El comisionado de Defensa y Promoción de la Competencia, Javier Gomensoro, dijo a El País que la normativa vigente sobre la materia "tiene algunas debilidades en materia probatoria" y tiempo atrás se inició un trabajo para la readecuación de la ley y el decreto que la reglamentó.

La Comisión —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— trabaja en este asunto con ayuda de un programa de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Los expertos internacionales vinieron ya a Uruguay y revisaron la normativa, así como también mantuvieron entrevistas con actores del sector público y privado.

Gomensoro explicó que actualmente no se pueda sancionar a las empresas "aunque se tenga la evidencia objetiva de que el mercado se comporta de manera no competitiva, con todos los participantes cobrando lo mismo o subas programadas (de precios)".

En este sentido, apuntó que un eventual acuerdo de precios entre varias compañías "puede ser legal en la medida que no haya una ley que invierta las cargas de la prueba y haga de las presunciones un elemento que permita condenar".

También se intentará sumar mejoras al programa de clemencia que ampara a aquellos que denuncian una situación irregular en el mercado.

Otro aspecto relevante planteado por Gomensoro es que la Comisión tenga "la posibilidad de autorizar o no las concentraciones económicas" en determinados sectores, aplicando permisos condicionados o revocables. Actualmente, la comisión interviene en la autorización exclusivamente cuando de la fusión de empresa deriva un monopolio de hecho.

De esta forma, se les podría exigir a las empresas que mantengan "condiciones de libre competencia" más allá de tener buena parte del mercado en su poder.

El comisionado señaló que se irán implementado las medidas que su puedan a través de decretos y las demás se agruparán en una nueva ley.

Uno de los casos que analizó la Comisión fue la variación de precios de varios artículos importados como la pasta dentífrica, en relación al costo de los mismos productos en la región. Más allá de la información aportada por el exministro de Trabajo, Eduardo Brenta no se logró reunir las pruebas necesarias como para sancionar.

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