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BCU ve “tendencia preocupante” en reportes de operaciones de lavado y cuestiona a escribanos

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BCU: informó que AFAP vendieron deuda en UI a no residentes. Foto: Fernando Ponzetto.

INFORME

¿Qué estuvo detrás de esa caída de los ROS en 2020? ¿Cómo fue en cada sujeto obligado a reportar? ¿Qué crítica hizo el Banco Central (BCU) a algunos profesionales?

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En 2020 los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos cayeron frente a 2019 y marcaron el menor nivel desde 2017. En 2020 fueron 694 reportes frente a 775 en 2019 y 782 en 2018, como había adelantado El País el pasado 6 de febrero.

Pero, ¿qué estuvo detrás de esa caída de los ROS en 2020? ¿Cómo fue en cada sujeto obligado a reportar? ¿Qué crítica hizo el Banco Central (BCU) a algunos profesionales?

Esas respuestas y más están contenidas en las Memorias de Actividades 2020 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU.

“En el año 2020, la cantidad de reportes presentados por el sector financiero fue exactamente igual a los presentados en el año 2019 (626 reportes), registrándose una gran disminución en los reportes presentados por el sector no financiero de aproximadamente 54% (se recibieron 68 reportes en el año 2020 y 149 en 2019)”, indicó el informe.

Entre los 626 ROS presentados por el sector financiero en 2020, solamente los bancos los incrementaron (de 435 a 481) y otras instituciones de intermediación financiera (que pasaron de 1 reporte a 2). Del otro lado, cayeron los ROS de empresas de servicios financieros/casas de cambio (de 19 a 13), intermediarios de valores (de 18 a 9), asesores de inversión (de 16 a 7), compañías de seguros (de 14 a 2), empresas de transferencias de fondos (de 100 a 95), entre otros.

El informe de la UIAF cuestionó que “históricamente, los intermediarios de valores han representado un escaso porcentaje del total de ROS presentados por el sector financiero, lo cual no condice con el perfil de riesgo en materia de lavado de activos que representan en promedio estas entidades en función de sus clientes y operaciones”.

“Si bien las actividades de supervisión de la UIAF y la Superintendencia de Servicios Financieros (ambas del BCU) han hecho foco en esa debilidad, el escaso número de reportes presentados por ese tipo de entidad en el año 2020 es un indicador que deberá reforzar la estrategia de supervisión en los próximos años”, añadió el informe.

A su vez, explicó que “en el caso de las empresas de seguros, la caída puede deberse a la modificación introducida por la ley 19.889 (de urgente consideración, LUC), que limita el sistema de prevención a la operativa de seguros de vida”.

Entre los 68 ROS del sector no financiero, solamente aumentaron los reportes los abogados (de 1 a 2), asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos (de 1 a 2), mientras que explotadores de zonas francas los mantuvieron en 6. En tanto, cayeron los reportes de casinos (de 53 a 27), escribanos (de 33 a 14), contadores (de 9 a 1), inmobiliarias (de 11 a 9), rematadores (de 11 a 2), constructoras (de uno a ninguno) y proveedores de servicios societarios (de 23 a 5).

La UIAF afirmó que “la cantidad de reportes presentados por los sujetos obligados del sector no financiero, que había alcanzado un máximo en el año 2018 (con 263 ROS), ha disminuido significativamente en los últimos dos años (149 en 2019 y 68 en 2020)”.

El informe señaló que “sin dudas el año 2020 ha sido muy particular y se ha visto dominado por las consecuencias de la pandemia en todas las actividades que se ha expandido mundialmente. Esta situación excepcional, que en algún tipo de sujeto obligado del sector no financiero como los casinos implicó el cese o la realización de actividades en forma muy limitada en buena parte del año, explica en ese caso particular el descenso en la cantidad de reportes”.

“Sin embargo, no parece razonable pensar que la pandemia explique por sí sola esta caída registrada” en la cantidad de ROS presentados en todos los sujetos obligados del sector no financiero, expresó la UIAF.

“De hecho y a modo de ejemplo, la actividad inmobiliaria se ha mantenido en los mismos niveles que en 2019 (más allá de que en los primeros meses cayó en forma importante, posteriormente se recuperó y llegó a los mismos niveles del año anterior). Habiéndose mantenido el nivel de actividad inmobiliaria, el número de reportes recibidos de escribanos se redujo en forma importante”, cuestionó el informe del BCU.

“Dentro de las posibles causas de esa reducción significativa en la cantidad de ROS presentados por ese sector de sujetos obligados pueden identificarse una eventual reducción en la percepción de riesgo como consecuencia de las disposiciones que introdujo la LUC aprobada en 2020, la reducción de la presión que generalmente ocurre luego de superar el proceso de Evaluación Mutua del GAFI (Uruguay lo pasó entre 2019 y 2020), así como también la existencia de un menor contacto con ese sector de sujetos obligados como consecuencia de la pandemia”, explicó la UIAF.

“Para revertir esta preocupante tendencia” de caída de ROS del sector no financiero, “será necesario abordar el tema en forma conjunta con la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y los sujetos obligados”, concluyó la UIAF.

En 2020, 12 casos fueron a la justicia

Además de los 694 ROS recibidos en 2020, la UIAF del Banco Central dispuso 11 investigaciones de oficio (en 2019 habían sido 2).

De los 705 reportes de sospecha de lavados y actuaciones de oficio, “se puso en conocimiento de la justicia penal competente la información relacionada con 12 casos a efectos de continuar las investigaciones en dicho ámbito al haberse detectado la existencia de indicios de posibles vínculos con actividades delictivas”, explicó el informe.

Esos 12 casos contenían “la información proporcionada en 43 reportes de operaciones sospechosas presentados por los sujetos obligados y en 2 investigaciones de oficio iniciadas por la UIAF”, agregó.

Además, “al amparo del artículo 24º de la ley 19.574 (de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo), durante el año 2020 la UIAF adoptó una resolución para impedir por 72 horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen podría estar vinculado con delitos precedentes al lavado de activos y la prohibición de acceso a un cofre fort”, indicó el informe. La justicia luego confirmó la medida de la UIAF y resolvió “mantener inmovilizado el activo y la prohibición de acceso al cofre fort”, añadió.

Según la unidad especializada del BCU, si se considera el último quinquenio (2016-2020), “los casos cuya información fue puesta en conocimiento de la justicia penal fueron 41, habiéndose dispuesto en 16 de ellos la inmovilización previa de los fondos involucrados por un total de US$ 5.709.867”.

En el período 2016-2020, el 54,5% de los ROS ha sido presentado por los bancos, seguido de empresas de transferencias de fondos con 9,3%, casinos con 7,2%, empresas de servicios financieros/casas de cambio con 4,7% y escribanos con 4,6%.

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