La falta de actualización

Contratos de seguros: estaban pensados para las comunicaciones de 1865.

El mercado asegurador uruguayo está regido "con una estructura y paradigma de la época de las carabelas" cuando "la ciencia del seguro ha avanzado mucho, y la industria también". La frase es del director de la División Legal del Banco de Seguros del Estado (BSE), Ariel Apotheloz. El funcionario se refiere a la necesidad de aprobar un proyecto de ley que reforma la normativa en ese mercado y que fue presentado por el gobierno en agosto de 2015.

"Estamos regidos por un código (el Código de Comercio) del año 1865. Salvo algunas leyes especiales, por ejemplo, para accidentes de trabajo, el seguro obligatorio de automotores, el seguro de transporte interdepartamental, el de granizo y algún otro caso —leyes totalmente aisladas—, seguimos con una estructura y paradigma de la época de las carabelas", planteó Apotheloz ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados.

"Estamos desnivelados, inclusive, con respecto a nuestros vecinos, quienes se rigen por leyes generales, modernas, que adecuan el contrato y lo ponen en sus justos términos. Muchas veces, regulamos un contrato y una actividad tan importante como la del seguro, simplemente por las reglas del mercado, por la contratación o por los textos de la póliza", indicó el funcionario del BSE.

Por eso "es necesario contar con una ley que nos dé claridad y transparencia en el mercado", agregó.

El director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea), Mauricio Castellanos, señaló que "lo que le pasó al Código de Comercio es que ha sido superado por el paso del tiempo. Hay cosas que no estaban reguladas porque estaba pensado para las comunicaciones de 1860; hoy estamos en otra era y en otro mundo y el sector asegurador necesita apoyarse sobre bases sólidas para enfrentar los desafíos de la era digital. La inquietud del sector asegurador es tener una buena base para proyectar el negocio hacia el futuro y, a su vez, brindar reglas claras para todos".

La Audea es la gremial que nuclea a la mayoría de las aseguradoras privadas que operan en el mercado uruguayo.

Castellanos planteó que "si se aprueba este proyecto tenemos ley de seguros para los próximos 50 o 60 años. Es obvio que, como toda ley compleja, en el futuro podrá requerir alguna modificación; tal vez, hasta nosotros mismos la propongamos".

El proyecto fue remitido a fin de agosto de 2015 e ingresó al Senado. Tuvo varios cambios (entre ellos se incorporaron los seguros agrícolas) y recién se aprobó por el Senado el 17 de abril de este año. Ahora el proyecto fue aprobado en comisión de Diputados y resta su votación en esa cámara.

Según Apotheloz "una de las cosas que marca claramente el proyecto es que la ley es de orden público, es decir, que no admite pacto en contrario. Cuando hay una relación de consumo rige y se aplica la ley de relaciones de consumos que, como ustedes saben, es muy protectora del destinatario final; permite la autonomía de la voluntad, siempre que las cláusulas sean más favorables para el asegurado, es decir, la parte económicamente más débil del contrato. En definitiva, cierra un círculo".

"Cuando este proyecto se convierta en ley protegerá al consumidor, al usuario y al asegurado; plantea automatizaciones", dijo el funcionario del BSE. "En este momento, cuando se produce un siniestro, depende del asegurador la forma de resolverlo y pagarlo, así como también la manera de estructurar el trámite de cobertura. Sin embargo, esta norma, automatizada, da plazos a los aseguradores para resolver si dan cobertura al siniestro. Si no lo hacen en un plazo establecido, se toma de manera ficta que el siniestro está cubierto. Hay plazos para pagar la indemnización. Si en ese plazo no se paga, corren intereses y reajustes del monto liquidado. Hay una serie de instrumentos que dan transparencia al mercado y, además, protección a quienes todos queremos proteger, es decir, la parte que sufrió el siniestro", agregó.

En materia de prescripción se introducen cambios en los plazos: hoy en día el plazo es de un año para todas las ramas de seguros, computable desde que las obligaciones se hicieron exigibles. Según el proyecto el plazo de prescripción pasará a ser de dos años para los seguros generales, a partir de la comunicación al asegurado de la aceptación o el rechazo del siniestro, y de cinco años en los seguros de vida, a partir del momento en que el beneficiario conoce la existencia del beneficio, aunque no se pueden exceder los cinco años contados desde el fallecimiento de la persona cuya vida se asegura.

También se modifican los límites en que las aseguradoras pueden invertir las reservas previsionales para dar un mejor calce entre las prestaciones a pagar (la renta vitalicia) y las reservas. Podrán invertir hasta un 100% en activos del gobierno central y el Banco Central (BCU).

Se regula la posibilidad de que las empresas aseguradoras establezcan bases de datos comunes "que contengan datos para la liquidación de sinies-tros y la colaboración estadístico actuarial con la finalidad de permitir la tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica asegurador" y podrán crear bases de datos para prevenir el fraude en el seguro.