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Cables quieren que se bajen IP de las señales “robadas”

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Televisión sin señal de cable. Foto: Fernando Ponzetto

COOPERACIÓN ENTRE PRIVADOS Y EL ESTADO

Conversan con gobierno para una solución similar a la de apuestas ilegales.

En pasacalles, volantes, por redes sociales o mediante el “boca a boca”, se promocionan distintas alternativas para acceder a señales de televisión y contenidos de forma ilimitada a través de Internet. Hay ofertas de 2.000 canales por $ 300 al mes, y todas comparten el carácter de ilegal, porque lo que hacen es dar acceso sin habilitación a una señal paga.

Este es “hoy el principal problema” del mercado, dijo el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) -gremial integrada por empresas instaladas en el interior del país-, Washington Melo. Al participar en las Jornadas de Telecomunicaciones contó la afectación que ocasiona en el sector y complementó esa visión en diálogo con El País.

Recordó que cuando comenzaron este tipo de servicios ilegales “era con un pago por única vez que la gente compraba”, por ejemplo un decodificador que transmitía las mismas señales que una empresa de cable. Pero ahora “ya cobran abonos, lo que en el colectivo da una idea de que existe un respaldo (por parte de quien lo brinda) o que está autorizado porque presta un servicio continuo”.

Sin embargo, Melo subrayó que estas plataformas “roban todo lo que pueden”, mientras que los cables deben “pagar por todas las señales, excepto algunas pocas que son libres”.

Así, a las empresas formales del sector les resulta “imposible competir” con las truchas “por un tema de costos”.

Por ejemplo, mencionó que al negociar este año los derechos de la Copa Libertadores y Sudamericana, que antes eran exclusivos de Fox Sports -perdió el segundo torneo y comparte con Facebook la otra-, hubo un importante aumento.

“Nos dijeron de Fox que con lo que pagaron en la licitación anterior por los dos torneos esta vez no cubrían uno”, lo que por consiguiente incrementó lo que deben abonar los cables por la retransmisión, contó Melo. Todos problemas ajenos a las plataformas ilegales, que esperan que las empresas formales negocien y luego toman la señal.

De la recaudación bruta de los cables, entre 40% y 45% va a abonar los derechos de la programación. El presidente de CUTA y propietario de Consorcio Libertad Digital, televisora por cable de esa localidad de San José, explicó que “en el interior competimos contra las ofertas multinacionales (como Cablevisión o DirectTV) que de alguna forman nos topean el precio, entonces la mayoría de los incrementos en el valor de los contenidos los asumimos para no perder abonados”.

Eso tiene lógicos impactos en la rentabilidad del negocio. Melo dijo que la CUTA está conformada por unas 80 empresas, en su mayoría Pymes, que están sufriendo pérdida de clientes, un hecho que se magnifica por la dimensión del mercado. “Estamos en las capitales departamentales, en ciudades secundarias y también tenemos cables asociados en pueblos pequeños”, donde perder una decena de clientes ya es una crisis.

De hecho, hay varios de los servicios ilegales que tienen “más usuarios que muchas de las empresas establecidas” del sector de televisión para abonados. En diciembre, el director comercial de la firma de cable Nuevo Siglo, Eduardo Mandía, dijo al suplemento Qué Pasa que las plataformas ilegales tienen un 15% del mercado.

Solución

Si bien la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) sería la indicada para dar de baja las señales ilegales, no realiza controles y se limita a intervenir si hay un mandato de la Justicia, explicó al Qué Pasa su presidente, Gabriel Lombide.

Melo detalló que la solución sería “una ley que habilite a la Ursec a ordenar el bloqueo de las IP (número que identifica cada servidor) que transportan esas señales”. Es una solución similar a la implementada para combatir las apuestas ilegales a través de Internet (Supermatch es el único habilitado), por la que se han dado de baja 450 sitios tras el pedido de la Dirección de Loterías y Quinielas.

El procedimiento en esos casos, al ser imposible determinar al responsable de cada página, es publicar en el Diario Oficial los sitios que se darán de baja y brindar un plazo para que presenten sus descargos. Finalizada esa instancia, la Ursec comunica a las compañías telefónicas que brindan el servicio de Internet bloquear los sitios.

El presidente de CUTA sostuvo que “hay software muy sofisticados que monitorean constantemente las señales e identifican la que transporta contenido ilegal”, un sistema “ya probado en Argentina”. Agregó que “la industria está dispuesta a asumir los costos” de ese software y aseguró que “no habrá problemas para que las compañías telefónicas colaboren”.

El director de la Ursec, Nicolás Cendoya, expresó a El País a título personal que el organismo podría fiscalizar “los derechos de propiedad intelectual pero en ponderación de otros derechos”. Esto es “buscar sinergias con el sector privado para mejorar esa protección de derechos y que nos den herramientas para proteger otros derechos”.

Cendoya dijo que hay “muchas ideas que estamos empezando a dialogar informalmente” con los operadores privados, para “robotizar procedimientos y minimizar los tiempos de respuesta ante cuestiones (transmisiones ilegales) que están auditadas en su veracidad”.

La CUTA mantuvo contactos con la Dirección de Telecomunicaciones y Melo dijo que “las autoridades están preocupadas”.

El director de Ursec afirmó que podrían darse de baja las IP de servidores ilegales “siempre que una ley lo habilite y un decreto reglamentario establezca un procedimiento garantista”.

más

En Florida con 1.500 clientes

Mientras el jueves en las Jornadas de Telecomunicaciones se trataba el tema de las señales que transmiten contenidos ilegales, en Florida la Justicia desbarataba una plataforma que tenía entre “1.500 y 2.000 clientes en la capital (departamental) y una ciudad pequeña”, informó Melo, de la CUTA. El caso “da una dimensión de la importancia de este flagelo y grafica que se trata de un problema grave”, indicó. Esto se suma a la detención hace pocas semanas en Minas de los dueños de Pelispedia, uno de los servicios ilegales de películas más vistos del mundo, habiendo llegado a 44 millones de reproducciones al mes. Pese a estos casos de éxito, Melo señaló que por los tiempos de la Justicia “mientras se persigue, encuentra y castiga a uno, florecieron varios” más que hacen la misma práctica.

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