LA EVALUACIÓN PENDIENTE

Buscan eliminar dificultades para cumplir ley Antilavado

Es uno de los objetivos con los que se trabaja en la reglamentación de ella.

En lo que va del año el dólar interbancario aumentó casi 11%. Foto: AFP
Senaclaft quiere que la ley esté reglamentada para que tenga algunos meses de aplicación. Foto: AFP

La Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) se encuentra trabajando en la reglamentación de la ley integral en la materia, que el Parlamento aprobó a fines del año pasado. Para esa tarea está consultando a los sectores involucrados (como inmobiliarias, contadores o casinos, entre otros) con "cierta premura", ya que necesita que esa reglamentación esté vigente y aplicándose este año. Es que el próximo, Uruguay será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

El titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, acudió a la Comisión Especial con Fines Legislativo de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado por este aspecto.

"Nuestra idea es tratar de eliminar cualquier dificultad de cumplimiento que pueda tener la ley debido al desconocimiento de la actividad real de cada uno de los sectores" y "es importante que en todas las áreas se recoja la opinión del sector y se analice si hay normas que no se pueden cumplir y, entonces, se deban modificar", afirmó Espinosa.

"Nuestra idea es tener este proceso de ida y vuelta en un mes o un mes y medio, con el plan de que en junio la Secretaría pueda redondear un proyecto de decreto para elevar al Poder Ejecutivo a fin de reglamentar la ley y la aplicación de sus normas", agregó.

El titular de la Senaclaft admitió que "tenemos cierta premura en los plazos porque recordarán que hay una evaluación internacional a la que Uruguay estará sujeto el próximo año, pero entre los meses de noviembre y enero hay que responder el cuestionario respectivo. Entonces, debemos explicitar qué es lo que está vigente y qué es lo que se está aplicando. Por tanto, queremos tener el detalle de la normativa reglamentaria pronto para cuando contestemos el cuestionario pero, además, con algunos meses de aplicación para demostrar que ya está vigente".

El presidente de la comisión, el diputado frenteamplista Alfredo Asti recordó que "cuando vinieron distintas asociaciones profesionales, nosotros asumimos de alguna manera un compromiso y les dijimos que el decreto reglamentario salvaría alguna de las prevenciones que ellos tenían".

Diputado Alfredo Asti. Foto: Fernando Ponzetto
Diputado Alfredo Asti. Foto: Fernando Ponzetto

En ese sentido, ejemplificó que "la Asociación de Escribanos planteaba que a su actividad profesional no se podían aplicar los mismos criterios que al sector financiero. Les dijimos que, obviamente, no van a ser los mismos, y por eso, dentro de lo que establece la ley, se van a adecuar; no se les puede pedir un seguimiento de las operaciones, como puede hacer el sistema financiero, a los profesionales que eventualmente intervienen en una operación con un cliente por única vez".

"De alguna manera tendrá que incluirse esto porque es un compromiso asumido", planteó Asti.

Además dijo que le preocupaba la situación de "las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales" que ahora pasan a ser sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas. "Esperamos que el decreto reglamentario pueda identificar más, de acuerdo a nuestra realidad", pidió Asti.

Espinosa respondió que la Senaclaft está "trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) con respecto a las asociaciones civiles, sobre lo que no hay información actualizada. En realidad, si queremos enfocarnos en el riesgo de determinadas asociaciones, precisamos información".

Agregó que "el Ministerio va a lanzar un censo —está aprobado por una ley de rendición de cuentas anterior— en mayo o junio, y a partir de ahí vamos a trabajar conjuntamente. Además, el decreto va a recoger el trabajo conjunto entre el MEC y la Secretaría Antilavado para tener en cuenta en aquellos casos que se entienda que puede haber alguna operación inusual o sospechosa, o cuando se requieran antecedentes de determinado tipo".

Según Espinosa, "la idea es definir determinado tipo de asociaciones con cierto tipo de actividad que puedan ser de riesgo para el lavado o financiamiento del terrorismo, y tratar de dejar afuera a todas las que no tiene ningún sentido controlar; como decía Carlos Díaz (N. de R.: el fallecido titular de la Senaclaft), no ocuparnos de merenderos".

"Lo que se debe hacer es contar con ciertas pautas para determinar cuál es nuestro objetivo y nuestro riesgo. Probablemente, el capítulo de asociaciones civiles del decreto será más general, hará referencia a la relación del MEC y Senaclaft, y después se abocará a la reglamentación concreta para cada uno de los tipos de asociaciones", explicó.

Un problema por el secreto bancario
Bóveda de banco. Foto: Pixabay

"El sector financiero ha planteado incorporar un artículo, atendiendo a una recomendación expresa de GAFI. Los grupos financieros internacionales tienen que poder intercambiar información mínima para prevenir el lavado de activos. Por ejemplo, si yo soy una red global financiera con clientes en todo el mundo, debería poder tener una visión global de mi cliente que está en Uruguay, pero tal vez también esté operando en Hong Kong. El área de cumplimiento de la institución tiene que poder saber qué está haciendo cada cliente", planteó el titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa ante el Parlamento.

El hecho de que un mismo banco intercambie información entre su filial local y otra en el exterior hoy no es posible por el secreto bancario uruguayo.

"En su momento, se manejó un borrador con la Asociación del Bancos y con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero no dio el tiempo para afinar una redacción que fuera satisfactoria para todos y quedó pendiente. Es un tema que podría discutirse acá porque van a intervenir pocos operadores y es bien concreto, porque apunta a una de las 40 recomendaciones específicas" del GAFI, recordó Espinosa.

"Además, no solo se trata de cumplir la recomendación porque el espíritu es que tiene que haber cierta flexibilidad, resguardando la privacidad, porque es muy lógico que una red global pueda usar datos para prevenirse y compartir los datos de toda su red. Uruguay es uno de los pocos países cuyo secreto impide ese tipo de intercambios", aseguró el funcionario.

"Tenemos que buscar una forma de compatibilizar esta situación y esta es una buena oportunidad. Inclusive, ya hemos hablado con el MEF y con el Banco Central (BCU) al respecto, porque bastaría con incluir un artículo que habilite esta posibilidad y después cada institución tendrá que presentar los procedimientos que va a usar, lo cual sería aprobado por el BCU o quien corresponda", agregó.

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