Podrán reducir las jornadas de trabajo de sus empleados

Brasil: autorizan a firmas en crisis a flexibilizar salarios

El gobierno brasileño anunció ayer una legislación provisional que permitirá a empresas en crisis reducir la jornada de trabajo de sus empleados, y proporcionalmente sus salarios, como herramienta para evitar despidos masivos.

El llamado Programa de Protección al Empleo (PPE), un decreto ejecutivo firmado por la presidenta Dilma Rousseff, busca ayudar a sectores que, como el automotor, en los últimos meses y ante la fuerte caída de la demanda, han despedido a miles de empleados para reducir su producción.

La norma autoriza a empresas que enfrenten dificultades financieras temporales a reducir la jornada de trabajo de sus empleados hasta en un 30%, con la consecuente reducción del salario en el mismo porcentaje, con el fin de reducir la producción sin tener que despedir trabajadores. El Estado subsidiará al empleado afectado con el pago de hasta la mitad del valor de la pérdida salarial. El gobierno calcula que el subsidio tendrá un costo de unos US$ 33,3 millones tan sólo este año y ayudará a preservar unos 50.000 empleos.

La legislación especial regirá hasta el 31 de diciembre de 2016, para cuando el gobierno considera que estará superada la actual coyuntura económica negativa y el país estará creciendo nuevamente, tras la contracción de hasta el 1,5% esperada para este año. Además de la contracción económica y de una posible recesión este año, Brasil sufre la mayor inflación interanual en la última década, las mayores tasas de intereses en diez años, una fuerte reducción del consumo y las ventas, y un creciente desempleo.

El aumento del desempleo y de la inflación, junto con el encarecimiento del crédito, ha obligado a las familias a reducir el consumo y ha provocado una caída de la demanda en varios sectores. El secretario general de la Presidencia, Miguel Rossetto, en una rueda de prensa que concedió en la sede del Palacio de Planalto para detallar la medida, aseguró que el gobierno creó un grupo interministerial para determinar cuáles sectores podrán flexibilizar las jornadas y los salarios.

Los sectores beneficiados serán anunciados este mismo mes y las empresas que quieran adoptar la legislación tendrán plazo hasta diciembre próximo para adherir al programa. Las compañías que se acojan tendrán que comprometerse a no despedir ningún empleado hasta al menos dos meses después de que la medida pierda vigor, es decir hasta febrero de 2017.

Así un trabajador con salario de 5.000 reales podrá ser obligado por la empresa a reducir su jornada laboral hasta en un 30 %, lo que le acarreará en una pérdida salarial correspondiente. Ese empleado pasará a recibir 4.250 reales , de los que 3.500 reales serán aportados por su empleador y otros 750 reales serán cubiertos por el subsidio. EFE

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