El aumento de la urbanización y el crecimiento económico han derivado en una mayor congestión y contaminación en América Latina y el Caribe, pero es posible mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente, a través de soluciones alternativas de transporte financiadas por Asociaciones Público-Privadas (APP), según un nuevo estudio.

El uso de las APP en la movilidad inteligente en América Latina y el Caribe, producido el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encomendado a Economist Intelligence Unit, fue presentado ayer en la Conferencia PPPAméricas, en Punta del Este.

"El transporte público y la infraestructura no se han desarrollado al mismo ritmo del crecimiento económico y demográfico en América Latina y el Caribe", dijo David Bloomgarden, especialista líder del Fomin en Acceso a Servicios Básicos y Crecimiento Verde.

"Con más de un 80% de las personas viviendo en ciudades, las soluciones de movilidad inteligente serán fundamentales para impulsar la prosperidad y mejorar la calidad de vida ante el caos, la contaminación y la congestión vehicular", añadió.

Según el informe, la región cuenta con la mayor tasa de urbanización en el mundo en desarrollo, con casi el 81% de su población concentrada en las zonas urbanas. Esto ha generado problemas como un sistema de transporte público sobrecargado, contaminación, y trayectos diarios cada vez más largos, tanto en ciudades grandes como pequeñas. La búsqueda de soluciones ha estimulado la exploración de alternativas de movilidad.

Estas soluciones de movilidad inteligente a menudo incluyen la participación tanto de las empresas privadas como de organismos públicos, a través de Asociaciones Público-Privadas, que también se utilizan para el financiamiento de iniciativas a gran escala, tales como los sistemas de metro y carreteras. En total, la región de América Latina y el Caribe representa el 11% de la inversión mundial en APP.

El informe señala que las APP más populares de transporte son las que involucran la tecnología del sector privado, la cual no podría ser ofrecida por el Estado, y las que promueven tecnologías verdes.

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