POST-CORONAVIRUS

La pandemia del coronavirus toma a los países de América Latina (salvo algunas excepciones) con déficits fiscales que hacen necesario un ajuste.
Pero, como las consecuencias económicas del COVID-19 son importantes (por las medidas de paráte de actividad para prevenir la propagación del virus), los países adoptan “medidas para mitigar la situación y que sus secuelas no se alarguen en el tiempo.

Algunas de ellas van a suponer un aumento del gasto en salud y transferencias a los sectores vulnerables que, junto a la previsible caída de los ingresos, van a generar aún mayores déficits públicos”, sostiene el informe “Ideas para una mejor tributación en la post-crisis del COVID-19”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“A corto plazo, estos déficits se van a financiar con una expansión de la deuda, pero tras la fase de reactivación llegará en muchos casos la hora de la política tributaria”, afirman el Economista Líder Principal Fiscal del BID, Alberto Barreix (y uno de los integrantes de la comisión que asesoró al gobierno en 2007 en la reforma tributaria), el Líder Especialista Económico del BID, Carlos Garcimartín y el secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Marcio Verdi.

Para estos técnicos, las medidas que se adopten post-crisis “deberían guiarse por cuatro lineamientos”, que son: “fortalecer los ingresos públicos, pues habrá que volver a la senda de disciplina fiscal”, sin perjudicar “la recuperación, que a la postre es el objetivo final”, a su vez “es necesario no perder de vista la equidad; la propia crisis es regresiva, por lo que es importante evitar que la salida también lo sea” y por último “deben distinguirse de forma nítida qué medidas son transitorias y cuáles son permanentes”.

Barreix, Garcimartín y Verdi aclaran que la “posibilidad de aplicación es específica a cada país, pues no todos tendrán la misma urgencia de sostenibilidad fiscal, ya bastante comprometida, ni la misma capacidad de ampliar el espacio tributario, ni la misma fortaleza institucional”.

También son “conscientes de que los ingresos son solo un elemento de la ecuación y que también serán necesarias otras medidas dirigidas a mejorar la racionalidad, eficacia y transparencia del gasto público”.

¿Qué plantean los técnicos para países como Uruguay, que ya vienen con una situación fiscal complicada (déficit de 5% del Producto Interno Bruto en los 12 meses cerrados a febrero)?

Para empezar, el organismo señala que en lo referido a “las moratorias tributarias que se están aplicando en numerosos países” (Uruguay es uno de ellos para ciertas empresas), “es oportuno enfatizar que no deben convertirse en condonaciones, con la posible excepción (temporal) de las contribuciones a la seguridad social para retomar el empleo, sino que es importante señalar con rotundidad que son solo prórrogas pertinentes”.
Agrega que “es importante discriminar por tipo de impuesto —pues son menos deseables en aquellos casos, como el IVA, donde quien paga en última instancia es el consumidor, quien no se beneficiaría de la medida— y, por impacto y tamaño de empresa o sector (pues no todos han experimentado la crisis con la misma intensidad)”, para lo que el análisis de la evolución de las ventas puede favorecer su focalización”.

Los autores creen que “es perentorio ajustar los adelantos de renta que seguramente estén muy menguadas, pero evitar reducciones del impuesto ya que no son necesarias en todos los casos”.

“Es necesario reconocer que los pilares tributarios son un arsenal añejo, la imposición a la renta tiene más de doscientos años, la seguridad social es sesquicentenaria y el IVA va a cumplir un siglo esta década por lo que su aggiornamiento se vuelve indispensable”, aseguran Barreix, Garcimartín y Verdi.

“Una pandemia debe ser fiscalmente combatida domésticamente con la modernización de la administración (factura electrónica, modelos de riesgo, catastros digitales, etc.). Pero, sobre todo, debe redoblarse el esfuerzo de coordinación internacional generado por la crisis financiera de 2008 (intercambio de información automático, registros de beneficiario de la propiedad de acceso público, etc.) para la lucha contra la evasión y al lavado de activos, así como también contra la injusta elusión fiscal”, añaden.

En el IVA sugieren “dado su potencial recaudatorio” que puede ser “necesario aumentar su tasa, en aquellos países donde aún existe margen” (no sería el caso de Uruguay donde la tasa básica de 22% es de las más altas de la región). Por elevar la tasa, se refieren “no solo la nominal, sino también la efectiva, examinando la racionalidad de las exenciones y tasas reducidas”. Agregan que “en algunos casos, esta subida podría ser temporal, como mecanismo para financiar el aumento de gasto durante la crisis dirigido a proteger a los grupos más vulnerables”.

Los técnicos señalan que “dada la regresividad de este impuesto, es deseable” que la suba “vaya acompañada de un resarcimiento a los hogares más pobres, no mediante nuevas exenciones o tasas reducidas, sino con transferencias focalizadas que compensen por el alza del tributo (denominado IVA Personalizado)”.

Este podría ser el caso de Uruguay, que tiene una tasa mínima de 10% del IVA para productos básicos, pero quienes más se aprovechan de la misma (por mayor capacidad de consumo) son los más ricos.

Para ir hacia un IVA Personalizado “se requiere un registro fiable de beneficiarios, que genera otro importante valor añadido: el conocimiento de los grupos vulnerables que facilita la adopción de medidas de carácter social más eficaces. Inclusive, la mayor recaudación del IVA Personalizado podría financiar una reducción de las cargas a la seguridad social, fomentando el empleo”, afirman.

El informe recuerda que “Colombia ha iniciado este marzo la devolución de IVA a los más vulnerables y Brasil lo está considerando en su reforma de la tributación indirecta”.

Por otro lado, los técnicos señalan que “la necesidad de obtener ingresos hace urgente implementar el IVA (y la renta) a los bienes y servicios comercializados por vía digital” (algo que Uruguay ya hizo), porque “una de las consecuencias de las medidas de cuarentena ha sido el crecimiento del consumo vía plataformas digitales, que en algunos países aún no está gravado o, al menos, no en la medida deseable”.

Los autores se refieren también a los impuestos selectivos, que en el caso de Uruguay es el Imesi.

Sobre estos dicen que es necesario “maximizar su potencial recaudatorio, pues aún existe un amplio margen en varios países latinoamericanos. Se trata, además, en general, de impuestos que corrigen externalidades negativas, como el consumo excesivo de bebidas azucaradas, alcohol, tabaco o la contaminación por combustibles fósiles”.

Añaden que “otra posibilidad por considerar es, ante la fuerte caída del precio del petróleo y derivados, tratarla como algo transitorio, manteniendo los precios de los combustibles a los consumidores finales (o no trasladar completamente la caída) y considerar la diferencia como un diferencial a favor del Estado”.

En el caso de Uruguay, según los datos de Ancap, el 43% del precio de un litro de nafta súper corresponde al Imesi y en el caso del gasoil el 18% del precio de un litro es IVA.

En el impuesto a la renta empresarial “dada la regresividad de la crisis y la precaria situación en que van a quedar numerosas empresas, una opción sería aumentar las tasas sobre los rendimientos de capital en aquellos casos donde este impuesto está semi-dualizado, es decir, sobre las rentas “pasivas” de capital (dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, etc.)”, aseguran Barreix, Garcimartín y Verdi.

“Además, aumentar las tasas sobre las retribuciones al capital en el impuesto semi-dualizado incentivaría la reinversión en circuito empresarial”, agregan. En el caso de Uruguay, los intereses por depósitos o títulos de deuda en moneda nacional (en este último a plazos mayores a tres años) pagan 7% del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) categoría I (rentas del capital), mientras que los dividendos o utilidades abonan entre 7% y 12%.

En el impuesto a la renta personal, “sin duda existe un espacio significativo en la mayoría de los países de la región. Asimismo, convendría plantear —donde no existe— el paso a la renta (personal) mundial aprovechando el impulso internacional a la transparencia”, dicen los autores del informe.
“Por otro lado, es probable, que en algunas jurisdicciones este tributo sumado a las contribuciones a la seguridad social ejerza una presión sobre el ingreso disponible que afecte al ahorro nacional y al empleo formal”, añaden.

Si bien no lo mencionan directamente, Uruguay es una de ellas, ya que la tasa máxima de IRPF categoría II_(rentas del trabajo) llega al 36% y las contribuciones a la seguridad social personal son del 15% (la patronal es 7%) y al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) van del 3% al 8% (según si tiene hijos y/o cónyuge a cargo).

Por último, “la sobretasa COVID-19 a las retribuciones y pensiones estatales (a partir de un mínimo), debe ser una solución circunstancial. Actualizar los regímenes de remuneraciones, por ejemplo, mediante el método de ‘escala de salarios centralizada’, es más equitativo y eficiente”, aseguran.

También es una referencia válida para Uruguay, donde el gobierno promovió un tributo transitorio (por dos meses) a sueldos estatales por encima de $ 80.000 liquidos y un adicional transitorio al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) a todas las jubilaciones por encima de $ 100.000 líquidos, para financiar parte de las medidas tomadas ante el coronavirus (si bien se estima que su recaudación rondaría los US$ 20 millones y las medidas costarían US$ 400 millones).

Sobre los impuestos a la propiedad, Barreix, Garcimartín y Verdi sostienen que “es perentorio impulsar y fortalecer los que gravan los inmuebles, tanto residenciales (con un mínimo exento) como empresariales (deducible en renta), rurales y urbanos, de bajísimo rendimiento en la región”.

“Adicionalmente, —añaden— aumentarían la progresividad del sistema y la suficiencia, ya que éstos tienden a captar el valor originado en proyectos de infraestructura pública, desde la caminería a los aeropuertos. En consecuencia, es necesario fortalecer los catastros (nominativos) y con ello, la planificación territorial reafirmando su naturaleza de gravamen subnacional. Por otro lado, también es ineludible reforzar la fiscalidad sobre los vehículos. Mejoraría la progresividad del sistema y contribuiría a sufragar nuestra deteriorada infraestructura vial. Además, es administrativamente muy sencillo de recaudar”.

El informe advierte que “la aplicación del impuesto al patrimonio neto o a activos es mucho más compleja de llevar a cabo ante las dificultades de valoración de muchos bienes e intangibles y por la poca profundidad y liquidez de nuestros mercados, a diferencia de los de las naciones con mercados de capitales desarrollados”.

Además, “en una región con difícil acceso al financiamiento de largo plazo no es recomendable gravar un capital invertido, factor de producción escaso en nuestros países. Podría ser una solución transitoria ante la emergencia, pero no es buen sustituto de una imposición a la renta global y a los impuestos a la propiedad inmobiliaria bien gestionados”, indica.

Por último, “tampoco es buen sucedáneo de ambos el impuesto a las exportaciones de productos primarios, ya que afectan su competitividad, excepto en casos excepcionales cuando se generen rentas económicas, por ejemplo, una abrupta devaluación (overshooting)”, señalan los autores.

“Aprovechemos esta ocasión para construir una política tributaria más eficiente y equitativa. El distanciamiento social es una estrategia, por primera vez global y científica, en la que prevalece el derecho a la vida, en especial de los más vulnerables. Confiamos que este mismo criterio guíe la tributación tras la pandemia”, concluyen los técnicos.