativas de Intervalores a nombre de Julio Savio, por una demanda judicial de un vale firmado por este en 2002. Julio Savio Nin figuraba como propietario del 51% de las acciones de Intervalores y era presidente de la misma. El restante 49% estaba en manos de Joaquín Savio Balandra (en marzo de 2010 había iniciado gestiones ante la Bolsa de Valores de Montevideo para ceder sus acciones a Julio Savio pero "nunca debidamente realizadas antes el Banco Central —BCU—", según la resolución del directorio del BCU que dispuso la inhabilitación).

El accionista mayoritario "no puso oportunamente en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros, la demanda judicial entablada en su contra ni el embargo contra las acciones", según una resolución del Central del 3 de noviembre de 2011.

Pero previamente, el BCU detectó que Intervalores estaba en una situación de insolvencia de acuerdo a los estados contables al 31 de marzo de 2011 y el 20 de junio de 2011 la Superintendencia de Servicios Financieros le pidió la reconstitución del patrimonio, pero no obtuvo respuesta. Cuatro días más tarde, le reiteró la solicitud y además le requirió la presentación de un informe de asesores legales indicando la existencia o no de litigios o contingencias pendientes contra alguno de los accionistas y tampoco obtuvo respuesta.

Ahí comenzó a recabar información y encontró que Intervalores había utilizado títulos en custodia (pertenecían a un cliente) en noviembre de 2010 para depositarlo como garantía en el BCU. No había instrucción escrita y el presidente de Intervalores dijo que se trató de un "acuerdo verbal", según surge de los documentos del BCU.

El cliente tomó conocimiento de dicha transacción el 28 de julio de 2011, "día previo a concurrir al Banco Central en virtud de la citación que se le realizara", según el BCU. Savio Nin le ofreció entregarle a cambio una propiedad en garantía y le informó que iba a retirar los bonos entregados y que se los devolvería.

Tras estas omisiones una inspección constató más irregularidades: carencia en el registro de clientes ("no se contaba con los datos mínimos", señaló el Central), falta de políticas para prevenir lavado de activos, inexistencia de "procedimiento mínimo que asegure contar con un adecuado respaldo documental de las operaciones realizadas". Así, el BCU decidió la intervención y separación de autoridades de la sociedad bursátil.

En medio de la intervención, el Central detectó que según la información recabada "el efectivo y valores depositados (...) no son suficientes para proceder a la devolución de los mismos, a los clientes de Intervalores". El 9 de septiembre de 2011, el regulador consultó a Savio Nin quien declaró: los "valores faltantes se vendieron y se hicieron operaciones de Bolsa. Se vendieron para cubrir necesidades del escritorio y de otros clientes de Intervalores". Además, señaló que en ese momento resultaba imposible restituir a sus propietarios los valores y efectivos que habían depositado "porque tenía un circuito formado de operaciones y ahora todos quieren salir. No tengo bienes propios".

Unas semanas después, el 23 de septiembre de 2011 Intervalores respondió a la vista al expediente en el BCU. Allí justificó que "los sucesivos cambios en la legislación vigente de la actividad desarrollada por Intervalores y sus sucesivas reglamentaciones, todo ocurrido en un período muy corto, no pudieron ser seguidos en forma adecuada por el señor Julio Savio y su empresa". Para actualizar la gestión, la firma incorporó un empleado "pese a lo cual no se logró el resultado esperado, surgiendo nuevas dificultades al desarrollarse una operativa financiera aún más complicada, lo que superó muchas veces el conocimiento de gestión del señor Savio", indicó Intervalores. A su vez, los "clientes históricos de la sociedad" le dieron al corredor "las más amplias facultades para que sus activos produjeran rentabilidad, sin ninguna precisión específica respecto al manejo de estos y obteniendo rentabilidad periódica en desmedro de certeza financiera", explicó la empresa. Esos clientes fueron los que tenían activos "que han resultado más difíciles de conciliar", agregó. El BCU en aquel momento rechazó esos argumentos.

Ahora, casi seis años y medio después de la intervención, el Central señaló (en resolución de directorio del 27 de diciembre de 2017 recientemente divulgada) que quedaron "posiciones de clientes por más de US$ 1,6 millones que no pudieron ser honradas".

Como Julio Savio "no actuó con el debido profesionalismo, cuidado y diligencia requeridos" generando "perjuicios concretos a la entidad financiera y sus clientes" y por "la gravedad de los hechos constatados", el BCU resolvió aplicarle la "máxima sanción prevista en la normativa" que es la "inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos de personal superior en instituciones financieras". A Joaquín Savio la inhabilitación es por dos años.

"Contraviene rectitud".

Cuando a fines de 2011, el Central recibió las respuestas de Intervalores las descartó por varios motivos. Entre otros, consideró que "una firma intermediaria de valores que no puede aportar información exacta y fidedigna de las posiciones de sus clientes, carece de ese mínimo exigible a cualquier empresa del ramo y pone en riesgo el prestigio del propio sistema si éste admitiera tan informal y riesgoso proceder", según la resolución en la que canceló sus actividades el 3 de noviembre de 2011. También le recordó que "la empresa contraviene prácticas de amplio reconocimiento en el sistema financiero y estándares mínimos de aptitud, rectitud comercial y profesional y de buena gestión para realizar cualquier tipo de actividad".

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