NEGOCIACIÓN DE DEUDA

El gobierno de Alberto Fernández logró remover uno de los principales obstáculos que tenía por delante la economía argentina. El acuerdo alcanzado el martes pasado con la mayoría de los acreedores privados no solo despeja el cronograma de vencimientos de deuda en el corto y mediano plazo, sino que reduce las incertidumbres en torno al rumbo económico de Argentina en los próximos años.

“Lograr un acuerdo con los acreedores es una buena señal e indica que, por lo menos en ese aspecto, Argentina pretende mantener las relaciones con el mundo, lo que no es poca cosa frente a las idas y vueltas que tuvo la negociación en los últimos meses. Lo ideal sería que el gobierno mantenga el impulso y avance ahora en definiciones que den mayor certidumbre”, dijo a El País Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, en Buenos Aires.

Tras la reestructuración de la deuda bajo ley extranjera, los vencimientos por un total de US$ 30.200 millones que Argentina debía pagar hasta 2024, ahora se reducen a US$ 4.500 millones. La expectativa del gobierno es que ese alivio financiero permita disminuir el índice de riesgo país desde los 2.300 puntos básicos registrados a fines de julio a niveles en torno a 1.000 en los próximos meses. De concretarse, esa baja abriría las puertas para que a mediano plazo empresas de primera línea y provincias puedan acceder al mercado de deuda.

En ese marco de menor incertidumbre, los analistas esperan una leve descompresión de las tensiones cambiarias. Hasta ahora, esas estimaciones no se cumplieron. Si bien tras el anuncio del acuerdo el dólar “blue” cayó de 136 a 128 pesos argentinos, en los últimos tres días la cotización recuperó buena parte de lo perdido. En el caso de los dólares financieros que surgen de la compra-venta de acciones o títulos públicos, la suba de los últimos días ya llevó a la cotización incluso por encima de los niveles previos al acuerdo.

El gobierno apuesta a reducir la brecha entre el dólar oficial y los alternativos para anclar las expectativas de inflación, que rondan el 40% para este año. Sin embargo, aún si se consolidara en las próximas semanas una menor presión sobre el dólar, eso no impulsará al gobierno a avanzar en una flexibilización del cepo cambiario. La razón es que, además de los riesgos devaluatorios latentes por la oleada de pesos emitidos en los últimos seis meses, una de las prioridades de la política económica en los próximos meses pasará por engrosar las escasas reservas del Banco Central.

Para el consenso de los economistas, haber despejado la incertidumbre en torno a la deuda con los bonistas es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente para resolver los severos desequilibrios que enfrenta la economía argentina. En ese marco, el próximo objetivo pasará por alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el principal acreedor del país tras los US$ 44.000 millones desembolsados en 2018 y 2019.

La meta del ministro de Economía, Martín Guzmán, es alcanzar una prórroga que permita cancelar esa deuda en, al menos, 10 años. La postergación resulta imprescindible: si se mantuvieran las condiciones actuales, Argentina debería pagarle al FMI más de US$ 41.000 millones entre 2021 y 2023.

A diferencia de las negociaciones con los acreedores privados en que las prioridades pasan por los términos de la oferta, en las discusiones con el Fondo ingresarán cuestiones más ríspidas como límites al gasto público y a los niveles de emisión monetaria por parte del Banco Central de la República Argentina, además de las clásicas demandas del organismo multilateral relacionadas con reformas estructurales en materia laboral, impositiva y previsional.

Lejos de esa agenda, Guzmán ya adelantó que buscará acordar un programa con el FMI “bien distinto al anterior, que esté basado en premisas que nosotros consideramos más sensatas sobre el funcionamiento de la economía, como la política fiscal y monetaria en momentos de recesión”

Negociar con otro acreedor: el FMI

La negociación con el FMI, que comenzaría en septiembre, amenaza con ser dura si se tiene en cuenta el punto de partida del gobierno argentino. El déficit fiscal primario pasará del equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) registrado en 2019 al 8% este año.

“El desafío de acomodar las cuentas públicas pos pandemia lo tendrán todos los países, pero Argentina es otra historia. Vale recordar lo que sucedió tras la crisis subprime de 2009: mientras en pocos años la mayoría de los países logró volver a déficits fiscales razonables, Argentina continuó elevando el rojo hasta llegar al 7% del PIB en 2015. A eso se suma que como el dinero del préstamo ya está del lado de Argentina y el país renegoció la deuda con los acreedores privados, la presión que puede ejercer el FMI en esta ocasión será limitada”, dijo a El País Ramiro Castiñeira, economista jefe de la consultora Econométrica, en Buenos Aires.

Luego del acuerdo alcanzado con los principales grupos de bonistas, el 24 de agosto se conocerá el verdadero nivel de adhesión de la propuesta de reestructuración argentina, que incluye una quita en torno al 45% en el valor presente neto. “Se dio un muy buen paso, pero para resolver los desequilibrios que presentan la mayoría de las variables, se requerirá de mucho más”, dijo Baer.