ENTREVISTA A HUGO ODIZZIO

Presidente de BPS: "Puede haber algún uso abusivo de beneficios", hay que "analizar"

El presidente del BPS, Hugo Odizzio, habló sobre la situación financiera del organismo, los efectos del COVID-19 y las prioridades de su gestión. 

Hugo Odizzio, presidente del BPS
Hugo Odizzio, asumió a inicios de abril como presidente del BPS, tras haber sido nominado inicialmente para la Agesic. Foto: Francisco Flores. 

La oficina de Hugo Odizzio cambió de lugar dentro del edificio del Banco de Previsión Social (BPS) y tras casi tres décadas en distintos puestos en abril asumió como presidente. Pero su voz llega más lejos, hasta la Torre Ejecutiva, porque es parte del círculo de confianza del presidente Luis Lacalle Pou.

El organismo que preside es a donde apuntan ahora todas las miradas, porque es responsable de pagar la mayoría de los subsidios que se han anunciado para las personas afectadas por el coronavirus. “El BPS honró siempre los compromisos y los seguirá honrando”, expresó Odizzio a El País, y adelantó que estima un crecimiento del 40% en los gastos por subsidio a raíz de la pandemia.

También habló sobre cómo pretende registrar este y otros asuntos a nivel contable para “sincerar los números” y el debate sobre la asistencia financiera al organismo, así como de los efectos que tuvo a su entender la ley de flexibilización de las jubilaciones de 2008.

Además de lo financiero, Odizzio repasó algunas de las prioridades para este período. Entre las miradas de mediano plazo que lo desvelan, está la reforma de la seguridad social, que será parte de una segunda entrega de la entrevista. A continuación, un resumen de la charla:

—¿Qué ventajas le da conocer el funcionamiento interno del BPS? ¿Cree que eso tiene alguna desventaja también?

—Uno de los motivos por las cuales en un principio se había manejado que yo no viniera aquí es porque uno a veces cuando tiene una historia debe ponerse a salvo de sus propios prejuicios, y ese es mi foco todos los días, que no haya situaciones o experiencias anteriores que me condicionen. Pero sin dejar de lado que la experiencia es también fruto de esas vivencias anteriores. Comprender todas las variables que se manejan en torno a la seguridad social y las peculiaridades de la gestión del BPS es un proceso de inducción que lleva tiempo. De repente en tiempos de paz sin todo esto arriba de la mesa (por la pandemia), un equipo de gente puede tener ese proceso de inducción con un nivel de exigencia razonable, pero hoy les hubiera demandado estar resolviendo el día a día en la medida que van tomando conocimiento de ciertas realidades. En resumen, la historia ayuda y también nos permite identificar aquellas cosas que de repente no teníamos la injerencia necesaria para resolverla antes y para hacer cambios.

Parte del "equipo" del presidente Lacalle Pou

Odizzio integró el equipo de asesores de Luis Lacalle Pou durante la campaña electoral y hoy sigue visitando Torre Ejecutiva como hombre de consulta. Sus proyectos no se enmarcan solo en el BPS y habla como alguien que forma parte del “equipo” del presidente. Tanto que comparte un grupo de Whatsapp con los principales jerarcas y los científicos que asesoran al gobierno acerca de la pandemia, o que como “hombre de equipo” dejó atrás la designación inicial al frente de la Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico) para ir al BPS debido “al nuevo escenario” que se presentó.

—¿Cómo cree que ve la población al BPS y qué tantos prejuicios entiende que existen, por ejemplo sobre la financiación?

—En el global de todas las erogaciones del BPS los subsidios (por desempleo o por enfermedad) son menos del 10%, no es que sean cifras despreciables la que nos ha agregado el coronavirus, pero no existe un riesgo de financiamiento de lo que es la actividad del BPS. Yo pongo mucho empeño en transmitir tranquilidad a la población, que esto es parte del ser nacional, el BPS siempre honró los compromisos y los seguirá honrando, puede significar que el país acreciente su déficit o deba endeudarse y esas son definiciones que toma el equipo económico, pero el BPS va a seguir pagando como lo hizo siempre.

—¿Si pone énfasis en ese mensaje es porque cree que hay dudas en parte de la población?

—Sí, muchos colegas de usted me preguntan si el BPS va a poder y les digo que el BPS siempre pudo y va a poder. ¿Cuáles son los riesgos? Es una explicación que quizás venga atada a la necesidad de una reforma. Los riesgos son que si por ejemplo ahora no hacemos nada respecto a la reforma del sistema de jubilaciones, que nada tiene que ver con los subsidios que es una cuestión temporal, lo que hoy son US$ 600 millones de asistencia de Rentas Generales en 10 años podrían ser US$ 1.200 millones, y eso genera otros problemas a la sociedad. Se podrá recaudar con mayor presión fiscal pero en el Uruguay ya es alta, y eso impacta en los emprendimientos en los cuales el Estado es socio —porque cobra impuestos y contribuciones a la seguridad social que tienen un peso importante en la ecuación de las empresas—, cuanto más grande es ese peso más difícil es que los productos uruguayos se coloquen. Estamos hablando de la sustentabilidad del sistema, que implica que toda la sociedad pueda darle un respaldo a la seguridad social que sea posible financiar.

—Hay un debate conceptual sobre si hablar de déficit del BPS o no. ¿Qué opina usted? ¿Un resultado neutro sería lo óptimo o el BPS no trabaja para eso?
—El BPS tiene a partir de la reforma de 1989 (plebiscito) una fórmula de ajuste de las pasividades que es constitucional, eso está fuera de toda discusión. A partir de esa reforma y el incremento sostenido del gasto, se dispone la afectación del IVA, en siete puntos que vienen destinados al BPS. Si uno mira lo que es un sistema de reparto puro, quiere decir que los trabajadores aportan todos los meses y que ese dinero es capaz de financiar a los jubilados que están recibiendo beneficios en ese momento, pero desde el momento en que hubo que destinar siete puntos del IVA que pagamos todos los uruguayos a financiar el sistema de reparto es claro que no es sostenible por sí mismo y es deficitario. Ese resultado motivó el debate de una reforma en el 1992 que no se implementó, y luego len 1995 que se aprobó y se implementó en 1996. Básicamente el cálculo que se hizo para esa reforma fue el de la sostenibilidad financiera, sin tocar los siete puntos de IVA. Así se llega a que en el año 2007, diez años después de la entrada en vigencia de la reforma, la asistencia de Rentas Generales era casi nula, ese fue el efecto esperado de la reforma. Después en 2008, con la ley de flexibilización, esos siete puntos de IVA más todos los cambios de 1996 volvieron a ser insuficientes y empezó a requerirse una asistencia de Rentas Generales progresiva, porque aumentó el número de altas y otra serie de factores. Entonces, esa reforma que fue pensada para flexibilizar en alguna medida el acceso tuvo un efecto que superó largamente a todo lo previsto y estamos en este escenario donde hay que replantearse nuevamente la sustentabilidad.

Los datos de las exoneraciones fueron pedidos por el representantes de los trabajadores, que quiere "transparentar" la asistencia al BPS. Foto: F. Ponzetto
El presidente del BPS apuntó a la reforma de 2008, que flexibilizó el acceso a las jubilaciones, como la razón del déficit actual. Foto: F. Ponzetto

—En el último período estuvo cerca de duplicarse la asistencia financiera. ¿Eso se debe solo a la ley de flexibilización de 2008 o hay otros factores?

—Si uno mira las gráficas de la asistencia financiera —ahora que estamos todos mirando gráficas y aplanando curvas—, en 1996 crece un poco por la transición (hacia el sistema mixto) y después empieza a bajar. En el 2008 empieza con una pendiente totalmente diferente, mucho más pronunciada, y tenemos ahora la cifra de US$ 605 millones (la asistencia que necesitó el BPS en 2019). Eso es un efecto claro vinculado a la flexibilización en las condiciones de acceso, y un conjunto de disposiciones de carácter administrativo que además facilitaron adicionalmente la prueba de servicios anteriores a 1996.

—La contracara de lo que usted plantea es que a raíz de esos cambios se aumentó la cobertura de las jubilaciones porque más gente accedió.

—Sí se amplió la población amparada. Algunas de esas personas tenían muchos años de trabajo informal y una edad próxima a retirarse, y muchos años de servicio —más de la mitad de los años de su vida laboral— en la época que había falta de documentación o que aún haciendo aportes la empresa eso se perdió. Había un banco de niebla, el BPS para atrás de 1996 veía muy poco. Todas esas complejidades esta norma de 2008 no las resolvía plenamente, bajaba las exigencias desde el punto de vista de años y se complementó con una disposición de carácter administrativo de 2006 que permitía declarar esos años anteriores a 1996 de una manera bastante simplificada, que se daba por cierta si se cumplían ciertas condiciones. Hoy tenemos 24 años de historia laboral, esos instrumentos ya tienen una efectividad menor. Por ejemplo una buena cosa de la ley de 2008 es que le reconoció a la mujer que tiene por efecto de la maternidad una pérdida de oportunidades de empleo, un año (de trabajo) por hijo. Esa es una buena cosa, a mi no me gustan las posiciones de todo aquello está mal o bien, hay cosas que se hicieron bien. También creo que en el tema de la discapacidad se pasó a un escenario muy flexible, se dispararon las altas por discapacidad, pero también se debe reconocer que hay nuevas patologías. La seguridad social es dinámica y hay que estar constantemente analizando.

—Cuando asumió dijo que había estudios sobre los procesos internos del BPS hecho en los últimos años y que ahora llegaba la hora de llevar a la práctica las conclusiones que se sacaron. ¿Cuáles son las prioridades para estos años de gestión?

—En diversos ámbitos de la administración pública desde el equipo del actual presidente, identificamos diferentes cosas que había que mejorar. En particular en el BPS hicimos una hoja de ruta de cosas a priorizar. Nosotros cuando asumió el gobierno el 1º de marzo comenzamos con un sentido de urgencia que no se ha perdido. Hoy toda la comunicación se centra en torno al coronavirus y los test positivos, pero ese sentido de urgencia del hacer sigue estando presente. De hecho, acá mientras estamos viendo los problemas que nos da el subsidio de desempleo, venía para acá y pensaba que tenemos un tema a resolver en el call center: debemos bajar los tiempos de espera. Una de las ideas, por ejemplo, es que el teletrabajo permita que los funcionarios mayores de 65 años —que tienen indicación de no venir— o personas con hijos pequeños a cargo, puedan trabajar desde su casa. Es un escenario complejo porque esto no está regulado claramente, pero los tiempos a nivel de lo que es la atención no presencial era uno de los diagnósticos. Otro era que estamos haciendo muchas cosas sin norma habilitante, como un programa de pesquisa neonatal de las enfermedades que se llaman errores innatos del metabolismo, que la hicimos a pedido del Ministerio de Salud Pública, pero lo asume el BPS y precisaríamos una ley y un financiamiento expreso por presupuesto. Son cosas por decirlo de alguna manera a emprolijar. Después tenemos algunas situaciones que queremos analizar, en cuanto a que puede haber un uso abusivo de algunos beneficios.

Sobre los informales: "Debemos comprender por qué están por fuera del sistema"

—Uno de los temas que llegó al debate público por la pandemia es la situación de los informales. ¿Se debería pensar en alguna política específica para ese sector?

—Sobre la cantidad de personas que están fuera del sistema, creo que lo que debemos es comprender por qué esas personas dentro de su razonamiento sacan la conclusión que es mejor estar afuera que adentro. Hay que estudiarlo eso. Hay otras países que hacen algunas soluciones como un aporte complexivo a la seguridad social y al pago de una vivienda. Pensar de qué manera se ven los retornos en el presente, cuando la persona ve que aportar a la seguridad social le resuelve, como pasó, la salud de los hijos. Los uruguayos no creemos a veces mucho en la gratificación diferida la queremos al contado, capaz incluso es algo del mundo actual del lo quiero ya y ahora, pero en seguridad social no es lo más adecuado pensar en el hoy solamente.

—Uruguay tiene aproximadamente 25% de informalidad, lo que en términos históricos y regionales es un número bajo. ¿Hay posibilidades de atacar ese sector, porque siempre va a haber una parte de la economía que es informal?

—Sí, no existe sistema tributario de evasión cero. En un área de recaudación de impuestos se analiza cuánto me cuesta a mi en plata cada peso que mejoro la recaudación. Si gasto cinco pesos en mejorar un peso la recaudación no estoy haciendo las cosas bien. En el caso de BPS, el no tratar de mejorar el cumplimiento implica que hay gente que no está teniendo cobertura ante ciertas circunstancias e implica que al final del camino esa persona va a tener un estado de carencia cuando sea un adulto mayor que se va a resolver con una prestación no contributiva. Entonces hay en el hoy una responsabilidad del organismo de enfocarse no solo en la recaudación sino también en la protección. Las personas que están en la informalidad desde el punto de vista de la seguridad social, lo están también en lo que es la seguridad del empleo, lo están también en la regularidad de las coberturas de salud, hay una serie de situaciones. Tenemos un deber también porque no es una buena señal para el que está cumpliendo que haya gente al lado que no cumple, y ahí empezamos a distinguir escenarios. Por un lado hay un segmento de ese 25% que seguramente sea destinatario de programas más enfocados en la asistencia y en eso vamos a coordinar mucho con el Mides (Ministerio de Desarrollo Social), y hay otro segmento que tiene una economía informal pero que compite con la economía formal y la ecuación no puede ser que el que está en regla vea que le va mejor al que está fuera del sistema.

—¿El BPS maneja alguna estimación de cuánto podría implicar el gasto extra por los nuevos subsidios y beneficios asociados a la pandemia?

—Tenemos unos números de las primeras liquidaciones y comparadas con el trimestre del año anterior, creció alrededor de US$ 50 millones, pero falta abril que estamos liquidando y después mayo. También se creó ahora otra forma de subsidio, entonces va a haber otros números. Sin especular con cifras, supongo que podemos estar en un 40% de incremento respecto al año pasado para estos beneficios.

—¿A nivel contable se piensa hacer alguna modificación para reflejar esos costos por separado? Los directores sociales suelen decir que los políticos votan beneficios y después se rasgan las vestiduras con el déficit del BPS.

—No conocía que los directores sociales tuvieran ese enfoque, que me parece legítimo, porque comparto en buena medida ese enfoque de las cuentas claras. Sin dudas esto ya en el balance está en un renglón aparte, lo que podríamos hacer y es una buena forma de sincerar las cuentas —el presidente de la República destaca mucho la cuestión de la transparencia—, es diferenciar los impactos del coronavirus en el déficit del BPS. Respecto a eso hay otra mirada también, que es que hacemos muchas cosas para terceros. Está bueno que el Estado genere una economía de escala               —recaudamos para la DGI las partidas de IRPF, recaudamos para el Inefop, para la caja de profesionales los timbres, recaudamos el Fonasa—, pero todo esto es una gestión desde el punto de vista del procesamiento de información muy compleja y no cobramos comisión. Sin embargo, un caso curioso, es que por los siete puntos de IVA que hablábamos al comienzo sí nos cobra comisión la DGI. Esto son todo cuentas públicas, no es la idea intercambiar cheques, pero sí y es una de las cosas que tenemos como plan de trabajo, es necesario que el BPS desarrolle un sistema de costos, porque por ejemplo pagamos comisión por ciertos pagos a agentes del sistema financiero como redes de cobro y lo hacemos al 100%. Por lo menos que nos figure que de los $ 1.000 millones que el año pasado pagamos en comisiones, que hay $ 200 o $ 300 millones que lo hacemos por terceros. Incluso pasa aunque parezca extraño con el pago de beneficios, por ejemplo cuando un trabajador se jubila por la AFAP y tiene una renta vitalicia del Banco de Seguros, se integra (a la jubilación por BPS) así hay un solo recibo, una sola transferencia al jubilado y una sola comisión por el pago, que la pagamos nosotros 100%.

—¿La idea sería que se transparenten esos números para el debate público sobre la financiación del BPS?

—Sí. Hay otro tema que es de larga historia que es sobre las exoneraciones patronales. En definitiva son una renuncia fiscal que hace el Estado porque quiere estimular a cierto sector de la economía por cierto período, pero otra cosa es una actividad en general como la enseñanza por ejemplo. También me gustaría que se dijera: esto ingresa como un ficto y el Estado asume explícitamente que transfirió al BPS tanto para el pago de esas exoneraciones. Hay que empezar a sincerar los números, hay que hacer las cuentas claras. Lo que acabo de decir de imputar contablemente de manera adecuada las exoneraciones patronales es una bandera que el representante del Pit-Cnt lleva, y ahora la tomo yo porque estoy de acuerdo con esa bandera.

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