INFORME

“El nuevo gobierno de Uruguay enfrenta el desafío de reducir un gran déficit fiscal ante el bajo crecimiento. La estabilidad política es una fortaleza crediticia en medio de la volatilidad en otras partes de América Latina, pero estabilizar la carga de la deuda pondrá a prueba la capacidad de la administración para tomar medidas políticas decisivas y creíbles”, así comenzó un comunicado de la calificadora Fitch divulgado ayer tras el resultado de las elecciones.

La calificadora le da una nota a Uruguay de BBB- (el escalón mínimo dentro del grado inversor) y una perspectiva “negativa” de la misma. Por eso, sus advertencias son más relevantes ya que puede correr riesgo el grado inversor.

“La estabilidad institucional de Uruguay ha ayudado a evitar cambios drásticos en las políticas en el pasado, pero no garantiza una acción decisiva sobre los desafíos económicos, como lo demuestra cierta inercia de reforma y erosión en la credibilidad de las políticas en los últimos años”, criticó Fitch.

La calificadora afirmó que el presidente electo Luis Alberto Lacalle (Pou) "se ha comprometido a abordar los obstáculos clave para la competitividad, incluida la reducción de las tarifas de servicios públicos y la adopción de políticas salariales y laborales más flexibles. Sin embargo, si bien el Partido Nacional ha formado una coalición que le otorgará una mayoría legislativa, su composición ideológica diversa podría obstaculizar reformas ambiciosas”.

En ese sentido, Lacalle Pou dijo ayer en una entrevista con Telemundo que “está bien que nos pongan un signo de interrogación” pero que espera transformar “eso que parece negativo” en algo “positivo” con el accionar del gobierno.

Fitch recordó que en el documento que “describe sus objetivos compartidos, la coalición abandonó los planes para liberalizar las importaciones de combustible para incorporar las opiniones de más facciones de izquierda. La inclusión de Cabildo Abierto, un partido socialmente conservador, podría crear fricciones dentro de la coalición”.

Según la calificadora, “la consolidación fiscal es un desafío clave” y la deuda ha tenido “la mayor suba” en los últimos cinco años entre países que tienen la misma calificación que Uruguay.

En ese sentido, estimó que “una mejora en el déficit primario de 2,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) estabilizaría la deuda, pero esto puede requerir más de 2,5 puntos porcentuales del PIB en medidas, dadas las presiones persistentes del gasto”. Esto es un ajuste fiscal de más de US$ 1.435 millones.

“El nuevo gobierno se ha comprometido a contener el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos, pero esto podría ser difícil. Los recortes de gastos prometidos de US$ 900 millones (1,6% del PIB) han enfrentado cierto escepticismo por parte de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y pueden enfrentar desafíos de implementación”, advirtió Fitch.

Según la calificadora “parte de la agenda de crecimiento del gobierno (por ejemplo, rebajas de tarifas de servicios públicos) podrían entrar en conflicto, hasta cierto punto, con la consolidación fiscal. Los objetivos fiscales de cinco años de la administración, que se publicarán en el ejercicio presupuestario del próximo año, indicarán cómo espera equilibrar estos tradeoffs” (costo-beneficio).