INFORME

La calificadora de riesgo Moody’s evalúa los desafíos de Lacalle Pou

La calificadora de riesgo Moody’s emitió un informe sobre Uruguay, aunque no actualizó la calificación del país.

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Moody’s presentó un informe sobre Uruguay. Foto: Archivo El País.

La calificadora de riesgo Moody’s emitió a última hora del viernes un informe sobre la situación de Uruguay, que no incluye una actualización de la nota. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como algunos asesores indicaron que Moody’s ratificaba la nota de la deuda uruguaya, sin embargo eso no es así.

El propio informe de Moody’s dice en letra chica en la segunda página: “Esta publicación no anuncia una acción de calificación crediticia”. La última vez que Moody’s revisó la nota de Uruguay fue el pasado 6 de agosto, cuando le mantuvo el Baa2 (un escalón por encima del mínimo en el grado inversor) con perspectiva “estable”.

El informe de Moody’s sobre Uruguay señaló que “la administración entrante del presidente electo Luis Lacalle Pou ha presentado el borrador de un proyecto de ley general, denominado ‘ley urgente’. El proyecto de ley intenta poner en marcha la agenda de reformas de la administración”.

“El borrador cubre una amplia gama de temas, incluidas reformas en seguridad, educación, política agrícola, salud, relaciones laborales, seguridad social y política fiscal. De estas, las reformas fiscal y de relaciones laborales tienen el mayor potencial de impacto directo en el perfil crediticio de Uruguay”, agregó.

Sobre la regla fiscal propuesta en el borrador del proyecto de ley, Moody’s indicó que “en la actualidad, los detalles son limitados, ya que el borrador es breve en su descripción del marco fiscal propuesto”.

“En términos de nuestra calificación, la cuestión principal será observar los resultados fiscales bajo las nuevas reglas. Esto se complementará con el marco fiscal multianual de la nueva administración, que se presentará a mediados de 2020, y el cumplimiento de sus objetivos de consolidación”, explicó.

Advirtió que cualquier “reducción importante en el gasto resultará difícil ya que más del 80% del gasto está establecido por ley, indexado o es difícil de ajustar desde el punto de vista financiero o político”.

Sobre el tema laboral, “el borrador tiene como objetivo resolver una controversia de larga data, ya que prohíbe a los trabajadores en huelga ocupar” sus lugares de trabajo, señaló la calificadora.

Moody’s evaluó que “es demasiado pronto para determinar el impacto potencial de la ‘ley urgente’” y que “la administración entrante tendrá que mostrar esfuerzos sustanciales en la creación de consenso para ver que su agenda de reformas se arraigue”.

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