Informe

La "bomba" que debe desactivar Argentina en una carrera contrarreloj: la deuda

El gobierno argentino ya incumplió un vencimiento de deuda con el Club de París y tiene 60 días para desactivar la "bomba" de no caer en default. Para ello precisa un acuerdo de prórroga con el FMI.

Martín Guzmán y Alberto Fernández. Foto: AFP.
Martín Guzmán y Alberto Fernández: el ministro de Economía se juega una apuesta díficil. Foto: AFP.

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Argentina vuelve a negociar su deuda a contrarreloj. Luego de incumplir con el pago de un vencimiento por US$ 2.400 millones de la deuda que mantiene con el Club de París, desde el 31 de mayo empezó a correr un período de gracia de 60 días. El gobierno de Alberto Fernández contará con ese plazo para exhibir avances en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una condición que los países miembros del Club de París exigieron.

Clave

¿De dónde surge el vencimiento de deuda con el Club de París?

La deuda contraída con el Club de París proviene de un acuerdo de 2014 bajo la Presidencia de Cristina Fernández, en el que se estableció un periodo de gracia de cinco años, hasta mayo de 2019, que podría extenderse por otros dos años. Una de las opciones que baraja Argentina es la extensión y reestructuración de la deuda, que fue rechazada hace un año por el Club. No obstante, si el solicitante tiene un programa vigente con el FMI, el Club de París podría acceder a la reestructuración.

Luego de la reestructuración de la deuda con los acreedores privados acordada en agosto del año pasado, Guzmán fijó como una prioridad de su gestión renegociar la deuda de US$ 44.000 millones que Argentina tiene con el FMI. Con la mayor parte de los vencimientos concentrados en 2022 y 2023, el gobierno argentino busca alcanzar un Acuerdo de Facilidades Extendidas que le permita estirar los plazos de pago en 10 años, además de lograr cinco años de gracia para recién después empezar a pagar las obligaciones.

Para avanzar en esas negociaciones, Guzmán viene planteando una reducción gradual del déficit fiscal primario, que en 2020 fue del 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque los recortes no fueron anunciados, el gobierno está aplicando de hecho un ajuste silencioso.

Con una fuerte caída en términos reales de las erogaciones en jubilaciones, salarios públicos, programas sociales y transferencias a las provincias el déficit fiscal descendió al 0,2% del PIB en el primer cuatrimestre del año frente a 1,42% del PIB en igual período de 2020.

Medida

El doble ajuste en Argentina: el fiscal y el monetario

En el primer cuatrimestre del año, las erogaciones del Estado quedaron en gran parte por detrás de la inflación acumulada, del 46,3% interanual. Así, el gasto en prestaciones sociales, lo que incluye las jubilaciones y los planes sociales, aumentó en un 25,3% en el primer cuatrimestre versus igual periodo de 2020; los salarios del sector público (+27,8%), y las transferencias a provincias (-21,7%). Sólo incrementó en el periodo el gasto en obra pública, y en subsidios económicos (+54,3%).

El ajuste fiscal se combina al mismo tiempo con una prudencia monetaria. Según datos del Banco Central, la Base Monetaria pasó de 2,42 billones de pesos argentinos en diciembre pasado, a 2,5 billones de pesos argentinos en mayo. Si se la hubiera querido mantener constante en términos reales -descontando la inflación- la Base Monetaria debería haber subido por lo menos 0,5 billones, bastante más de los 0,08 billones que aumentó.

Esa reducción del gasto público, que se vuelve aún más evidente ante los impactos sociales causados por la irrupción de la segunda ola del COVID-19, viene siendo cada vez más cuestionada por sectores del propio gobierno.

Con las elecciones parlamentarias de medio término en el horizonte -las primarias serán el 12 de septiembre y las generales, el 14 de noviembre-, el sector que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández se niega a avanzar en un ajuste fiscal como carta de negociación con el FMI y presiona para que el gobierno se endurezca o bien postergue un eventual acuerdo para después de los comicios.

La presión del kirchnerismo, que se viene haciendo cada vez más pública, ya tiene un efecto concreto. Lejos del plan original de Guzmán de reducir el monto de los subsidios económicos mediante aumentos en torno al 30% en las tarifas de servicios públicos como la electricidad y el gas, los incrementos finalmente serán inferiores al 10%.

Además del freno del ajuste en las tarifas, el kirchnerismo reclama dejar atrás la etapa de austeridad fiscal para destinar más fondos a los sectores afectados por las restricciones a la movilidad. De hecho, en una solicitada titulada “Primero la salud y la vida, después la deuda” difundida el 25 de mayo pasado, políticos, sindicalistas y empresarios identificados con las posiciones de Cristina Fernández propusieron “impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria”.

El gobierno de los Fernández (Alberto y Cristina) enfrente un difícil momento. Foto: AFP
El sector de la vicepresidenta Cristina Fernández presiona al presidente Alberto Fernández para expandir el gasto y postergar la negociación con el FMI. Foto: AFP

“Guzmán busca un programa no tan exigente en el plano fiscal pero que incluye un fuerte foco en la reducción de los subsidios energéticos, y eso choca con las intenciones del otro lado de la coalición. Además, hay una diferencia en el timing: mientras Guzmán quiere firmar un acuerdo antes de las elecciones porque cree que eso tendría un buen impacto en el mercado cambiario y en el acceso a los mercados de deuda, el ala más política del gobierno busca llegar al acuerdo recién después de las elecciones porque considera que no sería un mensaje adecuado para su electorado”, dijo a El País Juan Pablo Di Iorio, economista de la consultora ACM.

Factor

Las elecciones legislativas en Argentina, una bisagra

Tironeados entre las exigencias de mayor dureza del sector mayoritario de la coalición de gobierno y las urgencias que plantea una economía endeble, Alberto Fernández y Guzmán buscan alcanzar, al menos, un acuerdo parcial con el FMI que permita no solo postergar los vencimientos con el Club de París, sino también prorrogar las obligaciones por US$ 4.100 millones que Argentina debería pagarle al organismo multilateral de crédito entre septiembre y diciembre de este año.

Sin un acuerdo previo, Argentina debería acudir a las reservas del Banco Central para evitar un default.

Gracias a los altos precios de la soja y al cepo cambiario que restringe la salida de dólares incluso para importaciones, el Banco Central ha venido recomponiendo su stock de reservas desde diciembre pasado. Sin embargo, las reservas netas -descontados el swap de monedas con China, encajes bancarios, depósitos del gobierno y préstamos con organismos internacionales- aún son escasas: ascienden a unos US$ 7.500 millones. En cualquier caso, a eso se sumará el ingreso al Tesoro de US$ 4.354 millones por la ampliación de los derechos especiales de giro (DEG) dispuesta por el FMI para proveer de liquidez a sus países miembros.

“Las idas y vueltas en el gobierno vienen trabando la negociación con el FMI, pero esta cuestión política se levantará una vez que las elecciones pasen. Tarde o temprano, Argentina tendrá que firmar un acuerdo porque no está en condiciones de pagar vencimientos por casi US$ 40.000 millones en los próximos dos años. Para evitar que el Club de París declare en default la deuda de Argentina una vez vencido el plazo de gracia, lo más probable es que, aunque no haya un acuerdo formal hasta después de las elecciones, en las próximas semanas surja algún tipo de entendimiento con el FMI. El pragmatismo finalmente se va a imponer”, dijo Sigaut Gravina.

Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva y Martín Guzmán, Ministro de Economía de Argentina. Foto: Reuters
El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, busca algún acuerdo por la deuda que el país tiene con el FMI, dirigido por Kristalina Georgieva. Foto: Archivo

El plazo de 60 días para que Argentina desactive la "bomba" de la deuda con el Club de París (y evitar el default) empezó a correr el pasado lunes. La carrera contrarreloj ahora, es con el FMI para buscar un acuerdo.

No obstante, la cercanía de las elecciones legislativas de medio término también juegan su rol.

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